Karina Contreras

Al presentar las plataformas para que cualquier persona pueda ver archivos de la guerra sucia, integrantes de la organización Artículo 19 señalaron que el Estado sabe dónde están los desaparecidos de ese periodo de represión, y que es “preocupante todo el poder que se le está dando a las fuerzas armadas, incluso, en lo económico”.
Manifestaron que en la plataforma denominada Archivos de la Represión se puede ver una “partecita de la verdad desde la visión del Estado”, y que se tienen “muchos más archivos que son de las organizaciones, de colectivos de familiares, de colectivos de sobrevivientes”.
En su participación en un taller para alumnos de la maestría en Estudios de Violencia y Gestión de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), las integrantes de la organización no gubernamental informaron que son dos plataformas con archivos, uno nominado Archivos de la Represión y, el otro Archivo de la Resistencia, los cuales son inéditos, y aunque desapariciones se vivieron en todo el país Guerrero fue el “epicentro del terrorismo de Estado”.
En su intervención la oficial de Verdad y Memoria de Artículo 19, María de Vecchi, señaló que esos documentos son la prueba de que el “Estado sabe dónde están las personas, el Estado fue quien desapareció a esas personas y el Estado tiene que saber dónde está cada una de ellas y es su tarea regresar a cada una de ésas personas desaparecidas a su casa”.
Explicó que las desapariciones en la década de los sesentas tienen vigencia y conectan con el presente, con un país con más de 113 mil personas desaparecidas. “Tenemos más de 50 años con personas desaparecidas, pero también tenemos personas que son desaparecidas cada día y entender qué pasó en ese pasado nos hace entender el presente y ser más críticas con las cosas que están sucediendo como les decía la militarización”, dijo.

Dos años para reunir
documentos: Comverdad

Mientras que la coordinadora de Derecho a la Verdad de la organización, Jessica Alcázar Romero, dijo que la Comisión de la Verdad en Guerrero (Comverdad) se llevó dos años en reunir esos 310 mil documentos, lo cual está en su informe, y que el objetivo de subirlos a una plataforma es que no se pierdan los archivos de la represión, donde están publicadas tal cual como las entregó la comisión, es decir, “es un archivo integro”.
Agregó que lo más relevante es “democratizar el acceso a la información” y donde la gente podrá buscar en los archivos integros o buscar algo en específico. Dijo que el proyecto de digitalizar todos esos archivos de la represión tiene la finalidad de contribuir “al derecho a la verdad y a la memoria del periodo de violencia política y de represeión estatal ocurrido en México entre las décadas de 1960 y 1980”.
Alcázar Romero dijo que son archivos de una fuente oficial producidas por la Dirección General de Seguridad, la Dirección General de Investigación Política y Sociales y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre otras instancias policiacas, por lo cual son archivos muy importantes y en 2018 decidieron implementar esa plataforma dígital para contribuir al “derecho a la verdad para los familiares de las víctimas, para los sobrevivientes y la sociedad en general porque es un derecho que no ha sido garantizado y nos pareció importante hacer pública esta información”.
Explicó que en esas plataformas los que accedan encontrarán una serie de documentos para “entender el proceso de la represión en México. Nosotros decimos que en México, porque si bien la información no las dio la Comverdad y que era especifico de un mandato de Guerrero, la Comverdad tuvo la fortuna y también muy hábilmente lo que hizo fue investigar todo lo que había en el Archivo General de La Nación, donde extrajo información no sólo de Guerrero, tenemos información de muchas partes del país”.
Añadió que se podrán encontrar con informes, ficheros, planes contrainsurgentes, sobre todo en los ficheros donde se da un registro muy particular que tiene la Dirección General de Seguridad, es decir, “eran los resúmenes de los agentes a su superior”. Indicó que esto se da en un contexto donde la violencia sigue siendo muy aguda y “donde en el día a día se dan las desapariciones forzadas y hay un cero reconocimiento de lo que ocurrió en el pasado y es la crisis de la desaparición en el presente”.
Alcázar Romero indicó que por eso es importante saber lo que ocurrió y exigir que no vuelva a pasar. Señaló que cualquier persona puede tener acceso a esos archivos y muchos podrán pensar que esa política fue nada más en Guerrero, que fue un caso aislado, pero no: “en la realidad fue una política de Estado que violentó a todo aquel opositor y terminó siendo violencias estructurales en contra de los movimientos políticos y sociales”.
Dijo que como Artículo 19 han emprendido el trabajo de análisis y sistematización así como la catalogación de la información donde “hemos encontrado ciertos hallazgos que nos ayudan a conocer éstas lógicas”.
Precisó que la información que tiene en esos archivos algunos no pueden ser verídicios porque “fueron sacados con tortura o fueron elaborados para distorsionar los hechos. Siempre que haya una fuente oficial de cualquier fuente de archivo hay que tener esa distancia, sobretodo, estos documentos que son elaborador por las agencias gubernamentales que emplearon la represión en México.
“Sin embargo, creemos que estos documentos son la construcción y narrativa de las instancias represivas y contribuyen a comprender las lógicas de la violencia, las estructuras de la represeión y sobre todo el registro que ellos hicieron. No es casual que tengamos esa información, puede ser no totalmente verídica o fue sacada con tortura, pero también podemos darnos cuentas de la lógica de los registros”, manifestó la ponente.

El lenguaje de la represión

Jessica Alcázar Romero explicó el lenguaje que usaron para nombrar a ciertas personas o lugares y se confirmó el uso de palabras como “paquetes” que era utilizada para los detenidos-desaparecidos, “maleantes o gavillas” para nombrar a las personas opositoras por parte de la guerrilla. “Eso lo vamos a encontrar constantemente en los documentos”.
Otra palabra encontrada constantemente es “abastecedores”, así se les llamaba a las personas que eran simpatizantes o a veces poblaciones donde llegaba la guerrilla. También “paquetes abastecedores” que quería decir que detuvieron o desaparecieron a alguien simpatizante de la guerrilla o que sospechaban que esta con ellos.
Otra palabra es “rastrilleo” que no solo se va utilizar con la operación militar sino de pasar por una comunidad, ocuparla y “peinar la zona para que no haya simpatizantes ni personal de la guerrilla lo que significaba una ocupación militar lo cual muy vivida aquí en Guerrero”.
Planes contrainsurgentes

La coordinadora de Enlace de Derecho a la Verdad, Juana Marisol Garzón Rivera, al explicar la plataforma, dijo que se podrá encontrar planes de operación contrainsurgencia como por ejemplo “Operación Telaraña”, “Operación Luciérnaga”, “Operación Rastrilleo” y “Operación Atoyac”, todas en Guerrero. “Es muy importante porque justamente el Estado y el Ejército, en particular, ha negado la existencia, la perpetración de estas operaciones militares y ahí están”.
Dijo que si bien en trabajo de la Comverdad se enfocó sobre la represión en Guerrero también documentó otro tipo de cosas como la “Operación Diamante” que fue en Chiapas, la “Operación Nepantla” en el Estado de México, es decir, “hay documentos de todo la estrategia represiva en todo el país, aunque si bien esta golpeó de manera, digamos más cruda y no es que minimice lo que pasó en otros estados, pero Guerrero fue, digamos, el epicentro del terrorismo de Estado”.
La documentación que hay también da cuenta de otras operaciones en otros lugares y de acuerdo al análisis, sistematización y catalogación de la información han encontrado diferentes documentos que dan cuenta de cómo fue la contra insurgencia y otros tipos de planes y operaciones, sobre todo militares, porque el Ejército fue uno de los principales perpetradores de esas acciones represivas de aquella época, pero también otras instancias gubernamentales.
“Hemos encontrado otros documentos que nos dan cuenta precisamente de las violaciones graves a los derechos humanos, que si bien no dicen específicamente ‘desaparecimos, detuvimos’, pero con este análisis nos damos cuenta que se trata de ese tipo de documentos, que ellos mismos tenían.
“Ellos no iban a nombrar con todas sus letras que desaparecieron o torturaron (personas) con todas sus letras, pero sí por ejemplo en estos documentos que tratan sobre detenciones y procesos, ya sea judiciales, es decir, procesos legales de que sí se presentaban ante el Ministerio Público también hemos encontrado procesos extrajudiciales”.
Añadió: “Recordemos que si bien este periodo se le conoce como guerra sucia, también hay que hablar de terrorismo de estado, es decir, prácticas que hizo el estado como parte contra la intrainsurgencia, pero que fueron prácticas ilegales o clandestinas, hemos encontrador este tipo de procesos”.