Presidentes de colegios de abogados manifestaron que las declaraciones que hicieran el viernes en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), los secretarios de la Defensa Nacional y Marina, de seguir en las calles combatiendo al crimen, son una muestra de institucionalidad.
El presidente del Colegio de Abogados de Guerrero, Victoriano Sánchez Carvajal, dijo que la Ley de Seguridad Interior se debe emitir, pero apegada a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Para el presidente del Colegio de Licenciados y Post graduados en Derecho en Guerrero (Coliposdeg), Hugo Hernández Martínez, la declaración que hicieran ambos secretarios es “institucional”, porque ambas fuerzas le sirven a su jefe en turno, el presidente de la República.
El viernes, la Conago reconoció a las Fuerzas Armadas, y en sus intervenciones, tanto el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, como el de la Marina-Armada, Vidal Francisco Soberón, les recordaron a los gobernadores que la presencia de soldados y marinos en las calles en funciones de seguridad pública están sin un marco jurídico.
En el acto en la Ciudad de México se galardonó a las fuerzas castrenses por sus operaciones contra el crimen organizado y por su labor en apoyo a la población civil en casos de desastres.
Ayer el presidente del Coliposdeg indicó que las declaraciones de ambos mandos militares, también son un reclamo al Poder Legislativo para hacer los cambios a la Ley de Seguridad Interior, “porque no ha sido una prioridad para el Congreso de la Unión y el senado de la República, yo considero que deben agilizar el trámite por los temas que conlleva”.
Desde que el gobierno del ex presidente Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles para combatir al crimen organizado, está el llamado de las fuerzas armadas para delimitar su marco legal de acción.
Hernández Martínez señaló que podría considerarse un vacío legal en el supuesto de una escucha a una llamada telefónica, conocido como espionaje para la investigación en el combate al crimen, “sí es urgente que hagan la Ley de Seguridad Interior, porque el Ejército y la Marina son la última barrera de contención que tiene la ciudadanía en contra de la delincuencia organizada”.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Guerrero y ex subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en la administración estatal pasada, Victoriano Sánchez Carbajal manifestó que la presencia del Ejército y la Marina fuera de los cuarteles está sustentado en el artículo 89, fracción seis de la Constitución general, “a petición del presidente de la República pueden participar en cuestiones donde tenga que ver la seguridad interior del Estado”.
Reconoció que corresponde al senado emitir la Ley de Seguridad Interior; sin embargo, precisó que las fuerzas armadas no han actuado fuera de la ley, “en Acapulco no hemos sabido de un solo disparo por parte de uno de los elementos del Ejército que sea en el combate al crimen que tanto asola a la población civil”.
En otro sentido, recalcó que si las fuerzas policiales fueron superadas, “México debe atender el informe que… ha emitido la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el 2015, en el que señala que las fuerzas policiacas civiles deben ser capacitadas y dotadas de todos los instrumentos para que procedan al combate del crimen”. El informe sostiene que al reforzar a las fuerzas policiales el Ejército debe salir de manera paulatina de las calles.
Sostuvo que la población está expuesta a “una serie de violaciones de derechos humanos que han tenido su antecedente, básicamente, en el estado de Guerrero con la guerra sucia que aconteció en los sesentas y setentas en el área de Atoyac y la Costa Grande”. Manifestó que esas experiencias sirvieron de base a la Corte Interamericana de Derechos humanos para condenar al Estado mexicano y reformar la Constitución.
Puntualizó que de no acatar las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, podría el Estado sufrir condenas internacionales.