Lourdes Chávez

Chilpancingo

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, informó que todo el equipo del ex presidente de ese órgano de gobierno, Alfredo Sánchez Esquivel, se retiró antes de su toma de protesta, el viernes, con acuerdos de liquidación depositados en tribunales.
Por ello, mientras se realiza el proceso de entrega recepción, las oficinas de la Jucopo se encuentran prácticamente vacías.
En consulta telefónica, la también coordinadora de Morena explicó que el equipo de trabajo que colaboraba con Sánchez Esquivel dejó de presentarse a trabajar antes de que él dejara el cargo, porque se les liquidó en tiempo y forma.
“Ellos hicieron lo conducente mucho tiempo atrás, los acuerdos se resolvieron en tribunales”.
Sin embargo, dijo que aún no conoce el número de colaboradores que tuvo su antecesor, “ese dato no lo puedo dar ahora porque precisamente, estamos recibiendo todo lo relacionado al personal, contratos y todo tipo de temas administrativos”.
Aunque la ley marca un mes para concluir el proceso de entrega-recepción, y aseguró que avanzan con agilidad para concluir “mucho antes”.

Ya se respondió a la Corte

La presidenta de la Jucopo confirmó que ayer en la mañana se envió el oficio de respuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre falta de evidencias que observó en el informe de la primera consulta a pueblos indígenas y afromexicanos del Congreso, que realizó obligado por una controversia constitucional, y de la cual depende la permanencia de los diputados propietarios.
De la respuesta a la SCJN que tenía un plazo de cumplimiento diez días hábiles, señaló que venció ayer a las 5 de la tarde, y el oficio con la información de incosistencias se envió por la mañana.
Dijo que está muy enfocada en los trabajos de otras consultas en curso, porque si no la atienden en forma estarían en “problemas”, además de concluir con los nombramientos pendientes, como el del titular del órgano de control interno.
El 26 de agosto pasado, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldivar notificó al Congreso local, en la oficina de gobierno del estado en la Ciudad de México, las inconsistencias del informe de la Consulta relativa a la acción de inconstitucionalidad 81/2018, que invalidó reformas a la Ley 701 Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, y la Ley 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, aprobadas en 2018.
Entre las observaciones al informe de Consulta, el ministro señaló que la fase preconsultiva, el Congreso debía establecer las formas de llevar a cabo el proceso, y de intervención, así como la formalización de los acuerdos, donde era fundamental que se realizaran en común acuerdo entre autoridades y representantes de las comunidades.
En el diseño del protocolo para desarrollar de manera libre, previa, informada y de buena fe, dice que “tampoco hay evidencias de que los representantes de los pueblos hayan sido convocados”.
De la etapa informativa, indicó que el Congreso no remitió el documento explicativo para entender el análisis sobre los alcances y contenidos de las medidas legislativas, que además debe estar traducido en diversas lenguas indígenas.
En el mismo sentido hay señalamientos de las fases deliberativa interna, y de dialogo y decisión, que debían ser subsanadas hasta ayer.
Domínguez Serna consideró que los requerimientos se atendieron en tiempo y forma para constatar que la consulta se llevó a cabo de manera informada, comunicando claramente sobre el desarrollo a los pueblos.