Aunque por segundo año consecutivo el presupuesto de comunicación social del gobierno del estado estará bajo el control de la Dirección General de Comunicación Social, el monto total del mismo no aparece desglosado de modo que el público no sabe ni la cantidad total que se aplicará a ese estratégico concepto, ni la dependencia que manejará los recursos.
Tal se desprende del decreto del presupuesto de egresos del Ejecutivo que, entre otras opacidades, no hace ninguna referencia a los medios impresos –como si no existieran– y establece restricciones no sólo para las dependencias de la administración central, sino incluso para los poderes Judicial y Legislativo, que se supone son autónomos.
Así por ejemplo, en el decreto se “autoriza” a dependencias del Ejecutivo, al Congreso del Estado y al Tribunal Superior de Justicia a contratar espacios en medios de comunicación para la difusión de sus actividades sólo si “la naturaleza de sus funciones” así lo demanda o porque “requieran horarios y audiencias específicos o por la falta de disponibilidad de los tiempos de transmisión asignados en los medios de difusión estatales”.
Así por ejemplo, el artículo 39 del decreto oficial indica que “en ningún caso podrán utilizarse recursos presupuestarios con fines de promoción de la imagen institucional, excepto en aquellas instituciones que por la naturaleza de sus funciones así lo requieran”, sin mayores precisiones sobre esto último.
También, como ocurre ya en el nivel federal y en varios estados de la república, se prohíbe el uso de recursos públicos para la promoción de “la imagen personal de los servidores públicos”.
El decreto aprobado la semana pasada por el Congreso del Estado, una copia del cual tiene El Sur, plantea sin aclarar que los programas de comunicación social de las dependencias y organismos públicos descentralizados que manejan recursos para este rubro “deberán ser autorizados por la Dirección General de Comunicación Social en los términos de las disposiciones generales que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado”.
La Dirección General de Comunicación Social depende directamente del gobernador del estado, aunque en el organigrama se ubique como un área de la Secretaría General de Gobierno.
El mismo artículo mencionado indica que para la difusión de actividades en medios públicos y privados, las dependencias gubernamentales sólo podrán contratar espacios a tarifas comerciales debidamente acreditadas y bajo órdenes de compra –de inserción, se les llama en el gremio–donde se especifique el concepto, destinatarios del mensaje y pautas de difusión en medios electrónicos, así como la cobertura y circulación certificada del medio de comunicación, aunque no se menciona a los periódicos.
El monto que ejercerá el Ejecutivo para el estratratégico rubro de comunicación social no viene desglosado en el presupuesto de egresos del gobierno del estado, por lo que se desconoce la cifra.
En el presupuesto del año pasado aparentemente se ejercieron 72 millones de pesos.