José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, el morenista Joaquín Badillo Escamilla, informó que en la cuenta pública de 2022 el Ayuntamiento de Acapulco sí entregó información de cómo utilizó los recursos federales, por lo que consideró “extrañó” que la alcaldesa, la también morenista Abelina López Rodríguez, se niegue a hacer lo mismo en la correspondiente a 2023.
El conflicto entre la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la alcaldesa de Acapulco inició el año pasado, porque el órgano fiscalizador local exigió al Ayun-tamiento que presentara la compro-bación del gasto correspondiente a 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura municipal (FAIS), para analizar la Cuenta Pública 2023.
El Ayuntamiento de Acapulco negó la información al argumentar que sólo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) está facultada para fiscalizar recursos del presupuesto federal.
Tras ese desacato, el titular de la ASE, Marcos César Paris Peralta anunció que no habrá prórroga y turnará este lunes denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal de Justicia Adminis-trativa, para que dicten las sanciones y responsabilidades penales y administrativas correspondientes.
En entrevista, Badillo Esca-milla, quien preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sostuvo que una vez turnado el caso a los tribunales y a la FGE, el Con-greso ya no tiene competencia para revisar el caso y dichas autoridades, como órganos autónomos, tendrán que determinar quién tiene la razón y las sanciones correspondientes.
Informó que hasta el 2022, pese a irregularidades por 700 millones de pesos, que después de ser subsanadas se redujo a 20 millones de pesos, el Ayuntamiento de Acapulco entregó todos los documentos de su cuenta pública, incluido el presupuesto federal que es el que este 2023 se niegue a que le audite la ASE.
“En el municipio de Acapulco, en el 2022, estando la misma administración, la misma presidenta municipal, no sé si el mismo equipo financiero y contable, eso no lo no sé, pero dieron la información, que aunque fue un resultado no perfecto, fue aceptable; de tener que comprobar 700 (millones) al final quedaron 20 pendientes, y no hubo problema alguno, no hubo amparo, quejas, por lo que me parece irrisorio lo que está pasando con la información del 2023”.
El diputado, cercano al senador Félix Salgado Macedonio, y a su hija la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, consideró que la fiscalización no es un tema político sino administrativo y tiene que resolverse en las instancias competentes.
También consideró ilógico el argumento de López Rodríguez de querer ser fiscalizada por la ASE por tratarse de presupuesto federal del FAIS, conocido como el ramo 33, porque de ser cierto dicha justificación la ASE solo comprobarían cinco centavos de cada peso del presupuesto que llega a Guerrero “Cómo vamos a diferenciar el recurso federal, del recurso estatal y municipal, si Guerrero por cada peso 99.5 centavos en recurso federal, entonces me digo que no habría razón de ser de ninguna auditoría y órganos de control porque todo es federal, entonces solo auditaríamos 0.5 centavos en todo el estado”.
Badillo Escamilla aseguró que detrás de la discusión no hay un tema de golpeteo político, sino de que cumpla con sus responsabilidades administrativas y también los principios de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
“A mí me parece extremadamente fuera del lugar, que todos los entes fiscalizables, absolutamente todos, incluidos los 85 municipios, los tres poderes y todos los OPD (Organismos Públicos Descentralizados), son auditados y se les dan los resultados”.