Alejandro Guerrero

Iguala

El colectivo Justicia y Verdad para Los Otros Desaparecidos de Iguala celebró el “triunfo histórico” tras la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada en el Congreso local , para la que demandaron un presupuesto necesario que garantice su aplicación, y que el nombramiento de los titulares de las comisiones de Búsqueda y de Víctimas sea mediante concursos públicos.
El colectivo que preside Adriana Bahena Cruz, celebró el hecho luego de un proceso de diálogo y construcción de más de cuatro años, del que destacan el trabajo coordinado entre los distintos colectivos el Poder Legislativo y las autoridades federales.
En un comunicado de prensa difundido anoche, destacaron el avance legislativo que “representa un compromiso renovado con los derechos humanos y un paso fundamental en la ruta hacia la justicia y la verdad para las familias de personas desaparecidas”.
Verdad y Justicia para los Otro Desaparecidos, reconoció la voluntad política de quienes han intervenido en este proceso, entre ellos la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, (Codehum).
“Valoramos este momento como una oportunidad histórica para fortalecer las instituciones y asegurar que los derechos de las víctimas sean protegidos con la dignidad que merecen”, se lee en la misiva.
Destacan que si bien la aprobación de esta ley es un logro significativo y reiteran su disposición de colaborar con el Estado en el cumplimiento de los retos que se enfrentarán a partir de la aprobación, es necesaria la suficiencia presupuestaria.
“La efectividad de cualquier ley depende de su capacidad operativa; por ello, es fundamental que el marco legal cuente con el presupuesto necesario que garantice su aplicación real y sostenida”, advierten.
Asimismo, plantean la designación de perfiles idóneos bajo principios de transparencia y apertura, y que los nombramientos de los titulares de las comisiones de Búsqueda y de Víctimas “se realice a través de concursos públicos, priorizando la experiencia, la probidad y el compromiso ético con las víctimas”.
Proponen un trabajo de colaboración constante entre el Estado y la sociedad civil para asegurar que los procesos de búsqueda e identificación humana se traduzcan en resultados concretos, para el fortalecimiento del modelo institucional y sentar las bases para alinear los protocolos con la nueva ley.
“Nuestra voluntad es que esta ley sea un instrumento vivo y funcional. Por ello, apostamos por una relación de trabajo institucional basada en el respeto y el rigor técnico, con todas y todos los colectivos del estado, asegurando que cada artículo de esta ley cumpla su propósito de salvaguardar los derechos de quienes más nos necesitan”, plantea el colectivo.