Distinto a la Fiscalía General del Estado, donde se estima una eficiencia del 5.6 por ciento en la aplicación del Sistema Penal Acusatorio a un año de su implementación, en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el 70 por ciento de los casos concluidos en primera instancia tuvieron sentencias condenatorias.
El presidente del TSJ, Alberto López Celis, reconoció que los casos “se están judicializando poco a poco”, y que el Poder Judicial tiene resultados importantes, al final del festejo oficial del Día del Abogado que se realizó ayer en Casa Guerrero.
Consultado sobre la efectividad del Sistema Penal Acusatorio, opinó que en función de que todos los implicados en la impartición de justicia, Fiscalía, TSJ, Atención a Víctimas y Secretaría de Seguridad Pública, hagan mejor su labor, “los resultados serán mucho mejores”.
Sin números, en una entrevista de pasillo, afirmó que de los asuntos que llegan a resolución en el TSJ, en el 70 por ciento se emiten sentencias de condena y 30 por ciento son sentencias de libertad.
El 6 de julio, El Sur dio a conocer los indicadores del nuevo Sistema Penal Acusatorio, de la Fiscalía General del Estado: la integración de 13 mil 859 carpetas de investigación de junio de 2016 a mayo de 2017, de las cuales 214 fueron judicializadas, 188 llegaron a vinculación de proceso y 37 alcanzaron sentencia condenatoria.
Según la Constitución, la FGE tiene el monopolio de la acción penal, la investigación y la integración de las carpetas de investigación, respetando los derechos humanos de las víctimas y de los imputados; el poder judicial tiene a su cargo el control judicial de la acusación revisando el trabajo que haya hecho la fiscalía no viole derechos de debido proceso o de defensa adecuada de los imputados o los derechos de las víctimas.
López Celis señaló que un cuestionamiento del Sistema Penal Acusatorio se debe a la figura de prisión preventiva que los legisladores en el Congreso de la Unión tiene que ir ajustado “y creo que la eficacia va a ser en razón de que el sistema se vaya perfeccionando”.
Por ejemplo, indicó que “lo referente al armamento (portación de arma) no amerita prisión preventiva, y es un asunto que seguramente tendrán revisar los legisladores y nosotros (jueces y magistrados) estaremos prestos a ajustarnos a los ordenamientos legales”.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en concordancia con el Pacto de San José y otros tratados internacionales, la prisión preventiva debe ser excepcional porque violenta principio de presunción de inocencia, y los inculpados pagan cárcel sin que exista una condena.
En este tenor, confirmó que tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) muchas personas saldrán de prisión en Guerrero, como también lo advirtió el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en la capital del país, donde se estima que cerca de 4 mil personas abandonarán los penales.
Indicó que es una resolución de la corte “que de alguna manera da pautas para que algunas personas puedan obtener su libertad, al establecer cuáles delitos pudieran acreditar prisión preventiva. Va a generar libertades que tenemos que manejar”.
Sobre la propuesta de la Conferencia Nacional de Gobernadores para imponer a prisión preventiva oficiosa en la regulación de armas de fuego, dijo que es un tema que revisará en el Congreso de la Unión, “tendrá que sesionar y nosotros ajustarnos a lo que dice la ley”.