En el dictamen para atender la violencia de género contra las mujeres en Guerrero, el Grupo de Trabajo que analizó las acciones del gobierno para resolver el problema de violencia feminicida, señaló irregularidades y preocupación por el manejo del presupuesto para el tema.
Por ejemplo, indicó que la Fiscalía General del Estado pagó 450 mil pesos a la Fundación del Bosque por un curso sobre derechos humanos, pero la factura dice que dicha fundación es una clínica para la atención de adicciones, sin  relación directa con el tema de derechos humanos y género.
Cuestionó que la sicóloga que impartió el curso no labora en la fundación, y que de tres días de capacitación reportados en la factura, la FGE sólo presentó información de uno.
En el sector Salud,  el Grupo dijo que es positiva la compra de diversos medicamentos tales como antibióticos profilácticos y pastillas para anticoncepción de emergencia, por un millón 599 mil 998 pesos. Sin embargo cuestionó que en el informe no hay referencias ni evidencias de los inventarios del mencionado material que haya sido entregado a los hospitales generales y en específico a los municipios en los que se ha solicitado la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres.
Denunció también que a la capacitación para profesionalizar a los funcionarios públicos, con una inversión mayor a 10 millones de pesos, “le falta planificar y diseñar mejor sus programas a través de la conformación de metodologías educativas y pedagógicas específicas”.
De esta capacitación, el gobierno informó que a través de a Secretaría de Mujer se implementó el Programa para Trasnversalizar la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de la Mujer, en el Ejercicio fiscal 2015 con un financiamiento de 4 millones 979 mil 340 pesos, que entre otras cosas, fue utilizado para 67 talleres en materia de género.
Además, en el marco del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (en adelante, PAIMEF) el gobierno gastó con 10 millones 672 mil  270 pesos de la Secretaría de Desarrollo Social, en una serie de cursos que se implementaron en 2016.
Entre otros indicadores, el dictamen publicado en la página oficial de Conavim, dice que de 2009 a 2016 el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género del sector Salud, hizo 7 mil 156 números avisos al Ministerio Público, bajo el formato número 1 de la NOM 046-SSA2-2005.
Es decir, médicos que detectaron indicios de violencia en pacientes (incluye violaciones sexuales), aplican un cuestionario y dan aviso a las autoridades judiciales.
De estos, 131 corresponden a casos de mujeres con discapacidades y 544 a mujeres menores de edad.
Sin embargo, pidió a las autoridades estatales que los registros se realizan de manera sistematizada, “para obtener los datos desagregados que permitan medir y comparar los casos atendidos en cada ejercicio anual”.
Uno de los indicadores de las recomendaciones del GT que dio seguimiento a la solicitud de Alerta por Violencia de Género contra mujeres (decretada el jueves) fue la creación de una base de datos única, integrada y actualizada con información de casos de violencia contra las mujeres, tanto de víctimas como de personas agresoras.
La base de datos tendría que ser alimentada con la información de todas las instancias (estatales y municipales), involucradas en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Otro indicador del poco avance en la seguridad de las mujeres, es que a la fecha no se ha reportado una sola orden de protección (medidas cautelares) para mujeres en situación de riesgo.
La presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia de las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, informó que ayer se reunió la comisión de vinculación de las organizaciones sociales del Sistema estatal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Ahí, las organizaciones pidieron que el sistema convoque a una sesión extraordinaria de inmediato para atender las demandas de las dos alertas de género declaradas en el estado, por el gobernador Héctor Astudillo Flores el miércoles,  y la Conavim, el jueves.
Aclaró que la próxima sesión estaba prevista para agosto, sin embargo, el gobierno estatal tiene diez días para elaborar un cronograma y programa de trabajo con presupuesto de las acciones recomendadas por la Conavim.