Daniel Velázquez

Aspirantes a la coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional opinaron que no debe ser el gobierno de Estados Unidos el que diga qué políticos están involucrados en la delincuencia sino las instancias de seguridad del país.
Este miércoles, en la sesión del Grupo ACA, el también aspirante a la coordinación morenista, Rogelio Ortega Martínez, consideró que se debe “aprovechar” que el gobierno de Estados Unidos ha señalado a políticos mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico “para sanear la vida pública y dignificar la vida pública”.
Consultados por teléfono algunos de los aspirantes refutaron la postura del ex gobernador y señalaron que la defensa de la soberanía es para no permitir la intromisión de Estados Unidos en asuntos nacionales.
La senadora con licencia Beatriz Mojica opinó que la defensa de la soberanía nacional tiene que ver con que no se permita la intromisión.
“El gobierno de Estados Unidos puede hacer los señalamientos que quiera, está en su derecho, pero a México le corresponde determinar qué procede y qué no procede, de eso se trata la defensa de la soberanía nacional, porque nosotros le estamos dando resultados al pueblo de México, la presidenta todos los días está dando resultados”.
Agregó que hay un embate de Estados Unidos contra el trabajo de la presidenta “y la derecha sólo acude a Estados Unidos a pedir que intervenga porque no tienen propuestas y no tienen argumentos”.
“Es muy claro el acuerdo que tenemos con Estados Unidos, colaboración sí, intervención o subordinación no, eso sí no lo vamos a permitir, la defensa de la soberanía nacional pasa por eso”.
Mojica Morga dijo que está de acuerdo en que se hagan las revisiones a los perfiles de quienes aspiran a un cargo de elección popular. Recordó que cuando se inscribieron en el proceso interno firmaron cartas responsivas para someternos a una revisión exhaustiva a nuestros antecedentes, cuentas…” .
Por separado, el ex delegado de los programas de Bienestar, Iván Hernández Díaz, opinó que el trabajo que hacen para lograr la coordinación es justamente la defensa de la soberanía nacional “en el marco del estado de derecho mexicano”.
Opinó que si el gobierno de Estados Unidos hace señalamientos sin sustento legal se puede considerar una actitud injerencista.
Hernández Díaz opinó que es “sana y necesaria” la decisión de Morena de someter a revisión a los aspirantes a cargos de elección popular y destacó que van a ser las instancias nacionales las que se van a encargar de hacer ésta.
Precisó que no comparte la opinión de Rogelio Ortega porque “permitirle a Estados Unidos emitir opiniones sobre la política mexicana sin tener un sustento legal que la apoye hasta los mecanismos legales internacionales me parece una actitud que sí se puede clasificar como una injerencia”.
Agregó: “la defensa de la soberanía exige mucha claridad política, si bien es cierto que necesitamos cuidar al partido, que necesitamos cuidar que no se inmiscuyan personas que tengan vínculos con situaciones de riesgo, delincuencia es algo que le compete al estado mexicano. Eso lo resuelven las leyes de nuestro país. Estoy a favor de que no se cuelguen personas ligadas a la delincuencia pero de ninguna manera estaré a favor de que esos procesos se hagan fuera de la ley y mucho menos que se hagan desde otro país”.
Marcial Rodríguez Saldaña opinó que el gobierno de Estados Unidos no puede realizar señalamientos públicos sino que debe hacer uso de los canales oficiales de representación diplomática para que se hagan las investigaciones.
Dijo que no está favor de que haya políticos de ningún partido “y mucho menos en Morena” que tengan vínculos con la delincuencia organizada
Sostuvo que el estado mexicano mantiene colaboración en el combate a la delincuencia con Estados Unidos, pero con respeto a la soberanía nacional.
“Deben ser las instituciones del Estado mexicano, como el INE en coordinación con la Fiscalía General de la República, las de los estados y la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes deben de revisar que no haya candidatos a cargos de elección popular que tengan vínculos con la delincuencia organizada, que hayan realizado actos de corrupción, que tengan un patrimonio inexplicable o que hayan cometido violaciones a los derechos humanos, y no gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos”.
Rodríguez Saldaña informó que cuando acudió a registrarse como aspirante entregó un escrito mediante el cual solicitó a la Fiscalía General de la República que le informaran si había señalamientos en su contra, constancia de no inhabilitación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.