Integrantes de al menos una decena de organizaciones sociales y asociaciones exigieron la salida del Ejército y las policías estatal y federal de La Concepción, la liberación del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, y de 37 personas más; y que detengan el hostigamiento contra el movimiento que se opone a la construcción de la presa La Parota en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
En conferencia de prensa en una oficina de la delegación de los Servicios Educativos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez, el vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Sabás Aburto Espinobarro, señaló que el gobierno quiere desaparecer las policías comunitarias porque se oponen a la presa.
Cuestionó la omisión de las autoridades en investigaciones de asesinatos múltiples, como el ocurrido el año pasado en San Pedro Cacahuatepec o de líderes de izquierda.
Sin embargo, advirtió que “no podrán con la CRAC ni con el Cecop”, porque se sumarán más comunidades, pues fundamentan su conformación en la incapacidad del gobierno de garantizar la seguridad de sus habitantes.
“No somos filiales al gobierno, al partido que nos gobierna a nivel federal y estatal.  No es nada accidental (la irrupción), sino provocada para ir sobre las comunidades que están organizadas para defender sus derechos”, acusó Aburto Espinobarro.
Aclaró que La Concepción es parte de CRAC-PC desde 2013 y en 2014 ratificaron la conformación de más de 30 comunidades.
Añadió que el Cecop, liderado por Marco Suástegui, es parte de las organizaciones que están promoviendo la reforma de la Constitución de Guerrero, los artículos 8 y 14, y la reforma 701 detenida en el Congreso local.
Lo ocurrido, dijo, es para detener el avance de las organizaciones que empoderan a las personas, pues aunque “de concientización lenta”, buscan promover una lucha pacífica sin confrontaciones armadas.
“La lucha es pacífica, de organización, de apoyo a la gente pero no de sumisión al gobierno, ni de domesticación del gobierno. Nos quiere aplacar el gobierno, porque tenemos más de 200 comunidades incorporadas a la CRAC. Queremos que todo el mundo sepa, que se informe a la gente. El gobierno tiene mecanismos para desprestigiar a las comunidades”, expresó el vocero de la CRAC-PC.
Abundó: “La misión que llevaba Iván Soriano Leal, de matar a Marco Suástegui y luego de ‘rescatarlo’, le ha costado a la comunidad 11 vidas, de eso responsabilizamos al gobierno. No hubiera pasado eso. Por qué (el gobierno) no hizo lo mismo cuando mataron a 11 personas en San Pedro Cacahuatepec. Iván Soriano Leal fue cómplice de Eliseo Villar Castillo cuando fue coordinador infiltrado de la CRAC-PC en 2013 y 2014, y cometieron un fraude por un monto de 740 mil pesos e Iván Soriano dijo que era teniente y guarura del Enrique Peña Nieto, manejó formatos con logos de Sedena. Esa persona está comisionada para hacerle daño a la CRAC. ¿Por qué lo liberaron?, ¿por qué fue a Cacahuatepec? Él maneja tres nombres, credenciales con diferentes cargos y está protegido, eso nos da la seguridad de que estamos en la mira del gobierno federal para ir acotando a la CRAC-PC, pero nunca podrán contra la CRAC porque es un proyecto sostenido por las bases de las comunidades”.
Continuó: “tampoco podrá con Cecop. No se va a arrodillar, no va a abandonar sus tierras, así tengan a Marco Antonio toda la vida (encerrado), estamos seguros que la Cecop va a contar con el apoyo de otras organizaciones solidarias en el estado y en el mundo”.
Cuestionó la omisión de las autoridades en investigaciones de asesinatos múltiples, como el ocurrido el año pasado en San Pedro Cacahuatepec o de líderes de izquierda.
En la conferencia, representantes señalaron también que quieren desaparecer a las autoridades comunitarias, para que “entre el narcopoder” a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, a donde aseguraron, el gobierno no ha podido garantizar la seguridad de sus habitantes, de ahí que se organicen.
El integrante del Cecop, Rodolfo Chávez, advirtió que con la detención de las 38 personas en La Concepcion, la Policía Comunitaria tiene que renovarse “para impedir que entre el narcopoder a los Bienes Comunales, porque son juntos, uno solo, aquí todos sabemos y hasta el obispo lo ha dicho que están coludidos”.
Advirtió que impedirán que entren en función las zonas económicas, pues aseguró que están diseñadas para desplazar a los habitantes originales de esas tierras.
“Las Zonas Económicas Especiales, que tienen como proyecto federal, en este caso en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, dijeron que son para abrir espacios para las empresas fundamentalmente trasnacionales, pero sin indios y aquí no lo vamos a permitir. Son espacios para dejar que entren empresas transnacionales y quitar todos los obstáculos que tengan, porque el Cecop es un obstáculo, pero no lo vamos a permitir, ni la privatización de la tierra, ni la privatización del agua, ni del territorio, ni de los Bienes Comunes”, expresó el fundador del Cecop.
Comentó que la reforma energética basa sus leyes secundarias en que la tierra, prioritariamente es para quien encuentre petróleo y para la generación de energía eléctrica.
Advirtieron que no permitirán la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, aunque su oposición y defensa de sus tierras, les cueste la vida.
En la conferencia estuvieron la representante de la Comisión Política de la CETEG, Adulfina Mendoza Vázquez; de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Ernesto Guerrero Cano; del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Raymundo Díaz; así como representantes de la Unión de Trabajadores de México, del Sindicato de Telefonistas, de docentes jubilados, y Construcción de Paz.
Anunciaron que el próximo viernes realizarán reuniones informativas en Tlapa, San Luis Acatlán, Ometepec y Ayutla.

Castigo a policías: MPG

En una llamada a El Sur, el integrante del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) en Tlapa, Arnulfo Cerón Soriano, expuso que junto con organizaciones se pronunciaban en contra de lo sucedido en el poblado La Concepción.
Dijo que en una reunión junto con integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), región Montaña; del Colectivo El Grito; Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña; del Frente Popular de Tlapa y padres de los 43 normalistas desaparecidos, acordaron fijar una postura sobre lo sucedido en La Concepción.
“Repudiamos totalmente el asesinato de los cinco policías comunitarios y también, por otra parte, condenamos la represión mediante la detención que hicieron de más de 30. Como organizaciones sociales de la Montaña exigimos su inmediata libertad, entendemos que hoy, pues el gobierno quiere justificar lo injustificable cuando alega o menciona que éste fue un enfrentamiento”, señaló.
Expuso que cuando atacan a la policía comunitaria están atacando al pueblo de Guerrero, y que por ello exigen al gobierno del estado, encabezado por Héctor Astudillo Flores, que libere a los compañeros, castigue a los policías estatales que acudieron a reprimir y asesinar, y que cumpla con su trabajo.

Es un ataque a una organización emblemática: CCTI

Por su parte, el CCTI en un comunicado expresó su “más enérgica y rotunda condena” contra los hechos ocurridos el domingo en la comunidad La Concepción, de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Subrayó que a partir de la información disponible de los hechos y en el contexto de la región, la actuación principalmente de los gobierno estatal y federal han creado una nueva agresión y provocación a dos de las organizaciones más emblemáticas del movimiento social de Guerrero, CRAC-PC y Cecop.
Abundó que se debe recordar que en este caso, la policía comunitaria de Cacahuatepec está integrada en su totalidad por miembros del Cecop; es decir, por opositores a la presa La Parota, que se caracterizan por la defensa del territorio, la cultura y los usos y costumbres indígenas y campesinos.
“Igual que en 2013, cuando el gobierno de Ángel Aguirre agredió a la CRAC-PC de Olinalá, ahora el gobernador Astudillo pretende criminalizar a la experiencia que conjunta la defensa del territorio del Cecop y la CRAC-PC, y de paso dejarle el camino libre a la muy cuestionada UPOEG en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, así como facilitar el despojo y desplazamiento de los opositores a la presa”, resaltó.

Esclarecer y castigar a responsables de hechos pide Frente Progresista

Integrantes del Frente Progresista Guerrerense condenaron el asesinato de once personas en La Concepción, así como la agresión a reporteros, el allanamiento de viviendas y la criminalización de policías comunitarias.
Se pronunciaron contra la Ley de Seguridad Interior y anunciaron una parada cívica el próximo sábado en Acapulco, con la cual buscan informar a la población sobre el riesgo que representa dicha ley, pues viola derechos constitucionales y militariza la seguridad pública.
En conferencia de prensa en el edificio de La Coprera, ubicado en la avenida Ejido de Acapulco, exigieron el esclarecimiento de los hechos y “castigo ejemplar contra los autores materiales e intelectuales”. Exigieron también el cese en el cargo del secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Pedro Almazán González y del fiscal general, Javier Olea Peláez.
El ex presidente del PRD, Eloy Cisneros Guillén calificó de alarmante que en un año electoral ocurran ese tipo de acontecimientos, cuando también hubo un mayor numero de asesinatos de políticos y líderes de izquierda el año pasado.

Opositores a La Parota, en pie de lucha: Zeferino Ladrillero

En tanto el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) repudió y condenó la muerte de cinco policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
El coordinador del CDHZL, José Antonio Lara Duque, denunció que “la maquinaria de la seguridad nacional” asesinó ese día a ciudadanos al incursionar en las casas sin orden judicial y detener ilegalmente a 30 personas, violando sus derechos humanos y poniendo en riesgo su integridad física y emocional.
Lara Duque recodó que durante más de 15 años la comunidad de Cacahuatepec se ha mantenido en pie de lucha para detener el proyecto de la presa La Parota, pese a la represión, la violencia y la criminalización de los gobiernos estatal y federal (Con información de Agencia Proceso).