Un juez de control dictó prisión preventiva al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero acusado de la destrucción de evidencias relacionadas con el caso Ayotzinapa, informó la Fiscalía General de la República (FGR)
Durante la diligencia en el penal de máxima seguridad del Altiplano que duró poco más de seis horas, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del plazo, por lo que la audiencia continuará el martes y sera ese día cuando se decida si es vinculado o no a proceso.
Aguirre Rivero ingresó a la audiencia en silla de ruedas y manifestó padecer diabetes y presión arterial alta, además de haber estado hospitalizado por una infección en las vías urinarias. Una versión indica que se sintió mal después de su detención en la autopista México-Querétaro la mañana del jueves, y que recibió atención médica en el penal.
Con esos argumentos, más su edad –70 años–su defensa solicitó que su cliente enfrentara el proceso en prisión domiciliaria; sin embargo, el juez rechazó la petición y ordenó la prisión preventiva.
En un comunicado, la FGR dijo que derivado de una “acción de alta relevancia” relacionada con la investigación de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, obtuvo prisión preventiva en contra del ex gobernador “por su posible participación en los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas”.
Agregó que “en audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa le formuló imputación y solicitó su vinculación a proceso. No obstante, la defensa del imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional”, que permite ampliar de 72 hasta 144 horas el plazo para que un juez de control resuelva la situación jurídica sobre si se vincula o no a proceso.
En la audiencia, una de las testigos aseguró que entregó el 29 de septiembre del 2014 un disco que contenían esos videos a Aguirre, y que un día después el gobernador citó a sus colaboradores más cercanos, incluido el procurador Iñaki Blanco, para que ocultaran y destruyeran toda evidencia de lo acontecido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.
De acuerdo con la nota que el periódico La Joanrada publicó en su portal, el ex gobernador escuchó atento la imputación y continuamente movía la cabeza en señal de desaprobación de lo que se decía e incluso llegó a soltar una sonrisa incrédula de lo que escuchaba.
Aunque Aguirre se reservó el derecho a declarar, al final si tomó la palabra para decir que lamentaba lo que había ocurrido esa noche con los normalistas, que él siempre ha colaborado con las investigaciones y esclarecimiento de los hechos e incluso dijo “yo tengo mi conciencia tranquila y en paz”.
Se dijo ajeno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y aseguró estar en paz con su actuación, antes de conocer que permanecerá encarcelado mientras se resuelve si es sometido a proceso.
“Tengo mi conciencia tranquila y en paz”, expresó el ex gobernador en la audiencia inicial que comenzó después de las 10 de la mañana y se extendió hasta pasadas las 4 de la tarde. Al término, el juez de control, Mario Elizondo Martínez, le impuso prisión preventiva oficiosa.
El ex mandatario aseguró que no tuvo absolutamente nada que ver con los hechos ocurridos durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
También sostuvo que durante los casi 12 años transcurridos desde la desaparición de los estudiantes, nunca buscó sustraerse de las investigaciones y que está abierto a la colaboración.
La Fiscalía General de la República (FGR) atribuye a Aguirre responsabilidad en el delito de desaparición forzada dentro de una nueva vertiente de las investigaciones del caso Ayotzinapa.
El expediente presentado ante el juez incluye el presunto ocultamiento o destrucción de grabaciones obtenidas por cámaras instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala.
El material corresponde a las horas en las que los normalistas fueron perseguidos y atacados en distintos puntos de esa ciudad.
La investigación federal busca establecer qué ocurrió con esas imágenes, y determinar responsabi-lidades por su desaparición debido a que podían aportar información importante de los hechos.
Casi 12 años después de los ataques de Iguala, Aguirre enfrentará desde prisión la siguiente etapa de la audiencia en la que se resolverá si queda formalmente sujeto a proceso. (Redacción con información de Juan Luis Altamirano y Agencia Reforma con información / Ciudad de México).