José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda envío al Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, como parte de la armonización que mandata las atribuciones de los recién creados Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
En la sesión de ayer, la Mesa Directiva informó al pleno la llegada de esta iniciativa para dotar “de orden, funcionalidad y certeza jurídica al nuevo modelo judicial”.
El Tribunal Superior de Justicia deja de concentrar funciones admi-nistrativas y disciplinarias, que son transferidas al Órgano de Adminis-tración Judicial y al Tribunal de Disciplina Judicial, con el objetivo de fortalecer su papel como “órgano especializado en impartición de justicia y uniformidad interpretativa del derecho local”.
También establece la incorpora-ción expresa de la perspectiva intercultural y del pluralismo jurídico en los asuntos en que intervengan personas, pueblos o comunidades indígenas, así como población afrodescendiente.
Asimismo, crea la Junta de Coordinación Interinstitucional como una instancia permanente de comunicación, coordinación y enlace entre el Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.
“La Junta permitirá que las áreas superiores del Poder Judicial mantengan comunicación permanente, compartan información institucional, atiendan temas comunes y articulen acciones para el adecuado funcionamiento del sistema de impartición de justicia”, especifica la iniciativa.
La iniciativa también prevé una compensación económica temporal para las personas juzgadoras, que concluyan su encargo por término del periodo correspondiente o por no ser reelectas.
“Esta medida no constituye pensión o jubilación, haber de retiro ni prestación permanente, sino una compensación de carácter temporal, excepcional y limitada, cuya finalidad es atender el impacto económico derivado de una restricción profesional impuesta constitucionalmente a quienes desempeñaron funciones jurisdiccionales”, explica.

Falta legislación para poblaciones LGBT

En la sesión, diputadas de los grupos parlamentarios del PVEM, MC y PRI coincidieron en que falta trabajo legislativo para garantizar los derechos libertades de las poblaciones LGBT.
La discusión del tema la inició la diputada perredista Erika Isabel Guillén Román, quien llamó en tribuna a construir una sociedad más incluyente y libre de discriminación, al pronunciarse en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
La perredista dijo que a pesar de que en 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades, aún persisten prejuicios, discursos de odio y prácticas de exclusión que afectan a millones de personas en el mundo y en México.
“La democracia pierde sentido cuando los derechos existen únicamente en las leyes, pero no se reflejan en la vida cotidiana de las personas, por lo que afirmó que aún existen sectores de la población que enfrentan rechazo, violencia y discriminación por su orientación sexual o identidad de género”, dijo.
Por su parte la emecista Erika Lührs Cortés dijo que a pesar de existir leyes “progresistas” para garantizar los derechos de las poblaciones LGBTIQ+, México tiene una de las tazas más altas de crímenes de odio y transfeminicidios.
“De acuerdo con registros documentados por organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Asociación de Homosexuales y Lesbianas del Estado de Guerrero, ASHOLES AC, en nuestra entidad se han registrado más de 150 muertes violentas relacionadas con posibles crímenes motivados por odio y prejuicio hacia personas de la diversidad sexual”, dijo la emecista.
Durante su intervención por el Día Mundial contra la Homofobia, la diputada del PVEM, Gladys Cortés Genchi, confundió las palabras homosexuales con heterosexuales, al referirse que estos últimos son los que más sufren discriminación.
El priista Victor Hugo Vega Hernández mencionó que aún existen pendientes importantes para garantizar condiciones de igualdad para las personas de la comunidad LGBTTQ+ “en materia de acceso a la salud, educación, empleo, seguridad y también en la participación política”.
Agregó que ninguna persona debe ser objeto de agresiones, discursos de odio o “violencia institucional por el simple hecho de ser quién es”.