Opina la ministra de la Suprema Corte de Justicia que el reto para el poder judicial, es lograr un punto de equilibrio entre poderes “contra la actuación arbitraria del Estado”

Aurelio Peláez

El Poder Judicial de la Federación “ha jugado un destacado papel, incluso, antes de las elecciones de julio del 2000, en la resolución de algunos asuntos trascendentales para la vida del país, no sólo como motor de cambio, sino como freno a los excesos del autoritarismo que aún priva en el país”, afirmó ayer la ministra Olga Sánchez Cordero.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia, quien clausuró ayer aquí los trabajos del Foro estatal sobre una reforma integral y coherente del sistema de impartición de Justicia en el estado mexicano, sostuvo además que en el país el tema de la politización de la justicia es un asunto de regímenes pasados, y señaló que ahora algunos hablan de una “judicialización” de la política, extremos que dijo, no son deseables en un sistema democrático.

El reto para el poder judicial, señaló, es situarse en un punto medio de equilibrio entre poderes, que impida la actuación arbitraria del Estado.

En su ponencia, El poder judicial en tiempos de cambio (democrático), la magistrada se refirió al tema de la Controversia Constitucional como uno de los elementos que ha permitido a la Suprema Corte convertirse en un árbitro entre los poderes del estado.

Sánchez Cordero recordó que la controversia constitucional nació justo con ese objetivo en 1917 y fue establecida para dirimir conflictos que surgieran entre los órganos de gobierno y, más aún, entre los poderes del estado.

Sin embargo, escasas fueron las controversias constitucionales suscitadas durante la vigencia del artículo 105. En virtud de las reformas constitucionales de diciembre de 1994 se dotó al Poder Judicial de la Federación de nuevas atribuciones y estructura y se estableció otro mecanismo de control constitucional adicional al Juicio de Amparo y la Controversia constitucional. Este medio de control constitucional fue la Acción de Inconstitucionalidad.

Con motivo de esta reforma, recordó, las controversias constitucionales adquirieron un mayor auge. Así, de enero de 1995, fecha en la que entró en vigor la reforma constitucional, al 8 de junio de 2004, se habían presentado 829 controversias constitucionales; 209 acciones de inconstitucionalidad y 749 recursos de inconstitucionalidad.

Estas cifras demuestran que el avance en el uso de este medio de control ha sido más que significativo, y comentó que en el pasado, los problemas políticos del país fueron resolviéndose de diversas maneras, pero no a través de un procedimiento jurisdiccional. Con las reformas, la Suprema Corte se perfiló como un árbitro jurisdiccional que dirime conflictos que antes no eran resueltos por esa vía.

De esta manera, el Poder Judicial de la Federación ha venido jugando un destacado papel, incluso, antes de las elecciones de julio del 2000, “con su actuación en la resolución de algunos asuntos muy delicados, casi me atrevería a decir trascendentales para la vida del país. No sólo como motor de cambio, sino también, de manera muy importante, como freno, no del cambio, sino de los excesos del autoritarismo que, siempre debe reconocerse, aún priva en muchos de los campos en que nos movemos”.

Afirmó que “con ello ganaremos todos, porque la confianza ciudadana se verá incrementada, tanto hacia los que impartimos justicia, como hacia los que la buscan, que son nuestra razón de ser. De otra forma, la opacidad del derecho, la oscuridad en su ejercicio y discusión, generará opacidad de la democracia, opacidad social y esa opacidad social una etapa de oscurantismo de la que muy difícilmente podremos escapar”, sostuvo.