“Esos temas no sólo se deben mencionar, sino reabrir para hacer justicia”, señala Norma Mesino. Si de verdad cita la masacre como un acto de injusticia y de represión, que proceda con encarcelar a Zedillo y al ex gobernador Figueroa, se indemnice a las víctimas y se libere a Antonio Barragán, uno de los sobrevivientes, demanda la dirigenta
Mayo 03, 2025
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, declaró que no es legítimo que la presidenta de la República Claudia Sheinbaum tome sólo como referencia la masacre del vado de Aguas Blancas, “y no como un asunto de terminar con la impunidad”.
Por medio de un video, Sheinbaum Pardo se refirió en su conferencia matutina de este viernes, a la masacre de Aguas Blancas ocurrida el 28 de junio de 1995 en Coyuca de Benítez, y la de El Charco, municipio de Ayutla, el 7 de junio de 1998, como parte de las represiones durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo.
La mención de ambas masacres en Guerrero, se hizo en medio de la disputa política que surgió esta semana entre la presidenta morenista y el ex presidente priista.
Consultada por teléfono, la dirigente de la OCSS, agrupación a la que pertenecían los 17 campesinos masacrados en el Vado de Aguas Blancas, consideró que no es legítimo que hoy la presidenta tome sólo como “referencia” la masacre de Aguas Blancas y no como un asunto de terminar con la impunidad”.
Criticó que no haya un compromiso que lleve al castigo del ex presidente Zedillo “y a todos los responsables, como al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, contra quienes debe haber una investigación expedita”.
Dijo que Aguas Blancas sigue siendo un caso impune; “un archivo olvidado, como muchos casos de compañeros miembros de la OCSS que hemos sobrevivido a gobiernos represivos, y, lo peor, todavía ahora en este gobierno de la Cuarta Transformación”.
Citó el caso del sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, Antonio Barragán Carrasco, preso desde el 2001, víctima de torturas, perseguido y encarcelado en el penal de Atlacholoaya, Morelos, por Genaro García Luna “y el gobierno de la Cuarta Transformación no lo haya puesto en libertad”.
Para la líder de la OCSS, el caso de la masacre de Aguas Blancas se mencionó no como un compromiso de acabar con la impunidad, sino “como una cuestión de cobertura política” pues se mencionó sólo como referencia “y así no vale, porque esos temas no sólo se deben de mencionar, sino reabrir para hacer justicia”.
Mesino exigió a la presidenta que haga justicia “e indemnice a los que sobreviven de esa masacre, porque muchos ya murieron, pero algunos sobreviven mutilados”.
Además, pidió que como un acto de justicia ponga en libertad a Barragán Carrasco “y no solamente exponga el caso de Aguas Blancas para cubrir una forma de decir: ‘esto hicieron los gobiernos pasados’, ¿pero y qué han hecho los gobiernos de hoy?”, cuestionó la líder.
Añadió que es lamentable que la presidenta de la República use políticamente el caso por su conflicto con el ex presidente y no se comprometa en serio a terminar con la impunidad en el caso.
Insistió que si de verdad ve como un acto de injusticia y de represión la masacre, que proceda con el encarcelamiento de Ernesto Zedillo y del ex gobernador Rubén Figueroa.
Dijo que lo criticable es que todavía en este gobierno se sigue asesinado a los defensores sociales, como a Marco Antonio Suástegui, “al que la OCSS se suma a la demanda de justicia porque también tenemos casos impunes, como la masacre de Aguas Blancas y los asesinatos de Rocío y Miguel Ángel Mesino, así como el de Ranferi Hernández Acevedo y muchos otros asesinatos de compañeros que han quedado en la impunidad”.
Insistió que si la presidenta quiere acabar con la impunidad de estos casos que empiece por el castigo al ex presidente Ernesto Zedillo y a todos los responsables, como al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer.
“Son 30 años a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo una recomendación, igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no ha habido ningún avance”.