Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, no solicitó medidas cautelares al gobierno del estado y deslindó a las autoridades estatales de responsabilidad tanto por acción u omisión en su asesinato.
El funcionario estatal fue entrevistado al salir de una reunión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con la viuda del dirigente Marco Antonio Suástegui Muñoz, María de Jesús Pérez García, y el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández en Casa Guerrero el mediodía de ayer.
“Ellos están planteando lo que ustedes ya saben; justicia por el caso de Marco Antonio Suástegui y en ese sentido hay un compromiso de la gobernadora del estado para sumarnos a su planteamiento ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que el caso se resuelva y se dé con los responsables”, informó el funcionario estatal.
Sin pregunta de por medio, Rodríguez Cisneros, aseguró que “con Marco no existía ninguna contrariedad con el gobierno del estado, éramos compañeros de lucha, ustedes registren en lo público, nunca hubo un cuestionamiento ni de él para nosotros ni de nosotros para él”, declaró.
–Pero la opinión pública en las redes sociales señala al gobierno del estado como responsable del asesinato, planteó el reportero.
–No puede haber un señalamiento de ese tipo. Yo insisto mucho en eso, vean lo que él declaró en lo público, nunca tuvimos una confrontación. La señora gobernadora visitó los Bienes Comunales dos veces y funcionarios del estado estuvimos varias veces allá y yo voy a estar los próximos días en los Bienes Comunales, vamos a seguir trabajando en lo que tiene que ver con el reordenamiento de la actividad económica que él tenía en cuanto a los servicios turísticos.
Rodríguez Cisneros agregó que en cuanto a las diferencias con administraciones de gobiernos pasados será parte de la investigación; “cada quien responde por sus acciones y por sus hechos y ya será la FGE la que determine la responsabilidad”, dijo.
–Pero también se señala responsabilidad del actual gobierno, por lo menos por omisión, porque Marco Antonio Suásteguí solicitó medidas cautelares y nunca se le dio, cuestionó el reportero.
–Nunca solicitó medidas cautelares. Yo platicaba mucho con él y nunca nos solicitó medidas cautelares. Yo hablé con él y me dijo que no las requería, me dijo que estaba, a través de Tlachinollan, haciendo una solicitud al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas nacional, porque tenía medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), pero nunca solicitó al gobierno del estado acompañamiento policiaco ni tampoco solicitó que se le diera algún tipo de medidas extraordinarias.
Según el funcionario, lo mismo pasó en el caso del líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio, “jamás nos solicitó un acompañamiento al gobierno del estado, cuando es así se valora en razón del riesgo y siempre se ha dado acompañamiento a quienes tienen un riesgo latente para salvaguardar su integridad”.
–Lo cierto es que ya pasaron más de dos semanas y no hay ningún resultado de la investigación, no hay nada, cuestionó otro reportero.
–Se están haciendo los actos de investigación y ya será la Fiscalía la que dará a conocer los resultados.
“Hablaron los abogados (de la familia de Marco Antonio) con el fiscal y ya les dieron cuenta a ellos de cómo está el curso de la investigación”, declaró.
–Extraoficialmente se sabe que hay detenidos, ¿hay o no?.
–Desconozco cuáles son los actos de la Carpeta de Investigación porque en la misma reunión que sostuvimos, el fiscal fue muy claro que solamente le podría dar ese tipo de información al abogado que acreditara la familia para garantizar sus derechos de víctimas.
Sobre la violencia que continúa en Acapulco, el funcionario respondió que está muy focalizada en la zona poniente de la ciudad y que ayer en la sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz, se dio el parte a través de la Secretaría de Seguridad Pública y que se constató que todos los homicidios dolosos son en la zona de Mozimba, Pie de la Cuesta, San Isidro Gallinero.