A cinco años de su creación, el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas es un actor limitado, criminaliza a las víctimas que debe proteger, restringe su resguardo ante agresiones físicas y no hay coordinación entre las instituciones que lo conforman ni atención desde los estados. Desde 2012 ha abierto 394 casos y cerrado 115, entre éstos el de Cecilio Pineda Birto, periodista guerrerense asesinado el 4 de marzo pasado.
Durante el tercer informe de Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC): Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: la deuda del Estado mexicano, presentado en la Universidad del Claustro de Sor Juana, activistas, periodistas y académicos criticaron la situación del país en materia de derechos humanos y subrayaron que de 2012 a 2016 han sido asesinados 38 periodistas, siete en lo que va de este año. Es el gremio que registra el mayor número de agresiones, alertaron.
En ese periodo ha habido mil 919 agresiones a periodistas, 233 contra mujeres. Mil 705 agravios contra defensores de derechos humanos, 615 dirigidos a mujeres, así como 280 hacia activistas medioambientales, relató Olga Guzmán Vergara, directora de Incidencias de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, quien moderó el encuentro.
De 2012 a 2016 se registraron 419 casos de agresiones en el Mecanismo: 13 por secuestro o privación de la libertad, 105 por agresiones físicas y 301 por amenazas.
Iván García Gárate, académico del recinto, alertó al inicio de la rueda de prensa –donde la última participación fue la del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián–, la falta de entendimiento institucional de derechos humanos, un mejor diseño para que el Mecanismo resulte eficaz, y voluntad política para que funcione.
“Hay voluntad política de afectar a los derechos humanos”, criticó. Hay avance legislativo, con la creación en 2012 de la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, antecedente del Mecanismo de Protección; sin embargo, ésta no se cumple.
Las cifras presentadas fueron obtenidas de las diferentes organizaciones conformadas al OSC como Artículo 19 y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC). Esta última observa que no hay una visión de género en las tareas de protección a periodistas y defensoras.

Tercer diagnóstico de Espacio OSC

El informe, que es el tercer diagnóstico de la política para proteger a defensores y periodistas identifica en primer lugar, que “al Mecanismo de Protección le falta capacidad para reaccionar frente a la diversidad de formas de violencia que enfrentan personas defensoras y periodistas (agresiones físicas, digitales, actos de estigmatización o criminalización) y las medidas de protección implementadas, no han logrado atender, ni integralmente ni proporcionalmente”.
El Mecanismo que depende la Segob, pero lo conforma una Junta de Gobierno donde también participa la sociedad civil, relata el informe impreso por Artículo 19, aún no incorpora un enfoque de género ni la coordinación efectiva del Mecanismo de Protección con las entidades federativas para la implementación de medidas de protección.
Tampoco ha generado medidas encaminadas a favorecer un ambiente propicio y adecuado para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión en México. “En quinto lugar, la impunidad y falta de investigación adecuada en relación a las agresiones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
“Entre las principales dificultades encontradas por Espacio OSC en la respuesta del Mecanismo, destacaron la ausencia de una política pública de protección, la falta de estrategias de prevención… la falta de una participación proactiva por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no han permitido desactivar el riesgo en que se encuentra el acceso a la justicia de quienes forman parte, como beneficiarios, del Mecanismo”.

Testimonios de periodistas y activistas

Armando García Salazar, defensor de derechos humanos del pueblo otomí en el Estado de México y beneficiario del Mecanismo de Protección, saludó en su idioma y lamentó que para ser visible para el Estado “tienen que asesinarnos o desaparecernos”.
Relató que pese a ser beneficiario del Mecanismo implementado por Segob, luego de poner su integridad en riesgo por su defensa contra la construcción de la Autopista de cuota Toluca-Naucalpan, sigue en peligro. Apenas el 11 de abril pasado su casa fue derribada. Utilizó el botón de pánico para alertar a policías y acudieran a su auxilio. Nadie llegó.
Otro caso expuesto fue el de la periodista Verónica Villalvazo, quien ha acompañado a familiares de mujeres asesinadas en el Estado de México y cubierto casos de pederastia lamentó que para el Mecanismo entre las agresiones “personales” no cuenten las digitales. Ella como blogger ha sido víctima de ataques cibernéticos, los cuales no son considerados.
Pese a demostrar que fue torturada y que sigue siendo hostigada, para el Estado, dijo, “somos cifras”. El 5 de abril fue amenazada por difundir la noticia de una joven asesinada en Ecatepec junto a su hermano.
Norma Garduño, del Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, también beneficiaria del Mecanismo de Protección, relató que aunque ella cuenta con la protección desde 2013, apenas este año que decidió retomar su activismo contra la minería, se enteró que deben iniciar una carpeta de investigación donde se registre desde su primer secuestro ocurrido ese año.
Garduño y su esposo Gerardo Gómez, al final de la conferencia, lamentaron que la falta de eficacia del mecanismo los criminaliza doble y pone en riesgo. Tiene tres de sus hijas, una de ellas con vitíligo, otra con trastorno de persecución “estamos siendo perseguidas” y una pequeña no pudo dormir cinco meses, después de ser secuestrada. Estos impactos psicológicos no son considerados ni la falta de dinero que sus desplazamientos a otro sitio, por seguridad, les costó.
“Las medidas que nos ofrecen son limitadas, hay cambios contantes de funcionarios en el Mecanismo… el acceso a la justicia no es pronto mucho menos expedito, no ha construido recursos legales efectivos para atendernos como víctimas… en Morelos desde el 14 de julio no hay consejeros ni quién vote mi caso y otros”, dijo.
La defensora se mostró preocupada porque en los estados se deje el peso de designar a consejeros al gobernador Graco Ramírez, cuando son funcionarios de gobierno a quienes acusan, en la mayoría de casos, de vulnerar sus actividades. “Nuestra labor de defensa es nula, se deja de hacer la labor para protegerse a sí mismo”.