El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que dos de los tres policías comunitarios muertos en la operación de desarme en la comunidad de La Concepción, Acapulco, fueron detenidos y luego ejecutados extraoficialmente por agentes del Estado.
Consideró que la intervención del domingo contra la Policía Comunitaria en Acapulco, con 200 policías estatales, federales y militares, y la información contradictoria por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre los detenidos en los primeros días de la aprehensión, fueron premeditadas para ocultar estos datos.
Después de cuatro días de los hechos, de rastrear a las personas de las que se desconocía su paradero, informó que “se tuvo conocimiento que dos de los tres policías comunitarios ejecutados en el segundo enfrentamiento fueron detenidos y posteriormente ejecutados”.
De los 38 detenidos en la operación policiaca, según el reporte del gobierno del estado, hoy saben que 25 se encuentran en el penal de Las Cruces; 11 son policías comunitarios, dos detenidos que estaban en proceso de reeducación en el Sistema de Justicia Comunitario, 10 son civiles y 23 pertenecen al Cecop.
En un comunicado, Tlachinollan denuncia que las autoridades actúan de manera parcial e irregular, no sólo en los procedimientos penales contra las personas detenidas el domingo en La Concepción, sino desde que vecinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en Acapulco, se opusieron al proyecto hidroeléctrico La Parota.
Explicó que el gobierno dio la pauta para un conflicto intercomunitario en la zona de influencia del proyecto de la presa (suspendido a la fecha), para incursionar después “de manera extremadamente violenta utilizando las fuerzas policiales en un operativo letal y violatorio de los derechos humanos”.
En este marco, ocurrieron los hechos del 7 de enero, cuando alrededor de las 3 de la madrugada se suscitó el primer hecho violento entre policías comunitarios de la Casa de Justicia de La Concepción y civiles armados, que tuvo como resultado la muerte de dos comunitarios y seis civiles armados.
Después de varias horas, unos 200 policías y militares sitiaron la comunidad, en una operación que derivó en el segundo enfrentamiento entre la Policía Comunitaria, con un saldo de tres policías ejecutados extrajudicialmente, alrededor de las 11 de la mañana.

Hubo detenciones arbitrarias y torturas, señala

Asimismo, señaló que hubo personas torturadas y detenidas arbitrariamente, y propició “un ambiente de vulnerabilidad para familias que decidieron organizarse a través del CECOP y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) para defender sus derechos al territorio y al consentimiento libre, previo e informado”.
Añadió que desde la detención de los policías comunitarios trasladados al penal de las Cruces en la operación policiaca, Tlachiollan detectó irregularidades que indican que las autoridades no estaban actuando de buena fe.
Entre estas, señaló que, aunque el proceso en apariencia se conduce con legalidad, hubo información contradictoria sobre el número de detenidos. “En un primer momento se informó sobre la detención de 30 personas; después en un comunicado del gobierno del estado la cifra cambió a 38. El día 9 de enero, a los abogados defensores se les informó que en la Fiscalía General del Estado de Guerrero se encontraban 21 personas privadas de su libertad, mientras Tlachinollan obtuvo información por familiares, de 25 personas detenidas”.
Hasta ese momento dijo que los detenidos en eran policías comunitarios, personas que estaban en proceso de reeducación, integrantes del Cecop y civiles que se encontraban en la zona del enfrentamiento y en espacios aledaños a la comunidad de La Concepción.
Denunció que la falta de certeza en la información es grave porque, de acuerdo con los pobladores, había vecinos de los que no se conocía su paradero, y después se supo que dos de los tres policías comunitarios ejecutados en el segundo enfrentamiento fueron detenidos y posteriormente ejecutados.