José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Diputados de Morena presentaron tres iniciativas para que la realización de los matrimonios infantiles se persigan de oficio por las autoridades, se aumenten las penas y se eliminen del Código Civil estatal cualquier artículo que permita el matrimonio entre menores.
Fueron las diputadas Glafira Meraza Prudente, Citlali Calixto Jiménez y el diputado Carlos Eduardo Bello Solano, quienes por separado presentaron sus iniciativas para fortalecer el marco legal de prohibición a los matrimonios infantiles forzados.
Las legisladoras recordaron los últimos dos casos de matrimonios infantiles que se dieron a conocer en Guerrero, el primero en la comunidad de Huamuchitos, zona rural de Acapulco, y el segundo en el municipio de Tlacoachistlahuaca.
Ante estos hechos, la diputada Meraza Prudente propuso una reforma al artículo 177 Bis del Código Penal estatal para que el delito de convivencia forzada con una persona menor de edad sea perseguido de oficio y no sólo mediante denuncia.
“¿Cómo esperamos que una niña, aterrorizada, coaccionada por su propia familia o comunidad, dependiente económicamente y sin conocer sus derechos, se atreva a denunciar? La protección de nuestros menores debe ser una responsabilidad activa del estado y no puede depender de la valentía sobrehumana de una víctima indefensa”, dijo Meraza Prudente en tribuna.
La legisladora señaló que México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en matrimonios infantiles, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y  que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), adolescentes indígenas ya viven en unión libre o casados.
La iniciativa propone reformar el artículo 177 Bis del Código Penal para el estado de Guerrero para que el delito de convivencia forzada de menores sea perseguido de oficio por el Ministerio Público, “para cerrar brechas en el acceso a la justicia, especialmente en comunidades donde las víctimas no pueden o no se atreven a denunciar, permitiendo que las autoridades actúen sin necesidad de una denuncia previa”.
Por su parte, Calixto Jiménez respaldó la propuesta al señalar que “hay un interés legítimo” de reforzar el marco legal para prohibir “sin excusas” la unión entre personas menores de edad.
Calixto Jiménez consideró que el problema es que actualmente el Código Penal estatal deja un vacío legal al permitir la convivencia entre menores si hay consentimiento mutuo.
“Mientras el Código Penal estatal no prohíba asumir una vida similar al matrimonio por mutuo acuerdo, abre la puerta para que personas adultas puedan impulsar este tipo de uniones, para recibir a cambio bienes o dinero en efectivo”.
Con la reforma al artículo 177 bis, que propone Calixto Jiménez, se incluye que será responsable del delito de cohabitación forzada quien “coaccione, obligue, induzca, gestione u oferte a unirse informal con o sin su consentimiento, a una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, con alguien de su misma condición o con otra persona mayor de 18 años de edad, con el fin de convivir en una relación constante, equiparable al matrimonio”.
La propuesta sobre el mismo tema del también morenista Eduardo Bello Solano busca eliminar del Código Civil todas las disposiciones que mencionen el consentimiento de padres o tutores para que menores contraigan matrimonio, así como la figura de emancipación derivada del mismo.
Bello Solano aseguró que “se debe dar un paso más firme para que el delito de convivencia forzada se persiga de oficio y no a petición de parte”.
“La ley debe ser un instrumento para proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismas o sí mismos. No podemos seguir permitiendo que por falta de denuncia se mantenga la impunidad”, expuso el diputado.
Las tres iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

Uso de lenguaje incluyente y no sexista en la Ley Orgánica del Poder Legislativo

El pleno del Congreso del Estado de Guerrero, aprobó por unanimidad de 31 diputados la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guerrero, que avala el uso de un lenguaje incluyente y no sexista.
Durante la sesión ordinaria de este martes, se dio lectura al dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, para incluir en la redacción de la Ley Orgánica el lenguaje incluyente.El objetivo de la propuesta, de acuerdo con la diputada, Citlali Calixto Jiménez, quien fundamentó el dictamen como presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, “es una vía para desmantelar desigualdades y asimetrías de poder”.
“El lenguaje inclusivo no pretende ser correcto, todo lo contrario, pretende cambiar la realidad, desafiarla y transformarla. Busca poner en entredicho uno de los productos del patriarcado, en la misma manera en la que muchas normas jurídicas han venido modificándose para dejar de ser discriminatorias”.
“Si el lenguaje inclusivo incomoda, es porque nos confronta con nuestro propio sexismo nos obliga a cuestionar el mundo tal y como lo conocemos y nos obliga a ver lo que siempre ha sido invisible… el lenguaje incluyente no es formal, es adecuado y necesario, porque lo que no se visibiliza, no existe”, agregó la legisladora.
Otra reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso, aprobada por los diputados, también por unanimidad, fue una en la que se establece que los diputados tengan que rendir un informe de labores ante sus representantes, y no solo ante la Mesa Directiva, como estaba planteado anteriormente.