Participan autoridades de los tres ámbitos de gobierno. Servirán para atender inmediatamente las necesidades del área rural. Aporta el gobierno federal más de 185 millones de pesos

 Karina Contreras Autoridades federales, estatales y municipales firmaron un convenio para la municipalización de los recursos Alianza para el Campo, en su rubro del programa Desarrollo Rural, para que sean los propios municipios los que apliquen los recursos para atender inmediatamente las necesidades de ese sector.

De acuerdo al convenio, la Federación aportará más de 185 millones que vendrían siendo el 75 por ciento del total; mientras a cada municipio le tocará aportar el 25 por ciento restante. Los recursos serán manejados por el Consejo de Desarrollo Rural de cada municipio, el cual está integrado por productores y servidores públicos, quienes serán los que definan cuáles son las prioridades a atender, y así aplicar los presupuestos asignados a cada uno.

El convenio fue firmado en el salón Záfiro del hotel Fiesta Americana por el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca Boone; el alcalde Alberto López Rosas; el delegado de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Velarde García, así como representantes de municipios de la Costa Chica.

El secretario de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca Boone, informó que el estado es la primera entidad en la que se municipaliza el programa de desarrollo rural y esos los congratula. Explicó que la firma del convenio con los municipios de Acapulco y Costa Chica ayudará al desarrollo del campo guerrerense.

Manifestó que la municipalización de los recursos de la Alianza, indica que van a transferir a cada municipio del estado una cantidad de recursos de acuerdo a ciertos criterios. Ejemplificó que el municipio más pequeño recibirá alrededor un millón 200 mil pesos para atender los programas de apoyo a los campesinos; mientras el más grande estará recibiendo 3 millones 500 mil pesos.

Precisó que ésta es la primera vez que se municipalizan los recursos y para lo cual, según Popoca, están bien preparados, pues desde hace tres años estaban en un proceso de municipalización.

Popoca Boone dijo que es muy satisfactorio que el gobierno federal haya adoptado el esquema de Guerrero para implementarlo a nivel nacional, toda vez que el proceso de municipalización en el estado está sumamente acabado y es profesional.

Explicó que la asignación de los recursos a cada municipio no se da a libre criterio del gobernador,                     del secretario de Desarrollo Rural o del delegado de la Sagarpa, si no mediante una fórmula, por medio de la cual se ponderan varios factores, entre los que están, el tamaño del municipio, su extensión productiva, el número de productores rurales, el valor de la producción agropecuaria y el índice de marginación, todo estos elementos ayudan a asignar los recursos con mayor equidad.

Popoca Boone mencionó que para que no queden los recursos al libre albedrío de los presidentes municipales –de acuerdo a la ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable–, se define que en cada municipio deben establecerse los consejos de Desarrollo Rural Municipal, los cuales van a definir las prioridades a atender y aplicar los presupuestos asignados a cada municipio.

Señaló que los recursos se aplicarán en el momento que cada ayuntamiento haga su depósito correspondiente al fideicomiso de la Alianza. Manifestó que para Acapulco son cerca de 3.5 millones de pesos, de los cuales                     1.1 millón aportara el municipio y el 2.4 el programa Alianza para el Campo.

Por su parte, el delegado de Sagarpa, Francisco Velarde García, dijo que la firma de convenio es muy importante, pues con esto el propio municipio definirá sus prioridades en el campo, y con los recursos de otras dependencias resolver sus múltiples problemas.

Manifestó que los recursos asignados por la federación son alrededor de 185 millones de pesos, además de una cantidad adicional para el ejercicio de la municipalización.

Aseguró Velarde García que se cuidará que los recursos no sean utilizados en procesos electorales, y que habrá un seguimiento de su aplicación por medio de la Secretaría de la Función Pública.