Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Las reformas en materia de candidaturas indígenas y afromexicanas aprobadas por el Congreso local el pasado 8 de junio no incluyen decenas de propuestas planteadas por ambas poblaciones en la consulta, por lo que éstas se regirán con las mismas reglas que el proceso electoral pasado.
La 62 legislatura aprobó reformas en materia de candidaturas indígenas sin realizar una consulta adecuada, por lo que diputados locales de Morena promovieron juicios de inconstitucionalidad que derivaron en la invalidación de estas modificaciones y se ordenó al Poder Legislativo de Guerrero realizar una consulta y reponer la legislación a partir de los resultados.
Sin embargo, en la consulta hecha por el Congreso a través del IEPC, se preguntó si están de acuerdo con las reformas que la Corte invalidó por falta de consulta, y a pesar de que hubo decenas de propuestas más, los diputados sólo confirmaron los textos aprobados desde 2020.
A pesar de que el IEPC realizó la consulta a pueblos originarios y afromexicanos en aproximadamente dos meses, en el informe de los resultados enviados al Congreso local sí se incluyeron las decenas de propuestas que son las principales demandas de estas poblaciones.
Por ejemplo, una de las principales propuestas que fue reiterada en las asambleas, de acuerdo al informe aprobado por el órgano electoral demandas, como manera de blindar que los candidatos que postulen los partidos tengan reconocimiento y aval de sus poblaciones, se planteó en esta consulta que, la asamblea comunitaria es la máxima autoridad para emitir las constancias de autoadscripción o vínculo comunitario.
Sin embargo, en la reforma aprobada por el Congreso local se faculta al comisario ejidal, comisario o el presidente municipal para expedir constancias de adscripción de manera unilateral sin que la asamblea conozca ni lo apruebe.
Es decir que en el proceso electoral que está por iniciar en septiembre próximo esta regla aplicará nuevamente, bastará con que alguna de estas autoridades emita una constancia a quien se autoadscriba como indígena para que algún partido político lo pueda postular bajo este principio.
En esta reforma, solo se limitó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y a la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos para que no puedan emitir estas constancias.
Otra de las principales opiniones incluidas en el informe es que “en la Ley debe establecerse la obligación de que se postulen personas indígenas, no a personas de origen indígenas”, y esto también pasaría porque la asamblea comunitaria reconociera o no a estas personas como indígenas y que formen parte de su comunidad.
Se propuso que el porcentaje para determinar si en el municipio se deben registrar candidaturas indígenas o afromexicanas, sea el tener un porcentaje del 30 y no del 40 por ciento, pero este planteamiento ni siquiera se discutió por los diputados a la hora de dictaminar en la Comisión de Justicia ni en el pleno, y quedó como ya se contemplaba que deben tener el 40.
También se planteó que los cargos de presidencia, sindicatura y regidurías, se reserven la mitad para indígenas, considerando la paridad de género, y “en menor medida” se solicitó la posibilidad que puedan reservarse más del 50 por ciento de cargos para estas poblaciones.
Se plantearon especificaciones por municipios como el caso de Juchitán y Azoyú, donde existe población indígena y afromexicana, para que se pueda tener un registro o espacios para ambas poblaciones, sin que se afecte el derecho de representación que tiene cada sector, pero tampoco se incluyó.
En el informe de los resultados de la consulta enviado por el IEPC al Congreso se plantea que las constancias emitidas por las autoridades comunitarias deberán tener la validación o aprobación de la asamblea, “para evitar que pueda darse una constancia a quienes no cumplan con los requisitos internos de la comunidad”.
Estos son haber prestado servicio comunitario, ocupado cargos civiles, agrarios o tradicionales, trabajo colectivo en beneficio de la comunidad o participar en diversos comités y comisiones que existen en las comunidades indígenas y afromexicanas”.
Y lo que se aprobó por el pleno establece que los requisitos son “haber prestado servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en la comunidad o distrito; haber participado en reuniones de trabajo tendientes a mejorar instituciones tradicionales o resolver los conflictos que se hayan presentado en torno a ellas, dentro de la población, comunidad o distrito; haber sido representante de alguna comunidad o asociación indígena o afromexicana, cuya finalidad sea mejorar sus conservar instituciones”.
También se planteó que se dé prioridad para otorgar las candidaturas indígenas a mujeres y hombres que hablen alguna de las lenguas maternas además del español; se propuso también que se den herramientas legales para que el IEPC revise las documentales o pruebas que se presenten para acreditación del vínculo comunitario o, en su caso, se realice alguna verificación de la expedición de la constancia por la autoridad que suscribe.
Se pidió que se establezcan estos mecanismos de revisión o certificación de documentos que eviten que haya políticos que usurpen la identidad de personas indígenas o afromexicanas, y que estos casos sean sancionados, y se establezcan las sanciones. Tampoco se legisló al respecto.