Durante la sesión solemne del Congreso local por el segundo informe del gobernador Héctor Astudillo Flores, las fracciones del PRD, MC y las representaciones del PT y Morena pidieron cambios en el gabinete de seguridad, empezando por la Fiscalía.
La diputada de Morena María de Jesús Cisneros Martínez mencionó a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa detenidos y desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014. En el caso del PRD, la fracción olvidó pedir cuentas por el caso del asesinato del entonces presidente del Congreso Armando Chavarría Barrera.

Morena: ocurren cosas peores que en otros gobiernos

El posicionamiento de la diputada de Morena María de Jesús Cisneros Martínez, fue el primero. Empezó reclamando a Héctor Astudillo que la principal falla del gobierno estatal es que no ha “preservado la vida, patrimonio y las libertades”.
Lo acusó de pisotear la división de poderes en el estado, al imponer a magistrados para el Poder Judicial, en referencia a su propuesta de Paulino Jaimes Barrientos.
Además de que lo señaló en tribuna de ser parte del “fraude electoral” en el Estado de México.
Y al nuevo Sistema de Justicia Penal de convertirse en “un pase a la impunidad”.
Le dijo a Astudillo que “no hay orden cuando, sin chistar, se permite que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, nos quite 200 millones de pesos, abandonando la representación popular de los guerrerenses y solapando a Peña Nieto”.
Incluso le dijo que en su gobierno ocurren cosas “peores que en gobiernos anteriores”, porque dijo que a “hoy se abandona a los amigos a su suerte y a los adversarios se les extermina”.
De la ley 701 de los de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, la diputada dijo que se trata de logros de los pueblos originarios y le pidió ser cuidadoso de sus calificativos, porque la llamó separatista.
“Se les muestra el desprecio a su ardua labor por hacer realidad sus derechos, autonomía y libre determinación como lo manda la Constitución federal”.
Finalmente le dijo que “las altas” en el gobierno de Guerrero están las desapariciones forzadas, homicidios dolosos, extorsiones, asesinatos de mujeres, robos a casas habitación y negocios, secuestros y retención de personas.
Mientras que las bajas “las padece el pueblo, con el dolor de quienes ya no vuelven a sus hogares, debido a la desaparición forzada, secuestros y privación de la libertad. Las bajas están en la izquierda guerrerense con los asesinatos de líderes sociales y políticos como Ranferi Hernández Acevedo, ocurrido vergonzosamente durante su mandato”.
María de Jesús Martínez dijo en tribuna que el gobierno estatal está “rebasado en todos los aspectos sea por acciones tibias u omisiones totales”
La diputada de Morena fue la única que en tribuna mencionó la falta de justicia para los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa detenidos y desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014.
“No hay justicia porque no hay gobierno popular y el que existe solo es un administrador de las desgracias, la pobreza y la marginación con fines electoreros que les permita mantener el poder y conservar privilegios”.
Confió también en que en julio de 2018 “habrá un cambio de régimen económico y político en México”, pero para eso, dijo, se necesita un cambio pacífico y democrático.
PT plantea cambios en FGE y SSP

El diputado Fredy García Guevara participó en tribuna como representante del PT,  a pesar de que ya hace vida política en el PRD, partido en el que es coordinador estatal de una corriente política.
En su posicionamiento reprochó que a dos años de gobierno de Astudillo Flores, el robo, extorsión y homicidios dolosos siguen generando zozobra en los ciudadanos.
Sugirió al gobernador “de manera respetuosa” corregir las acciones que de acuerdo al informe se han realizado.
Del problema de la inseguridad pública dijo que es el reto del gobierno porque sólo así se podrá lograr el desarrollo. El diputado reconoció el “esfuerzo” del gobernador y del gobierno federal para combatir el crimen organizado.
Pero les urgió “implementar medidas más eficaces, ya que la violencia ahora ha golpeado a líderes de la política, abogados, empresarios y a la sociedad en general, y no solo entre bandas rivales y no olvidar que estamos ya en el proceso electoral donde pudiera recrudecer más la violencia”.
Le recordó al gobernador que si no hay empleos bien remunerados y educación garantizada para los niños y jóvenes, estos son “son presa fácil de grupos delincuenciales”.
Después apuntó que se debe invertir en la “real prevención del delito, y no en la simulación de la misma, pero si no, se atiende la impunidad. Ante el delito, corremos el riesgo de que los índices de la delincuencia no bajen y, el objetivo de mantener a Guerrero como un Estado seguro, no se cumpla, como ha ocurrido hasta el día de hoy”.

Lamentó que en su informe no haya mencionado el problema de la desigualdad social. Pidió transparencia en la reconstrucción y atención a los damnificados por los sismos del 19 de septiembre y el huracán Manuel, y lo exhortó para que “nuestros paisanos no se queden en el olvido con el paso de los meses”.
Y finalmente, después de un mensaje suave, sugirió revisar si es necesario “realizar algunos cambios en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, que le permita a su Gobierno llevar a cabo las tareas e ir resolviendo los múltiples problemas de nuestro estado”.

MC: poder criminal en las regiones

En el orden, continuó MC y quien subió a tribuna invariablemente fue el coordinador Ricardo Mejía Berdeja, quien se refirió los problemas ancestrales y rezagos que llevan “al círculo vicioso no superado de pobreza, clientelismo y caciquismo”
Después de reconocer la acción del gobierno estatal tras el huracán Max y los sismos del 19 de septiembre y los logros en de desarrollo social, obra pública, infraestructura y desarrollo rural, la disciplina y responsabilidad en el manejo financiero, habló de la violencia y la  inseguridad.
Le dijo al mandatario estatal que “la violencia es un lastre que hay que sacudirse con decisión, estrategia y visión de Estado”, porque los ciudadanos se sienten atemorizados y acosados “ante la amenaza permanente de la delincuencia que se ha apoderado de nuestras calles y en algunas regiones ejercen, en los hechos, un poder criminal”.
Mencionó a líderes de izquierda como Ranferi Hernández o el dirigente de MC Ángel Vergara Chamú, periodistas, defensores de derechos humanos, que son asesinados con crueldad, “alimentados por la enorme impunidad e inoperancia del ministerio público local”.
Y reiteró lo dicho muchas veces en tribuna: “la impunidad mata, la impunidad multiplica la extorsión, la impunidad es el incentivo perverso para seguir delinquiendo, la impunidad es el alimento de la inseguridad”.
Ante la crisis de inseguridad dijo que urge cambiar la estrategia y tomar decisiones y propuso diez puntos de lo que llamó una estrategia integral de seguridad ciudadana.
Empezó con la solicitud de nombrar un nuevo fiscal, eliminar el fuero. Le pidió a Astudillo que dé línea a la fracción priista, “que coadyuve en impulsar todos los cambios legislativos que se encuentran congelados en el Congreso para elevar las penas por los delitos de extorsión, halconeo y normas relacionadas con la seguridad pública”.
En el cuarto punto, pidió la depuración, limpieza y certificación total de las policías estatal, ministerial y municipales y la creación de la Nueva Policía Fuerza Ciudadana.
También una “auditoría y puesta en funcionamiento de todos los sistemas de video vigilancia”. y enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de legalización del cultivo de la amapola con fines medicinales.
Y que los poderes del Estado juntos acudan a la Cámara de Diputados a impulsar los cambios a la Ley General de Salud y a la legislación penal, “se debe iniciar esta batalla, sino nos seguiremos desangrando”.
La séptima propuesta fue la detención “inmediata en las diferentes regiones de las cabezas de la delincuencia organizada para recuperar el control territorial”; involucrar a la ciudadanía a través de “auténticos Consejos Ciudadanos” en el diseño y evaluación de las políticas de seguridad pública.
En la novena propuesta habló de la regulación de las policías comunitarias y organismos auxiliares de seguridad pública, “una nueva ley 701, siguiendo el ejemplo exitoso de la CRAC”.
Y finalmente planteó la capacitación permanente en el nuevo sistema acusatorio penal de las instancias involucradas en la seguridad pública, administración y procuración de justicia. El nuevo sistema no es el problema sino la inadecuada preparación institucional para operarlo, lo que ha generado mayor incredulidad y enojo ciudadano”.

PRD: Astudillo, “sensato” en la crisis

Por la fracción del PRD, subió a tribuna la aguirrista Silvia Romero Suarez, con un mensaje en el que no mereció la mención de los homicidios de luchadores sociales y de perredistas como Armando Chavaría Barrera.
La ex priista concedió al gobernador que a dos años de su gobierno “es momento de que se vayan generando los mecanismos que permitan establecer mejores condiciones de vida para los guerrerenses”.
Desde el 12 de octubre el gobernador envió al Congreso local su informe por sus dos años de gobierno, con copia a cada uno de los diputados, para que en la sesión de ayer los legisladores dieran un posicionamiento después de revisarlo y el Poder Legislativo le respondiera de manera institucional.
Sin embargo en su posicionamiento, la fracción perredista se refirió a que hasta este jueves conocerían el informe para saber “cómo estamos”.
Del problema de inseguridad solo dijo que “nos preocupa, que nos lastima a todos , que lacera profundamente a la sociedad, ya que de manera indistinta hemos sentido el dolor, a veces en carne propia la falta de esta garantía”.
Sin embargo a nombre de la fracción reconoció “los esfuerzos que se han hecho  para implementar estrategias adecuadas, usted mismo señor gobernador comparte esta preocupación”.
Sin embargo el PRD le dijo que no basta el equipamiento y aumento de elementos policiacos, porque faltan estrategias integrales y el acceso a la justicia.
En ese momento aprovechó para plantear la urgencia de tener “mayor atención y se actúe en consecuencia”, en el trabajo de la FGE, porque “debe haber en esta un mayor compromiso”.
Como temas importantes dijo que se deben superar los problemas financieros,
que los recursos se utilicen con eficacia.
Para eso dijo que se debe “aprovechar” el financiamiento y la competencia de las empresas privadas.
La fracción del PRD le pidió al gobernador también que permita la apertura y la coordinación entre los tres Poderes y le recordó que le han aprobado las iniciativas.
Silvia Romero calificó a Héctor Astudillo como “sensato” en momentos de crisis.
En la trasmisión en vivo que realizó la dirección de Comunicación Social del Congreso del estado, las conductoras hablaron durante gran parte de la intervención de la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, dejando en segundo plano la voz de la legisladora. Casualmente eso ocurrió también en las participaciones del PRD, MC y del PT, pero no cuando participaron las fracciones del PRI, PVEM y la representación del PAN.