El secretario General de Gobierno Armando Chavarría Barrera, propuso ayer al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo rectificar su política de comunicación social, reconoció que, no obstante que la Dirección General de esa área depende de su Secretaría, ésta se maneja de manera autónoma y adelantó que planteará al gobernador que termine el boicot publicitario que se … Continúa leyendo Debe cambiar la política de comunicación social, acepta Chavarría ante diputados
Hugo Pacheco LeónChilpancingo
Mayo 23, 2006
El secretario General de Gobierno Armando Chavarría Barrera, propuso ayer al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo rectificar su política de comunicación social, reconoció que, no obstante que la Dirección General de esa área depende de su Secretaría, ésta se maneja de manera autónoma y adelantó que planteará al gobernador que termine el boicot publicitario que se impuso a El Sur.
En su comparecencia ante comisiones de diputados locales, el funcionario se comprometió además a pedir a César Bajos Valverde, el titular del ramo que también lo fue del gobierno priísta de René Juárez Cisneros, que entregue al Congreso local detalles de la política de asignación de convenios de publicidad, de cómo se pagó la deuda a medios de comunicación que dejó el gobierno anterior y sobre la partida de la que el gobernador sacó recursos para los monederos electrónicos que entregó a reporteros en diciembre pasado como gratificación de Navidad y Año Nuevo.
Plantearon el tema de la política de comunicación social los diputados Ramiro Solorio y Wulfrano Salgado del PRD; Fermín Alvarado Arroyo del PRI; y Jéssica García del PAN, quienes además de criticarla exigieron la información que se comprometió a dar el secretario de Gobierno.
Chavarría respondió que en su informe se explica que la deuda del gobierno pasado en gastos de comunicación fue de 9 millones de pesos, pero señaló que si los diputados querían saber cuánto se le debía “a zutano y merengano”, no conocía el monto y el recurso del que “no hay mucha claridad, aunque sé que se ejercieron 10 millones de pesos mensuales (en el periodo de gobierno de René Juárez Cisneros de enero a marzo del 2005)”.
Chavarría también pidió respeto y silencio a diputados que empezaron cuchichear entre sí, luego dijo: “Con franqueza diría que no me acompañó César Bajos Valverde –director general de Comunicación Social–, (quien) si bien es cierto depende de la Secretaría General de Gobierno, en la realidad no es así porque actúa con autonomía, aunque con eso diría que no me interesa tapar cosas, pero es una instancia con autonomía”.
Luego hizo el compromiso público de enviar a los diputados información sobre los de convenios firmados: “Será una exigencia mía requerir la información para que se conozca la asignación de convenios y el monto de los monederos electrónicos, en este momento no lo sé, es un asunto que no lo conozco, exigiré la información para dárselas”.
A la pregunta del perredista Wulfrano Salgado de por qué se le suspendió el convenio de publicidad a El Sur –del que dijo que es un periódico “que nos ha acompañado en nuestra lucha por la democracia”–, Chavarría respondió que esa interrogante también se la hizo a César Bajos, quien le explicó primero que la asignación de convenios las hace bajo criterios de un estudio de impacto, penetración, circulación y costos.
Luego César Bajos le dio a conocer que en el caso de El Sur “no hubo una cancelación del convenio, sino una suspensión en función de que (allí) se ventilan públicamente conflictos laborales de la empresa con particulares y se trató de involucrar al gobierno del estado, y se decidió suspenderlo en tanto no haya una resolución judicial”.
Chavarría añadió que no obstante la suspensión del convenio de publicidad, a El Sur “se le está enviado publicidad como es la convocatoria de ingreso a la normal de Ayotzinapa, o la convocatoria al diálogo con los opositores a la presa La Parota. Esa es la información de la que yo dispongo de la suspensión del convenio”.
Pero acotó: “Sin embargo con responsabilidad, de manera personal no consideré que fuera una medida adecuada y conveniente la suspensión del convenio a El Sur y creo que la medida asumida por César Bajos deberá ser revalorada por el gobernador Zeferino Torreblanca y yo se lo voy a plantear”.
Por su parte, el diputado del PRI, Fermín Alvarado Arroyo criticó la política de comunicación que, dijo, es “de culto a la personalidad” de Zeferino Torreblanca, y mostró a Chavarría las planas de los periódicos donde se publican fotografías de sus giras. Además aseguró que la radio estatal Soy Guerrero no cumple con la ley porque no le agrega a esa denominación la terminación Radio y Televisión de Guerrero.
“Hay un gobernador que viola la ley, desprecia a los medios de comunicación y a los derechos humanos”, resaltó Alvarado y se solidarizó con Chavarría, “porque mientras el gobernador siga gobernando solo, gobernará mal”, en referencia a que el director de Comunicación Social responde a los dictados de Zeferino Torreblanca y no a una política de medios regulada por la Secretaría General de Gobierno.
Hubo entonces risas de los diputados priístas, y el presidente de la Comisión de Gobierno, el perredista Carlos Reyes, pidió silencio y amagó con declarar un receso si no guardaban compostura.
Ante lo dicho por Fermín Alvarado Chavarría aceptó que la presencia del gobernador en los medios se asemeja a lo que sucedía en los gobiernos anteriores, pero que la misma ha disminuido.