José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La Comisión Instructora del Congreso local se reunió este lunes con la titular de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE), Dulce Selene Castañeda Arellanes, como parte del procedimiento de desafuero que inició dicha dependencia contra un alcalde por presuntamente utilizar dinero público con fines de promoción personalizada.
Los integrantes de la Comisión Instructora se reunieron con Castañeda Arellanes, como parte del análisis de la solicitud de declaración de procedencia para retirar el fuero constitucional a un alcalde investigado por presuntos delitos electorales.
Dicha Comisión, a principios de julio, se declaró en sesión permanente para revisar la petición y de acuerdo con fuentes legislativas preven emitir el dictamen en septiembre.
El pasado 10 de junio, la FEDE solicitó al Congreso local una solicitud de juicio de procedencia para retirar el fuero constitucional a un servidor público que es investigado por esa dependencia.
En el escrito dirigido a la Mesa Directiva, la Fiscalía argumentó que existen argumentos que permiten ejercer acción penal en contra de una persona servidora pública, “por lo que es necesario agotar previamente el procedimiento de declaración de procedencia previsto en la Constitución local”.
La Comisión Instructora acordó manejar el asunto con total secrecía y evitar hacer público el nombre y datos sobre el procedimiento. Aunque fuentes judiciales aseguran que el desafuero es contra un alcalde por presuntamente utilizar dinero público para promocionarse.
También indicaron que la denuncia no es reciente ni tiene que ver con las hechas el último mes por parte de partidos de oposición como Movimiento Ciudadano
El año pasado, la FGE resolvió una solicitud similar presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra un alcalde investigado por presunta extorsión por complicidad, la cual fue declarada improcedente, sin revelar tampoco su identidad.
El nombre del alcalde en cuestión aún es desconocido, y por parte del poder Legislativo acordaron hacer públicos los datos sólo si el dictamen es favor del desafuero y por procedimiento tendría que ser votado por el pleno.