Integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Alerta de Género en Guerrero denunciaron simulación en las acciones del gobierno del estado para abatir la violencia contra las mujeres, desde que el gobernador Héctor Astudillo Flores aceptó la solicitud en septiembre de 2016.
En conferencia informaron que en lo que va de 2017 han monitoreado 110 asesinatos de mujeres principalmente en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa e Iguala mediante la prensa, pero “podrían ser más”.
Denunciaron que la aplicación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG) está detenida desde que se dictó en ocho municipios del estado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) el 22 de junio, porque aún no se aprueba el plan de atención para atender la declaratoria debido a las deficiencias que presenta, dijo la promotora Marina Reyna Aguilar.
Indicó que el 12 de septiembre la Conavim devolvió el plan de trabajo con observaciones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, para que las autoridades estatales hicieran los ajustes señalados.
Aunque no conocen a detalle las observaciones que la Conavim, subrayó que el programa debe establecer metas, plazos de ejecución a corto, mediano y largo plazo, indicadores de cumplimiento, presupuesto y otros componentes básicos.
Reveló que el programa sólo planteó acciones de octubre a diciembre de este año.
Mencionó que si la Conavim decretó la alerta en Guerrero fue porque el estado no logró complementar una sola de las recomendaciones en un plazo de seis meses, para evidenciar una política pública en favor de las mujeres, y en cinco de 20 propuestas no aportó ni un solo dato contundente para valorar acciones específicas de atención.
La dirigente na’savi Hermelinda Tiburcio Cayetano denunció la vulnerabilidad de las defensoras de las mujeres indígenas víctimas de violencia.
Explicó que tiene medidas cautelares por el acoso de un agresor que violó sexualmente a su esposa, y que un juez liberó en noviembre pasado pese a que se configuró el delito. Añadió que el hombre vive cerca de su casa en su localidad, en el municipio de Tlacoachistlahuaca, y como amenaza cada vez que pasa por su casa tira un balazo, ya le puso una la pistola en la cabeza a su papá, y se refugia en la Policía Comunitaria para llevar siempre consigo una pistola.
También dijo que apoya el caso de la periodista de Marcela de Jesús Natalia, atacada a balazos en Ometepec, y que su situación de salud y de seguridad sigue siendo delicada. Acompaña la defensoría de la violación de una niña en Igualapa, de la que se reservó los datos, pero indicó que la familia y la menor atacada fueron trasladadas a un refugio por las amenazas del agresor que se encuentra en libertad.
Añadió que cada vez que encuentran un caso de muerte violenta, violación sexual a mujeres, las defensoras se colocan en una posición vulnerable, y en Guerrero no hay acciones concretas para protegerlas y lamentó que el estado y los ayuntamientos no tengan programas ni interés en salvaguardara la integridad de las mujeres.
Reyna Aguilar confirmó que no se nota articulación en el interior del gobierno del estado, ni del estado con los municipios para emprender las acciones del plan de atención de la DAVG.
Aunque el estado es responsable de socializar la información de la DAVG en los municipios señalados y en todo el estado, aseguró que ni siquiera tomaron en cuenta a los ayuntamientos para diseñar el Plan de Atención.
Aclaró que son las organizaciones de mujeres quienes llevan la información a los ayuntamientos, se reúnen con autoridades y con organizaciones ciudadanas para que apoyen en el monitoreo del plan.
Reconoció que en algunas regiones no hay organizaciones con el perfil de derechos humanos para hacer el trabajo, particularmente en muncipios de Tierra Caliente y en Zihuatanejo, por ello convocó a sumarse como observadores de la Alerta de Género.
Señaló que todos los guerrerenses deben estar informados de qué es una alerta de género, por qué y para qué se solicitó, en qué consiste y cuáles son las obligaciones del estado y municipios en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia feminicida.
De los muertes violentas la activistas María Luisa Garfias Marín informó que de 2003 a 2015 suman 2 mil 457. El número de muertes por año se incrementó en 2009 con 99 casos, y en nueve meses de 2017, ya llegó a 110.
“Nos preocupa que este gobierno no esté aplicando políticas para abatir violencia, aún cuando la declaratoria de alerta de género lo obliga”.