El fiscal general Javier Olea Peláez tendrá seis meses para remitir al Congreso local una propuesta del profesionista que ocupará la Fiscalía Especializada Anticorrupción, y tres para solicitar al gobernador Héctor Astudillo Flores las ampliaciones presupuestarias para la óptima operación de la misma, después de la entrada en vigor de las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que propuso el ejecutivo.
La iniciativa es parte de una serie de reformas enviadas al Congreso local que entraron a comisiones el 15 de junio, a casi un mes de que termine el plazo de un año otorgado a los estados para homologar la legislación local con la federal, que permitirá a Guerrero formar parte al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El Comité de Participación Ciudadana solicitó a los gobernadores y congresos locales que a más tardar el 18 de julio implementen sus respectivos Sistemas Locales Anticorrupción. Los estados deberán contar antes de este día con las leyes y las adecuaciones normativas necesarias para la puesta en marcha.
El gobernador dijo anteriormente que el plazo perentorio de las reformas señalado en la Constitución federal es el 18 de julio, y los planteamientos son los mismos que impulsaron gobiernos en otros estados.
En la argumentación de la propuesta de la Ley Estatal Anticorrupción, el gobierno destacó la poca confianza de los ciudadanos en los jueces y los altos niveles de percepción sobre la corrupción en la función pública, que ha llevado a que 97 por ciento de los delitos en Guerrero no son denunciados “y sin duda contribuye a la inseguridad”.
En este escenario, dice que “se requiere de un nuevo diseño institucional que permita la rendición de cuentas, un sistema que active mecanismos de prevención, control, investigación, sanción y rendición de cuentas horizontal, es decir un sistema de administración moderno, transparente y ágil”.
La propuesta de Ley Estatal Anticorrupción propone la creación de comités que conformarán el Sistema Anticorrupción de Guerrero, igual que en el Sistema Nacional: un comité de participación ciudadana con cinco integrantes elegidos por un comité seleccionador, no por el Congreso ni el Ejecutivo estatal.
Un comité coordinador del sistema conformado por funcionaros públicos y encabezado por un representante del comité ciudadano (coadyuvante del sistema coordinador), y un comité rector del sistema de fiscalización donde concurrirán los municipios a través de sus representantes.
Señala que el comité coordinador sesionará de forma ordinaria cada tres meses, y “podrá emitir recomendaciones públicas no vinculantes”, y todas las sesiones serán públicas.
A partir de la entrada en vigor de la ley, se proponen 90 días naturales para que el Congreso local designe a los integrantes del comité de selección que nombre al comité ciudadano, con el cual comienzan las acciones del Sistema que tendría una estructura propia.

El fiscal anticorrupción

La iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado indica que la institución tendría las vicefiscalías y fiscalías especializadas y regionales que se requieran para el ejercicio de sus funciones, y el gobernador podrá intervenir en nombramientos cuando se trate de “aquellos cuya designación corresponda al Congreso”,
es decir, los fiscales especializados y el titular del órgano interno de control (de nueva creación en la estructura de la Fiscalía), serán nombrados en el Congreso a propuesta del Ejecutivo.
Los vicefiscales serán nombrados y removidos por el fiscal general, así como los demás servidores públicos de la institución.
En el artículo 24 se establece la creación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los actos y hechos de corrupción que la ley considera como delitos del fuero común. Se equiparará jerárquicamente con una vicefiscalía.
Según el documento, contará con agentes del Ministerio Público y Policía Investigadora especializados para combatir, investigar y perseguir delitos de corrupción, mientras el Órgano de Control Interno se encargará de investigar a los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado.
No hay particularidades sobre el perfil del fiscal anticorrupción pero sí de sus funciones, una es presentar anualmente un informe de actividades sustantivas, cuyos resultados sean públicos y entregados al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero y al Congreso del estado.
Además de recibir denuncias, querellas, incluyendo información anónima sobre hechos que se consideren delitos de corrupción, y ejercitar acción penal y solicitar audiencia de control de detención, de formulario de imputación, incluso ordenar aseguramiento de bienes.
Formará parte del comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, con el fiscal general, el auditor superior del estado de Guerrero, el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y un representante del Consejo de la Judicatura.
La armonización de la legislación local con la federal, para poner el marcha el sistema anticorrupción, también implica modificaciones a la Constitución local, a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, la de Presupuesto y Disciplina Fiscal, la de Reglamento Interno de la Auditoría General del Estado, y la Ley Orgánica de lo Contencioso Administrativo.