Juan Luis Altamirano

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio la razón a la alcaldesa de Acapulco con licencia, Abelina López Rodríguez, al sentenciar que la fiscalización de los recursos corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y no a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.
Por unanimidad de votos, la Corte declaro la invalidez del Informe Individual de Auditoría derivado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2023 del Municipio de Acapulco de Juárez, relativo a la auditoría 2023-C-CIF-01-002-2024, así como el Oficio ASE-1380-2025, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE), que detectó irregularidades por 898 millones de pesos de recursos federales en la administración de López Rodríguez.
Durante la presentación del proyecto, el ministro ponente Arístides Rodrigo Guerrero García señaló que el sentido de la sentencia no exime que no se realicen fiscalizaciones respecto a los recursos, sino que es un asunto de competencias y de las autoridades encargadas de la misma.
El ministro ponente aceptó las modificaciones señaladas para la controversia constitucional 174/2025, en relación con el caso de Acapulco, en el cual el ministro presidente Hugo Aguilar Ortíz solicitó el análisis de unos párrafos de la sentencia debido a que no aportaban al proyecto, además que se interpretaba que la misma Corte solicitaba la Auditoría, lo cual no estaba en sus facultades.
La resolución de la Corte se basa en los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales se establece que la Auditoría Superior de la Federación es la única con facultades para la revisión del ejercicio de recursos municipales que provengan de la Federación.
El ministro Irving Espinosa Betanzo consideró en su voto que la Auditoría Superior del Estado carece de competencia para revisar los Fondos de Aportaciones Municipales en cuestión, lo cual no es un impedimento para su revisión por la autoridad que resulte competente.
“La invalidez de los actos impugnados en la presente controversia, no debe interpretarse como un impedimento para que las autoridades competentes continúen ejerciendo sus actividades de control y de investigación y determinación de responsabilidades” dijo.
Añadió que el proyecto determina que la Auditoría estatal carece de competencias para la revisión de los fondos, lo cual también no busca prejuzgar si existen o no irregularidades en los recursos.
El ministro Espinosa enfatizó que el proyecto se debe entender como una falta de competencia y no una limitación para revisar las potenciales irregularidades, tampoco impide que las autoridades que si tengan atribuciones lo hagan.
“La invalidez de una auditoría iniciada por una autoridad incompetente, no excluye de una posibilidad de que se investiguen hechos potencialmente irregulares por las autoridades facultadas para ello” señaló.
En su explicación del sentido del proyecto, la ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que desde su perspectiva se considera innecesario revisar un convenio de colaboración entre ambos órganos, pues hay habilitación insuficiente de la Auditoría.
“Un convenio de colaboración no puede ampliar, restringir o redistribuir atribuciones constitucionales entre los órganos del Estado” dijo.
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortíz enfatizó en lo referente al convenio de colaboración, pues preciso que el mismo comenzó en abril del año anterior., pero el proceso de auditoría arrancó en marzo de 2025.

El conflicto: la interpretación política

La controversia constitucional solicitada ante la Corte, por la hoy alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, fue después de que la Auditoría estatal informó de presuntas irregularidades por 898 millones de pesos en la Cuenta Pública 2023 del ayuntamiento de Acapulco, en lo referente al uso de recursos federales.
La ASE demandó ante el Congreso iniciar un juicio político conta la alcaldesa, que derivara en la separación de su cargo, tras su negativa a aclarar ante la Auditoría estatal el manejo de esos recursos. La alcaldesa argumentó que era ante la Auditoría federal, y no la estatal, a la cual debería informar.
La alcaldesa señaló desde entonces que había una intención política en el señalamiento, y en diversas indirectas, se refería al senador Félix Salgado Macedonio como quien estaba detrás de ese proceso, con el propósito de dejarla fuera de la competencia por la candidatura de Morena a la gubernatura del estado en las elecciones de 2027.