La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México documentó 276 casos de personas fallecidas en Guerrero en el marco de los movimientos sociales atacados por el crimen organizado o que sugieron para defenderse del mismo, entre enero de 2013 y junio de 2017 a partir de reportes periodísticos.
En un escrito al que tuvo acceso El Sur se da cuenta de 149 civiles muertos, donde incluye a los hallados en fosas en Iguala, los campesinos ejecutados en un campo melonero en Ajuchitlán.
También enlista a 14 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), ocho de la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC), cinco del Frente Unido para la Seguridad (FUSDEG), tres de la Policía Comunitaria Tecampa-nera de Teloloapan, dos por disputas de tierras y dos derivados del enfrentamiento entre policías y maestros.
Asimismo incluye a 19 personas víctimas de acciones realizadas por la UPOEG: 10 presuntos integrantes del crimen organizado, siete civiles y dos policías. 21 fallecidos por acciones realizadas por el FUSDEG, cinco del crimen organizado y 16 ex integrantes de la organización; y 26 muertos derivados de enfrentamientos entre UPOEG y FUSDEG. Finalmente, 11 muertos en acciones realizadas por la CRAC: uno del crimen organizado, uno entre la misma organización y nueve policías. Más seis personas que murieron el 26 de septiembre en Iguala cuando desaparecieron 43 norma listas de Ayotzinapa.
Al respecto, el comisionado Jaime Martínez Veloz, señaló que en México se están muriendo los más pobres, y aceptó que institucionalmente “se le carga la mano” a los movimientos y a los luchadores sociales, en lugar de resolver problemas fundamentales de derechos humanos.
En consulta telefónica sobre la estadística, Martínez Veloz se remontó a 1994, a los acuerdos de San Andrés Larráizar entre el Estado y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y al cierre de las mesas de diálogo que dijo, tuvo consecuencias políticas, económicas y una fractura del tejido social, en detrimento de los pueblos originarios.
Señaló que mientras se implementaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Cánada, durante 22 años los indígenas fueron excluidos de las partes sustantivas de las reformas estructurales que se hicieron en el país; no hubo fortalecimiento de la vida comunitaria, ni de sus atribuciones para poder establecer condiciones más equilibadas en cualquier proceso de negociación.
Precisó que en las mesas de diálogo de San Andrés, había seis temas de discusión: de derechos y cultura indígena; democracia y justicia; bienestar y desarrollo; los derechos de la mujer; la reconciliación en Chiapas y la firma de la paz. “Para cada tema había un procedimiento de construcción de acuerdos, no solo de sentarse y ponerse de acuerdo, en un día se permitía a las delegaciones consultar a las dependencias federales y a las comunidades indígenas a sus asambleas”. Así de noviembre de 1995 a febrero de 2016, “llegamos a la firma que se conocer como los acuerdos de San Andrés que abordó sólo el primer tema”.
En el tema de democracia y justicia, indicó que la delegación gubernamental recibió la instrucción de no opinar, porque en paralelo, las cúpulas partidarias estaban definiendo la reforma electoral que nos rige a la fecha.
En esa reforma definieron al árbitro y a los magistrados electorales, que se designaron por los representantes de los partidos en el Congreso de la Unión, al grado que el tema indígena sigue siendo marginal en la representación política y de gobierno.
Denunció que nunca se reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, y contrario al impulso que recibieron las transnacionales, a los indígenas se les mantuvo en desventaja, y entonces “no existía un conjunto de factores que agravan sus condiciones, como la contaminación producida por la minería”, añadió.
Recordó que en el periodo de Vicente Fox y Felipe Calderón, la minería a cielo abierto creció exponencialmente en los siguientes sexenios, al mismo tiempo que la delincuencia organizada se extendía y fortalecía en el país.
Estimó que la minería es una fuente de financiamiento para actividades ilícitas, ya sea para el pago de grupos de sicarios para protección o para desalojar territorios que pueden ser explotados, lo que tambián agravia a las comunidades.
En este contexto, señaló que los pueblos indígenas hacen lo que pueden para protegerse.
Recordó que en 2013 llegó a Ayutla para intervenir en el movimiento de los pueblos que se armaron por la seguridad y que luego se constituyeron en la UPOEG. Habían detenido a 54 personas y la intervención de funcionarios estatales y federales permitió que la población los entregara a los agentes de Ministerio Público, cuando se pretendía hacerles un juicio popular.
“Fui y revisé muchos temas, encontré que en Ayutla había más o menos 120 o 130 comunidades, y el Ramo 33 era de 134 millones de pesos, de los cuales 130 se iban a aplicar en la cabecera municipal y sólo 4 millones en las comunidades, eso habla de una actitud de exclusión en materia social, había un desequilirio tan grande y era evidente que el malestar de la población se estaba expresando”, dijo en referencia a cómo se distribuye el gasto federal paa estados y municipios.
En este escenario, concluyó que en México se están muriendo los más pobres, incluso los policías y soldados fallecidos en la guerra contra el narcotráfico porque también son pueblo.
Pero añadió que cuando políticos acusan a los movimientos ciudadanos de actuar en la ilegalidad o de estar implicados en la delincuencia “a ellos sí se les carga la mano”.