El gobierno del estado “ha sido un obstáculo” para conocer qué ocurrió el jueves pasado cuando 28 reos fueron asesinados y otros tres resultaron heridos en el penal de Las Cruces, señaló la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morga.
Además solicitó una investigación exhaustiva y la separación del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y del secretario de seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes.
En un posicionamiento de diez puntos, la ex candidata a la gubernatura del estado sostuvo que para saber qué pasó realmente es fundamental atender el exhorto que hizo la ONU para que se realice una investigación exhaustiva, “ante la presunción de que el número de víctimas sea mayor, o se hayan fugado cabecillas del narcotráfico”, y llamó a llegar al fondo en la investigación y la sanción del hecho.
La secretaria general del PRD dijo que “se pretende minimizar el grave problema que ocurrió en el penal de Las Cruces en pasado 6 de julio” y que el gobierno del estado considera que con la destitución del director del penal y el encarcelamiento de tres custodios, se hace justicia a las familias de los reclusos asesinados.
Además señaló que el origen de la tragedia “va más allá de la responsabilidad de los custodios y el director del penal cesado.  Tiene que ver con la corrupción por acción o por omisión de los mandos superiores en los órdenes de gobierno estatal y federal”.
Mojica Morga dijo que el PRD exige una investigación exhaustiva a toda la cadena de mando en sistema de Prevención y Readaptación, por lo cual deben ser separados del cargo el Secretario de Seguridad Pública y el secretario general de Gobierno.
Lamentó la omisión del gobierno federal en Guerrero que “naufraga en una espiral de violencia, la suma de muertos ya rebasa las cuatro mil vidas humanas, sin que la autoridad federal haga caso a la demanda de que asuma el control total de la seguridad en un Estado Fallido como es Guerrero.
Esta inacción del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del presidente Enrique Peña Nieto, “condenan a los guerrerenses a más violencia”.
Criticó el colapso del sistema carcelario del país durante el actual gobierno federal que ha dejado “saldos de centenares de muertos” y descubierto que el control en los penales lo ejercen los delincuentes “en virtud de una posible colusión entre autoridades estatales y el disimulo de la federación”.
Afirmó que las masacres de en los penales de Topo Chico en Nuevo León, el 6 de abril pasado; la del penal de la Cruces; la fuga masiva de 29 reos en Ciudad Victoria, el 23 de marzo pasado. así como las dos fugas de El Chapo, “son algunas de las expresiones más visibles de una crisis que se vive en este importante eslabón de la cadena de justicia”.
La perredista señaló que la escalada de violencia que vive el país, tiene como origen la impunidad. La disfuncionalidad de la Procuración y Administración de Justicia, la penetración de la delincuencia de los cuerpos policiacos y los sistemas de readaptación sociales en las entidades, no permiten ver una solución en el corto plazo.
“A lo largo de estos años  se han documentado graves irregularidades en los mal llamado Centros de Readaptación Social como la sobrepoblación carcelaria, violaciones a los derechos humanos de los reclusos, venta de drogas y la operación de bandas delincuenciales al interior de las cárceles”.
También exhorta a los ciudadanos a no “convertirnos en espectadores pasivos,  presas del miedo y la desconfianza a las autoridades que no hacen su trabajo”.