Ramón Gracida Gómez

María de Jesús Pérez Hernández, la esposa y testiga del asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, señaló que detrás del crimen hay “una cadena que no termina con la detención” el mes pasado de las 11 personas acusadas de extorsionar en las playas de Acapulco.
En entrevista, dijo que el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, “estaba haciendo un cochinero con el caso” con el fin de que no se investi-gara “a fondo” porque difundió la versión de que el ataque a balazos contra Suástegui Muñoz fue a raíz de una discusión entre él y su agresor.
Indicó como precedente de la negativa de Suástegui de ser atendido en la Base Naval cuando fue herido, la confrontación que tuvo con un re-presentante de la Secretaría de Ma-rina (Semar) en una reunión un mes y medio antes por el ordenamiento de las playas, dentro del proceso de reconstrucción de Acapulco impulsado por el gobierno federal.
A más de un año de los hechos, Pérez Hernández narró por primera vez su versión del atentado del 18 de abril de 2025, la semana en el hos-pital y los antecedentes de violencia que forman parte del contexto en el que ocurrió el desenlace fatal del defensor del río Papagayo.

Amenazas en Cacahuatepec y en Icacos

Suástegui Muñoz fue amenazado durante el último año de su vida en su centro de trabajo y en las asambleas del Cecop, cuyos integrantes van a conmemorar este domingo 23 años de su fundación y a pedir justicia por el asesinato de su líder histórico.
En los Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde impulsaba un proyecto agroecológico de la mano de la organización Cooperación Comunitaria tras la devastación de los huracanes Otis y John, llegaban hombres a decirle que no denunciara más la desaparición de su hermano Vicente Iván perpetrada el 5 de agosto de 2021.
Y en la playa Icacos, donde trabajaba desde que era un niño y organizó a los trabajadores en torno a la Asociación de Turisteros en Defensa y Rescate de Playa Icacos (Tuderpi), sufría intentos de extorsión.
“Él ya no estaba tranquilo, pero no le decía a la gente para no alarmarla; en la playa nada más iba de entrada por salida”, recordó su esposa, quien dejó de trabajar con en la playa a petición de él ante el riesgo.
El 7 de marzo de 2024 en la madrugada, los muebles de playa y dos motos acuáticas de su propiedad fueron incendiados afuera del condominio La Palapa; en ese mismo año, añadió Pérez Hernández sin precisar la fecha, una de las motos fue tomada por el grupo de extorsionadores, “Marco preguntó por todos lados para tratar de recuperarla y le mandaron a decir que no denunciara y que no hiciera nada porque le iba a ir peor”.
En febrero de 2025, el vocero del Cecop solicitó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que la Guardia Nacional lo resguar-dara en la playa Icacos y en las asam-bleas del Cecop, pero le respondieron que su actividad no era de “alto riesgo y que por eso la solicitud de él no iba a ser otorgada; increíble”, expresó decepcionada su esposa.

Lo vigilaron desde la mañana

La investigación ministerial ha arrojado que el 18 de abril de 2025, Suástegui Muñoz era vigilado desde la mañana, los números telefónicos obtenidos dicen por “clave cómo iba vestido, qué estaba haciendo, o sea, ya nada más estaban esperando que él saliera para atacarlo, en los mensajes decían que lo querían bien siete, siete quiere decir muerto”, expuso Pérez Hernández, quien sólo regresó a trabajar para esa temporada vacacional.
La exigencia de la familia a la Fiscalía General del Estado (FGE) es que determine la identidad de los propietarios de los teléfonos.
A las 7:24 de la noche, la pareja se disponía a salir de la zona turística en su camioneta estacionada en el acceso a la playa de la calle Fragata de Yucatán, cuando un hombre le disparó por la espalda y huyó; el vocero del Cecop se sentó en la arena abrazando el estómago ensangrentado y le dijo a su esposa que lo atacó Harold, quien fue detenido el 12 de junio del año en curso y cinco días después fue vinculado a proceso.
Suástegui Muñoz, relató su esposa evocando la angustia del momento, “estaba consciente, él estaba lúcido, yo no sabía qué hacer, yo quería gritar, no podía creerlo cuando lo vi así, tirado lleno de sangre, pero él me habló y me dijo ‘marca al 911’; yo cuando lo escuché sentí que algo me regresó al cuerpo, al alma, porque yo sentía que me iba a desmayar de la impresión”.
Durante todo aquel Viernes Santo no hubo ninguna corporación de seguridad en la playa Icacos, media hora después de los balazos sólo llegaron dos elementos del Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA), quienes intentaban evitar que la esposa de Suástegui Muñoz se lo llevara al hospital, pero sólo lograron tomar notas.
Pérez Hernández llamó por teléfono a sus abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña y corrió a buscar a los trabajadores de su esposo para que lo auxiliaran, pero estaba “todo mundo escondido, no había nadie, ni un alma, todos tenían miedo y yo desesperada como loca buscando qué hacer, no me podía cargar a Marco”.
Su primera idea fue subir a su esposo a una moto acuática para llevarlo a la Base Naval, ubicada a menos de 500 metros de donde ocurrió el ataque armado, un trabajador suyo se dispuso a ayudarla, pero los turistas les gritaron que no lo hiciera porque el cuerpo se caería en el agua.

La confrontación con un representante de la Marina

Después, Pérez Hernández pensó llevarlo a la misma Octava Región Naval en su camioneta, pero el vocero del Cecop le gritó: “no, a la Marina no, al Aqua”, que es el hospital privado más cercano.
–¿Por qué crees que Marco Antonio dijo ‘a la Marina no’?, se le preguntó a Pérez Hernández.
–Él tuvo un enfrentamiento, se confrontaron en una de las reuniones de Fonatur con el capitán de la Marina, no sé su nombre, pero Marco me dijo que discutieron.
Fue la reunión del 4 de marzo de 2025 dentro de la Base Naval, donde el representante de Tuderpi, informó El Sur, se reunió con un mando de la Semar, el entonces subsecretario de Turismo federal y ahora director de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, su antecesora en Fonatur, Lyndia Quiroz Zavala, el secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, entre otros funcionarios.
También participaron como representantes del Frente de Defensa de la Zona Federal Marítimo Terrestre, Jesús Zamora Cervantes, Arturo Pantoja Guatemala y Marco Antonio Velázquez, tres de los 11 detenidos el 3 de junio del año en curso y vinculados a proceso el día 17.
Tras cuatro horas de reunión, Suástegui Muñoz salió a decir que el encuentro fue “complicadísimo y ríspido”, pero se logró que los trabajadores no fueran expulsados de las playas.
La última manifestación masiva que encabezó el representante del Tuderpi fue el 25 de marzo de 2025, en la que insistió los miles de pres-tadores de servicios turísticos que marcharon en la avenida Costera fueran incluidos en el proyecto Acapulco se Transforma Contigo para convertir al municipio en un Centro Integralmente Planeado (CIP), dado a conocer por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en enero de ese mismo año.

“Tenían mucho miedo de que Marco Antonio dijera algo”

Sobre un camastro colocado arriba de la batea de la camioneta azul de Suástegui Muñoz, su esposa lo trasladó al hospital privado Aqua ubicado en la zona turística de la playa Condesa en la avenida Costera, donde el herido pedía a gritos que le dieran oxígeno mientras que el personal del nosocomio ponía “trabas” a su ingreso por la falta de doctores y el pago de la atención.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, contactó al subsecretario Rodríguez Cisneros, quien mandó al delegado regional de Gobernación, Osiel Morales Nava, a encargarse de todos los gastos médicos.
Suástegui Muñoz, un hombre corpulento de 49 años, recibió tres balazos de una pistola calibre 9 milímetros, uno pegó en el hombro, otro en el tórax y el tercero en el estómago, los dos primeros no representaron mucho peligro, pero el tercero explotó por dentro y le dañó cinco órganos: el estómago, la vesícula, el intestino, el pulmón y el bazo.
La vesícula y el bazo fueron extirpados, el pulmón fue suturado y una “gran parte” del estómago y del intestino fueron cortados en la primera operación de tres que tuvo durante la semana.
El hospital y todo el estado carecían de un aparato especial de hemodiálisis que el herido necesitaba por el daño a los riñones; el nosocomio tampoco tenía sangre para realizarle las transfusiones, por lo que Tlachinollan gestionó su traslado a la capital del país, pero la dirección del Aqua indicó que no iba a aguantar el trayecto.
Durante su hospitalización, varios individuos se acercaron a Pérez Hernández para preguntarle “si Marco hablaba, como que tenían mucho miedo de que Marco Antonio dijera algo, que hablara, hasta el mismo director del hospital me dijo ‘señora, están pasando cosas raras aquí, vienen a preguntar por la condición de salud de su esposo’”; policías estatales y guardias nacionales dijeron que “su comandante quiere saber del estado de salud”.
El 25 de abril estaba programada una cuarta operación, “pero el doctor en cada operación que hacía tenía que recortar más el intestino porque me dijo que cuando él cortó, no cicatrizó, se necrosó más y pues ya no quedaba más de intestino”, y más del 50 por ciento fue removido y murió.
Pérez Hernández sostuvo que Harold atacó al vocero del Cecop porque “alguien le dio la orden a este asesino, no actuaron solos como (el subsecretario) Francisco Rodríguez le había dicho a Vidulfo (Rosales, en ese entonces abogado de Tlachinollan y actualmente secretario de estudio y cuenta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz), que habían discutido (Harold y Suástegui Muñoz)”.
“Que habían salido mal, ‘ya ves cómo es Marco Antonio con ese temperamento agresivo’, a mí me lo dice Vidulfo cuando yo lo veo”, rememoró de los primeros días tras el atentado.
Pérez Hernández quería presentar la denuncia en la FGR porque no confía en la FGE, además “Francisco Rodríguez ya estaba haciendo un cochinero con el caso, que porque discutió con alguien”.
–¿Tú por qué crees que le dijo eso Francisco a Vidulfo?
–Pues para que no se investigara a fondo, para decir que fue un pleito y ya.

El gobierno federal, no el estatal, detuvo al grupo de Zamora, subraya

Tlachinollan ha señalado que Harold pertenece a la red de extorsión que lideraba Zamora Cervantes, cuya detención forma parte de la carpeta de investigación del asesinato del vocero del Cecop, quien los había denunciado por amenazas. Antes de estas aprehensiones, Barrera Hernández dijo a El Sur que Suástegui Muñoz se encaró en público con el grupo criminal Los Rusos sobre las extorsiones que hacía en esa área turística de Acapulco.
Salvo el último trimestre de 2023, la Plataforma Nacional de Transparencia registra ininterrumpidamente de julio de ese año a septiembre de 2025 a Zamora Cervantes como asesor del Ayuntamiento de Acapulco encabezado por la actual alcaldesa con licencia y aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura, Abelina López Rodríguez, quien dijo a reporteros que “una relación administrativa no significa tener complicidad”.
Se le preguntó a María de Jesús Pérez Hernández su valoración del arresto del grupo de presuntos extorsionadores y atajó: “la detención de los 11 dizque líderes no fue por parte del gobierno del estado de Guerrero, fue del gobierno federal, el gobierno del estado conoce, conocía, los ubica bien quiénes son estos tipos seudolíderes, y los dejaba”.
“Si no hubiera intervenido el gobierno federal con la detención, hasta la vez estuvieran haciendo y deshaciendo”.
Señaló que detrás del asesinato del vocero del Cecop hay “una cadena que no termina con la detención de las 11 personas que se llevaron, porque no se ha acabado, la playa sigue igual, quitan, pero ponen a otro porque no dan, no atacan, es una cadena grande”.