En su comparecencia ante diputados, el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, anunció que en dos semanas dará información sobre los responsables del asesinato del presidente del Congreso del Estado, Armando Chavarría Barrera, tras revelar que hubo indicios y pruebas periciales que anteriores fiscales no tomaron en cuenta.
Ayer el fiscal acudió al Congreso a comparecer ante integrantes de la Comisión de Justicia, a la que asistieron los legisladores de la Comisión de Seguridad y de la Junta de Coordinación Política, en la Sala José Francisco Ruiz Massieu.
Dijo que en el caso del asesinato del entonces presidente del Congreso Armando Chavarría Barrera, ocurrido el 20 de agosto del 2009, encontró un expediente muy grande y sin trabajar.
Dijo que a su llegada a la Fiscalía encontró cinco hipótesis de las causas del asesinato, de las cuales se quedó con una y es en la que ya tienen identificados a los presuntos autores materiales e intelectuales.
Dijo que a pesar de que las conclusiones a las que llega la Fiscalía no serán “del todo satisfactorias” él está cumpliendo con su deber, y que en dos semanas dará resultados.
Afirmó que como Fiscalía no realizará ninguna investigación o imputación fuera de la ley, y apuntó que si nos obsequian órdenes de aprehensión, con un “grupo especial de inmediato realizaremos las detenciones correspondientes”.
Javier Olea comentó que en la investigación hay indicios y pruebas periciales que anteriores fiscales no tomaron en cuenta, y que consideró fundamentales.
Se refirió incluso a que ni siquiera la trayectoria de los disparos estaban considerados, por lo que hay investigaciones contra agentes del Ministerio Público y policías por obstruir la aplicación de justicia.
El fiscal le respondió al diputado panista Iván Pachuca Domínguez, a quien le dijo que de todos los ex procuradores, a excepción de Martha Elba Garzón Bernal, ninguno investigó nada del caso del asesinato de Armando Chavarría Barrera.
Sin embargo “por estrategia” no reveló los nombres de los implicados en el asesinato del entonces presidente del Congreso local.
En ese caso dijo que el Congreso local será el primero en saber quiénes son los asesinos. Por su parte la diputada perredista María del Carmen Cabrera, dijo que no se vale jugar con ese tema, más si no se tienen los elementos concretos para cerrar con el capítulo negro de Guerrero.
Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Silvano Blanco de Aquino, le exigió al fiscal que cuando vaya a declarar en torno al asesinato de Armando Chavarría, su conclusión no sea señalar como responsable del homicidio a un grupo guerrillero o un asunto pasional como ya se ha intentado responsabilizar antes.
Pidió que no se fabriquen culpables, porque afirmó que a Armando Chavarría “lo mato la élite del poder de Guerrero y eso nos queda muy claro”.
Recordó que nadie cuidó la escena del crimen afuera de la casa del entonces presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local “estando a 5 minutos de la Procuraduría”
Y continuó: “esta élite del poder precisamente asesina a Armando nueve días antes de que a Armando lo destaparan como precandidato a gobernador, es decir la idea era detenerlo para que no fuere gobernador del estado de Guerrero”.

Sí fue policía estatal el asesino del abogado de Moerna en Tixtla

Respecto al asesinato del líder de Morena en Tixtla, Eduardo Catarino Dircio el fiscal apuntó que la FGE realizó una “minuciosa investigación científica y jurídica”.
Recordó que en un primer momento la familia del abogado no permitió que se realizara la necropsia. Sin embargo, después del sepelio, la viuda del abogado como testigo ocular, “ayudó a rendir entrevista ministerial personalmente con el suscrito”.
Autorizó la exhumación del cuerpo de su esposo para desahogaran pruebas periciales también dentro y fuera de su casa donde ocurrió el asesinato.
Pero la viuda no podría reconocer al policía que asesinó a sus esposo porque en ese operativo los uniformados utilizaron pasamontañas, por lo que la FGE indagó qué policías estatales ingresaron a la casa de Eduardo Catarino.
Según lo explicado por el fiscal, fueron 20 policías los que entraron a la casa del líder de Morena, y a pesar de que se citó a todos “ante el Ministerio Público solamente declararon 19, se solicitaron a la Secretaría de Seguridad Pública las armas de cada uno de los policías y de los análisis periciales se advierte científicamente que efectivamente una de ellas privó de la vida a Eduardo Catarino Dircio. Por lo tanto, el día de hoy se está solicitando al órgano jurisdiccional que corresponda con las pruebas científicas suficientes la orden de aprehensión en contra del presunto responsable”.
Pero el fiscal sugirió que el responsable del homicidio no está ubicable para la FGE, porque advirtió que si se les otorga la orden de aprehensión, entonces podrán iniciar un operativo para su búsqueda.
En ese tema, la diputada de Morena María de Jesús Cisneros Martínez, pidió una explicación clara y fehaciente del avance de las investigaciones, y le preguntó: “¿Por qué el arma “sembrada” se desvinculó de la investigación? ¿Con qué propósito, quién lo ordenó? ¿Qué medidas de protección se han decretado para salvaguardar a su familia y el testimonio de su esposa?”.
Preguntó también qué pasa con los otros casos en los que los policías, al intentar la detención de un presunto delincuente, no agotan el protocolo “ni dan advertencias de la intención de detener o el interés de capturar a una persona viva, se ordena dispararle o como dice usted “darle pa´bajo” y yo pregunto: ¿Quién ha dado esas órdenes? ¿Acaso se promete protección e impunidad a quien dispare en contra de un presunto infractor de la ley, aunque éste se encuentre desarmado y no represente un riesgo para la policía?”.
La diputada de Morena fue la única que preguntó por el caso de la detención y desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el 26 y 27 en septiembre de 2014 y qué medidas ha realizado la Fiscalía “para tutelar la labor de periodistas”.
Finalmente le preguntó: “¿Por qué no renuncia licenciado Javier Oléa Pelaez?, ya como abogado no puede apostarle a estar peor que como está”, y “¿No sería mejor que en un arrebato de honestidad se fuera?”.
Ante los llamados de los diputados a que renuncie a su cargo de fiscal, incluido el de Ricardo Mejía Berdeja, Javier Olea dijo que tiene muchas cosas por hacer en la FGE, a pesar de la insuficiencia de recursos materiales y humanos.
En ese mismo tema, el diputado Mauricio Legarreta Martínez  dijo que la renuncia que se pide del fiscal no es una opción y que por el contrario consideró necesario que la Fiscalía tenga el apoyo del Congreso para etiquetar más recursos y ésta pueda actuar.
Durante la comparecencia, el fiscal habló de los constantes “diarios” señalamientos que el coordinador de los diputados de MC realiza en su contra y manifestó preocupación y lo cuestionó por no conocer al estado porque no es guerrerense.
Mejía Berdeja dijo que estaba acostumbrado a las bravatas y también a “enfrentar a corruptos” y criticó a Javier Olea por utilizar un lenguaje “propio de delincuentes” y le advirtió que si no renuncia “vamos a promover un juicio político en su contra”.
El fiscal y el diputado se enfrascaron en una discusión en la que cada uno habló de su trayectoria y descendencia. Finalmente, el tema terminó con la burla del diputado panista Iván Pachuca Domínguez, quien le dijo al fiscal que “si el diputado Berdeja le saca la lengua es algo que a nosotros nos interesa”, y les pidió que se centraran en la comparecencia y los temas que le interesan a los guerrerenses.

Las policías de Acapulco y Zihuatanejo están infiltradas

Javier Olea dijo que la las policías de Acapulco y Zihuatanejo están infiltradas por la delincuencia.
En el caso de Acapulco dijo que hay 40 bandas delictivas, pero las más grandes son cuatro, “entre esas bandas existe una confrontación tremenda y por eso los múltiples homicidios, que se dividen en dos sectores, unos son de delincuencia organizada y otros simples homicidios”.
En Zihuatanejo están operando dos bandas delictivas y está ingresando un cartel fuerte desde Michoacán, dijo el fiscal.
Dijo que tiene dinero y tiene socios en Guerrero para el trasiego de drogas a Estados Unidos por el Pacífico, “hay violencia en Zihuatanejo, pero hay imposibilidad fáctica por la falta de elementos en todas las cabeceras municipales”.

La corrupción sigue en la Fiscalía, le señalan

Diputados como Silvano Blanco se burlaron de lo dicho por el fiscal en el sentido de que la corrupción de los ministerios públicos y de los agentes ministeriales de la Fiscalía se ha reducido en un 50 por ciento porque afirmó que ha tenido pláticas personales “y viéndolos a los ojos, les he pedido que dejen a un lado sus prácticas, se preparen e investiguen”.
Dijo que “la corrupción ahí está y que esto no ha terminado y que realmente el agente del Ministerio Público en turno no responde a sus intereses sino responde a los intereses de la delincuencia organizada porque ellos son los que determinan si se investiga o no se investiga un asunto en Guerrero”.
Al igual que Ricardo Mejía, le cuestionaron que en lugar de despedirlos o detenerlos, sólo les pide que dejen de ser corruptos.
Al inicio de su ponencia el fiscal detalló que en la FGE hay mil  841 servidores públicos operativos, de los cuales 508 son ministerios públicos, 699 policías investigadores ministeriales y 231 peritos, de los cuales 175 elementos con incapacidad total y permanente y 228 comisionados y 293 no han aprobado los exámenes de confianza, pero no los puede despedir porque necesita 58 millones de pesos para liquidarlos.