La presidenta municipal de Mártir de Cuilapan (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, informó que las autoridades locales no han acatado el fallo a su favor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), por lo que espera la llegada de Policía Federal para su resguardo personal y posiblemente para que la reinstale en el ayuntamiento, que aún está tomado por sus opositores.
En declaraciones ayer en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), donde fue citada para declarar junto con sus testigos por la denuncia presentada tras las agresiones en su contra desde marzo pasado, comentó que a casi dos meses del fallo de la Sala Superior del Trife, su situación continúa igual.
La alcaldesa de Movimiento Ciudadano (MC) comentó que ya informó al tribunal federal que las autoridades del estado no han acatado la resolución en la que se acredita la violencia política de género en su contra y ordena que la rinstalen en el ayuntamiento que está tomado desde marzo por sus opositores.
Dijo que “apenas avisamos” y está en espera de lo que el Trife le responda, a casi dos meses de que el tribunal dictaminara que en Mártir de Cuilapan se comete violencia política y de género en su contra.
Comentó que los dos meses se cumplen el próximo lunes 19 de diciembre y sólo la han atendido la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional Electoral (INE), que le informaron del envío de policías federales para su resguardo personal o para reinstalarla en el ayuntamiento de Apango.
En su fallo el Trife pidió la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, del Congreso local, la Secretaría General de Gobierno, la de Seguridad Pública, el Instituto Electoral y de Participación ciudadana (IEPC) y la Fiscalía General del Estado, pero ninguna está interviniendo en acatamiento a la orden judicial.
La presidenta municipal reprochó que el organismo de defensa de los derechos humanos hasta ahora esté atendiendo su caso, ya que la denuncia por la que llamaron a declarar a sus testigos fue presentada tras las primeras agresiones en su contra en marzo y abril.
Comentó que la denuncia fue por la toma del ayuntamiento y los actos violentos en el municipio, como la incursión y saqueo en sus casas y la quema de vehículos.
Apenas ayer la Codehum llamó a los testigos de la presidenta municipal; “están llamando a declarar a los testigos de un juicio que ya está juzgado por el tribunal”, dijo.
Durante la estancia de la presidenta municipal en la Codehum, afuera estuvo la patrulla de la policía estatal que la resguarda y los uniformados distribuidos en algunos puntos, principalmente en las entradas del edificio.