Alejandro Guerrero

Iguala

La investigación en curso en las funerarias y la morgue de Iguala está relacionada con las declaraciones de testigos protegidos, entre ellos El Cabo Gil, y El Neto, hipótesis que fue planteada desde 2016 por el Grupo Independiente de Expertos Independientes (GIEI), aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 208VG-2026 la “desestimó”.
En la vituperada recomendación difundida el jueves pasado por la CNDH que preside Rosario Piedra Ibarra, se habla de la nueva inves-tigación que se desarrolla en las fu-nerarias El Ángel y Rueda, así como la morgue de Iguala que iniciaron el 9 de octubre pasado, aunque señala de forma errónea que “en los últimos dos años se aseguraron las dos funerarias El Ángel de Iguala”.
Menciona las dos primeras detenciones que se realizaron al inicio de estas diligencias, de los propietarios de las funerarias Rueda y El Ángel, Rodolfo Rueda Sebastián y su hijo Rodolfo Rueda Mazón, de dos policías municipales y del nutriólogo Irving Arroyo Aranda, detenido en un cateo en su casa el 26 de noviembre, a quien define como “un supuesto extrabajador de las funerarias”, aunque sus familiares han negado esa relación laboral.
Revela, además, algo que no se había informado desde octubre que se iniciaron las nuevas investiga-ciones en la morgue y funerarias, que hubo “comunicaciones entre los Rueda y miembros de Guerreros Unidos, como El Gaby (presumiblemente PI-27) y El Chucky (presumiblemente PI-41)”.
La investigación está relacionada con las declaraciones de los testigos protegidos con las claves Neto y Juan o PI-1 en la recomendación de la CNDH, éste último identificado como Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, entonces uno de los jefes de plaza de Guerreros Unidos.
Según los testigos, un grupo de los normalistas, “habrían sido llevados a dos funerarias de Iguala donde hay hornos crematorios y cuyo personal trabajaba con el grupo (Guerreros Unidos), y los que no pudieron incinerarse fueron destazados”.
La CNDH enfatiza la hipótesis de las funerarias, pero resta valor a la declaración del mismo “Juan”, El Cabo Gil, que señaló que también habían llevado a un grupo de estudiantes al 27 Batallón de Infantería, “lo que, sin embargo, se contradice con su primera declaración ministerial, en la que niega ser miembro de Guerreros Unidos”.
También desestima el trabajo de la Covaj del periodo del subse-cretario Alejandro Encinas, argu-mentando que en su primer informe, “le daba preeminencia al testimonio de Juan (PI-1), aunque llamativa porque aparentemente agregaba nuevos elementos a la investigación, y al fin, las pruebas de la parti-cipación de integrantes del 27 Ba-tallón de Infantería, empezando por su comandante AR-5, resultó falsa”.
En el caso del testigo Neto señala que en febrero de 2021 ubicó las funerarias en una inspección ministerial en la que dio fe de los inmuebles, pero ese testigo además de la funeraria El Ángel también mencionó la Urióstegui, de la que no se sabe que tenga hornos crematorios ni que sea parte de la investigación en curso.
“La PGR jamás profundizó en la línea de investigación de las funera-rias. La CNDH ni siquiera la consi-deró. Y el GIEI la desestimó prác-ticamente desde un inicio. De hecho, desechó la posibilidad de que los estudiantes hubieran sido incine-rados o cremados de cualquier mo-do, no solamente en el Basurero de Cocula sino en un horno crematorio, asegurando que en este último caso los huesos se rompen al ser extraí-dos”, se lee en la recomendación que se vuelve a lanzar contra el grupo de expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El GIEI en realidad no deses-timó el uso de los hornos ni desechó la posibilidad, sino que en su primer informe argumentó que no había un antecedente de que fuera el modus operandi de Guerreros Unidos ese método atroz y sofisticado de con-vertir hasta las cenizas a sus víc-timas, y “llevar a cabo su desapa-rición hasta convertir sus cuerpos en restos que ni siquiera puedan ser identificados con pruebas de ADN”.
De forma contradictoria, la CNDH reconoce en su misma recomendación, que el GIEI incluyó en sus informes 1, 2, 3, 5 y 6 la versión de las funerarias y los crematorios, pero no hubo eco en las investigaciones.
Menciona que “se está desaho-gando al final la investigación sobre las funerarias como sitio “adonde se habría incinerado a parte de los estudiantes”, y destaca una parte del libro “¡Gracias!” del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que incluye parte de la declaración del testigo protegido “Neto”.
“Se leen detalles del traslado de los cuerpos ‘destazados’ de los normalistas en bolsas de plástico negras, a la Funeraria Urióstegui, en la colonia Ruffo Figueroa, y luego, como esta no se diera abasto, al crematorio llamado de “Los Verdes”, ambos en Iguala”, éste último en aparente referencia al Ejército, pero tampoco se profundiza.