Daniel Velázquez

Los dirigentes del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, celebraron que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda manifieste que no va a pelear con los poderes Legislativo y Judicial, y coincidieron en que esa actitud permee a nivel federal.
Este miércoles, en su visita a Acapulco para la inauguración de la segunda sala de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia, la gobernadora dijo que su gobierno mantendrá “una relación de respeto absoluto e irrestricto a la autonomía de los poderes”, mantendrá comunicación, coordinación y “jamás se va a pelear con ningún poder”.
Consultados vía telefónica por separado, los dirigentes partidistas consideraron a nivel federal también debe haber respeto entre los tres poderes.
Bravo Abarca dijo: “Guerrero demanda que todos participemos y qué bueno, yo celebro la actitud de la gobernadora y bueno a nivel federal no es de pelearse, es de respetarse. Por tanto yo no diría que el gobierno federal deje de estar peleando, es respetar al Poder Judicial y al Poder Legislativo”
Agregó que el respeto entre los tres poderes ayudaría al país y ayudará al estado: “Para que seamos realmente una República se tiene que hablar de los tres poderes y respetar la independencia de cada uno de ellos y entenderse en el marco de la ley permanentemente”.
Alberto Catalán opinó que lo dicho por Salgado Pineda es “una postura inteligente, correcta, ella debe generar esa armonía y ese respeto entre los poderes públicos, es algo bueno, e insisto, muy inteligente que la gobernadora tenga esa concepción de lo que representa cada poder, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial”.
Añadió que la actitud de la gobernadora debiera permear en todos los ámbitos y en todos los espacios públicos. Señaló que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador arremete contra el Legislativo y tiene discrepancias con el Poder Judicial: “esa actitud no abona a que haya gobernabilidad, a que haya cordialidad entre los tres poderes y que haya sincronía en acciones”.

Lamentable, el espionaje a movimientos sociales

Este miércoles se conoció mediante las filtraciones del grupo Guacamaya, de acuerdo con documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que el Ejército mantiene el espionaje hacia de movimientos sociales, políticos y delictivos, los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
El dirigente del PRD Alberto Catalán opinó, “es lamentable que el Ejército esté haciendo funciones que no le corresponden en diferentes ámbitos. Este tema del espionaje es muy lamentable, sobre todo en estas circunstancias en las que vive el país, la inseguridad ha rebasado y está por encima de cualquier estrategia que ha querido implementar el presidente de la República, lamentamos mucho que sigan utilizando estas viejas prácticas de las que ellos en algún momento se quejaron de que fueron víctimas”.
Agregó que con el gobierno de Morena el Ejército se ha dedicado a otras funciones como la construcción puso como ejemplo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en tanto la estrategia de inseguridad no ha funcionado.
Por separado, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo opinó “siempre el espionaje injustificado será condenado, quien sea, sea el Ejército, sea otra corporación, otra dependencia del gobierno, por supuesto que no es correcto, es condenable”.
El senador del PRI Manuel Añorve señaló “el Ejército tiene que dar postura en base a esto, no ha dicho nada, es el Ejército el que tiene que dar una postura si esas filtraciones son reales o no y por qué se hacen a actores políticos, sociales, el Ejército tiene que dar postura”.
Agregó que “es muy delicado” lo que se conoció mediante el grupo Guacamaya que se de seguimiento a los luchadores sociales del estado y del país.
En un boletín de prensa, el integrante de la Coordinadora Nacional Ciudadana de Movimiento Ciudadano Ramiro Solorio Almazán, señaló que el espionaje del Ejército hacia activistas y luchadores sociales es ilegal. “Esta situación criminaliza a las y los defensores de derechos humanos, periodistas y activistas. No existe justificación para el hostigamiento, acoso y violación de privacidad y espionaje de todas las personas afectadas” y que el presidente de la República al reconocerlo incurre en responsabilidad de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución.