Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, informó que atienden a 755 familias, que suman 2 mil 573 personas víctimas de desplazamiento interno forzado a causa de la violencia provocada por la delincuencia organizada y la falta de presencia de las fuerzas armadas, y reconoció que no hay dinero etiquetado para atender a este sector vulnerable, a partir de la desaparición por parte del gobierno federal del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
En su informe leído ante el pleno del Congreso local como parte de la glosa por el primer año de gobierno de Evelyn Salgado Pineda, el encargado de la política interna de Guerrero dijo que destinaron un presupuesto de 5 millones 300 mil pesos para entregar apoyos y fortalecer las condiciones de vida de las víctimas de desplazamiento forzado.
Reynoso Núñez reconoció que para atender a las víctimas de desplazamiento “no hay un presupuesto asignado, anteriormente, hasta antes de la desaparición del Fonden, la atención se daba a través de este fondo, se daban los apoyos emergentes que se dan en un primer momento”, y posteriormente se atiende a través de la secretaría de Gobierno con apoyo alimentario y ahora se pide la atención de todas las dependencias.
Por Morena la diputada Yoloczin Domínguez Serna preguntó al secretario, que tan efectivas han resultados las acciones para atender a las personas desplazadas y cuáles son los resultados. En respuesta, Reynoso Núñez dijo que hasta hace un par de años por parte del Estado mexicano no se tenía reconocimiento de este fenómeno que afecta a parte importante de los ciudadanos.
Y destacó que durante el primer año del actual gobierno no se han generado nuevos casos de desplazamientos en el estado y se trabaja con los que se generaron desde 2011 hasta 2020, “el camino para tratar adecuadamente el desplazamiento forzado en el país es todavía muy largo”. En el caso de Guerrero se tiene una ley de 2014, la cual nunca se reglamentó y debe ser actualizada.
Afirmó que lo que ha evitado nuevos casos de desplazamiento forzado interno es “el trabajo que hacen las instituciones de seguridad… de las instituciones del estado en materia de bienestar social”.
Y que en Guerrero este fenómeno se genera a partir de la violencia generada por la delincuencia organizada. Se refirió a los municipios de Tierra Caliente como San Miguel Totolapan, Zirándaro, Coyuca de Catalán, así como de la región Norte y Cent. Mencionó a Buenavista de Cuéllar, y Chichihualco, en todos estos casos hubo una “violencia generalizada que se exacerbó”.
En el caso de la secretaría que representa, Ludwig Reynoso afirmó que les toca la primera atención que es la ayuda humanitaria, y destacó que “hay 914 personas retornadas a sus hogares que conforman en 241 familias de las comunidades de Quetzalcoatlán del municipio de Zitlala, San Rafael del municipio de Zirándaro y Zihuaquio del municipio de Coyuca de Catalán”. En este último caso recordó las afectaciones a la infraestructura que realizaron estos grupos criminales, por lo que tienen diferentes tipos de apoyos.
Mientras que los otros casos como Tondonicua del municipio de Petatlán, Tepango y la Unión de Ayutla de los Libres que decidieron no retornar a sus comunidades.
Ludwig Marcial Reynoso planteó a los diputados que existe la “necesidad de contextualizar la norma jurídica a la realidad que estamos viviendo, cómo involucramos también a los municipios del que sale la gente y del que recibe también”, porque los municipios expulsores “se desatienden de problema” y planteó que en la legislación se establezca precisamente la responsabilidad de estos para que participen en la atención.
Del PRD, Carlos Reyes Torres preguntó a Reynoso Núñez sobre las acciones para evitar el desplazamiento interno. El funcionario dijo que en seguridad se ha avanzado para evitar esta movilidad forzada con la presencia de “las fuerzas del orden federal para retomar territorios que prácticamente no tenían la presencia del estado”.
Las personas reasentadas son 173 que integran 42 familias de la Tondonicua del municipio de Petatlán, Tepango y la Unión de Ayutla de los Libres, las cuales reciben apoyo del gobierno estatal; mientras que mil 486 personas que integran 472 familias de las comunidades de Ahuihuiyuco y Tepozcuautla de Chilapa de Álvarez, el Ocote del municipio de Apaxtla, Tlaltempanampa del municipio de Zitlala, las Conchitas de Leonardo Bravo y Linda Vista del municipio de San Miguel Totolapan permanecen en espera de poder retornar a sus lugares de origen o el reasentamiento.
Sin embargo tienen pendientes con algunas comunidades de desplazados, las que tienen conocimiento de que existen, pero que no han tenido contacto con ellas, y trabajan actualmente con 16 grupos.
La priista Alicia Zamora Villalva cuestionó si las despensas, visitas institucionales, paquetes de láminas y cemento son un trato suficiente para las víctimas.
Marcial Reynoso señaló que hay distintas etapas de atención a los grupos de desplazados, y que después de la atención emergente hacen un seguimiento a las víctimas, y ejemplificó que quienes retornan a los lugares de donde fueron desplazados se les otorgan apoyos en vivienda, proyectos productivos y rentas de terreno, entre otros.