Un grupo de mujeres del municipio de Mártir de Cuilapan de distintos partidos políticos, entregaron al Congreso local una demanda de juicio político y la revocación de mandato contra la presidenta municipal Felícitas Muñiz Gómez, a quien acusan de actos de corrupción, opacidad en el manejo del presupuesto, enriquecimiento inexplicable y nepotismo.
La demanda la presentaron el 13 de julio pasado 40 mujeres y en el documento argumentan que la alcaldesa del Movimiento Ciudadano “no acredita ni transparenta de dónde obtiene recursos económicos para hacerse de sus extensas propiedades, “porque los bienes que tiene hoy en día, no puede decirse que los hizo a través de su carrera de sicóloga que dice es su profesión”.
El escrito que fue recibido en la Oficialía de Partes del Congreso local, establece que la presidenta municipal incurre en actos y omisiones “que han redundado en perjuicio del patrimonio del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan”.
La denuncia agrega: “La ciudadana Felícitas Muñiz Gómez, a partir del 30 de septiembre en acto solemne protestó al cargo como presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, y lo hizo de forma irregular porque una persona ajena al Congreso del estado fue quien le tomó la protesta, violentando las disposiciones de orden público como es la Ley Orgánica del Municipio Libre y que acreditamos con el acta de sesión solemne de toma de protesta e instalación del Ayuntamiento de la fecha indicada”.
También la acusan de haber cometido “actos y omisiones graves” en perjuicio del patrimonio del Ayuntamiento en colusión con otros servidores públicos, como el tesorero municipal, el director de Obras Públicas “y terceros ajenos al Ayuntamiento”.
Precisan en su escrito que Benito Sánchez Ayala, Humberto Palacio Celino, Edelmira del Moral Miranda y María del Rosario López García, “por los abusos de poder, actos y omisiones graves en perjuicio del patrimonio de la persona moral Ayuntamiento, han tenido diferencias políticas con la alcaldesa, por el ejercicio de su mandato “plagado de corruptelas y coludida con los órganos fiscalizadores cómo es la Auditoría General del Estado y la Contraloría General del Estado”.
Recuerdan que los ediles Benito Sánchez Ayala, Humberto Palacios Celino , Edelmira del Moral Miranda y María del Rosario López García, en su carácter de síndico y regidores interpusieron un juicio político de revocación de mandato y en una primera resolución fue favorable a estos pero que no se dio a conocer en los medios de comunicación.
Sin embargo “por intereses políticos los señores diputados cambiaron la resolución y a la luz pública sacaron otra que declaraban la misma como improcedente y dentro de los señalamientos entre de ellos el de nepotismo.
Acusan que desde la primera quincena de octubre del 2015 venían prestando sus servicios y devengando un salario Vicky Anahí Nava Muñoz, su hija, a quien le dio el cargo de presidenta del DIF con un salario de 16 mil 175 pesos; Yucundina Muñiz Gómez, su hermana y asesora, a quien le asigno un salario quincenal del 9 mil 100 peros; Giovanni Muñiz Alquiciras, su sobrino y a quien le dio el cargo de secretario particular, con un salario quincenal de 10 mil 761 pesos.
También Denise Muñiz Cardera, su sobrina y a quien le otorgó el cargo de directora de Educación, con un salario quincenal de 4 mil 834 peros; Jesús Morales Muñiz, su primo hermano. a quien le dio el cargo de oficial del Registro Civil, con un salario de 6 mil ocho pesos; María Muñiz Nava, su sobrina y a quien le tomó protesta como directora de Catastro Municipal, con un salario quincenal de 6 mil ocho pesos; Esperanza Miranda Morales, su cuñada, a quien asignó como directora de la Unidad de Rehabilitación, con salario de 6 mil ocho pesos, entre otros.