Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La intervención de la Iglesia para atender el problema de la violencia no es lo más idóneo porque es un asunto que debe resolver el Estado; sin embargo, ante la crisis y la falta de voluntad de las autoridades para un cambio de estrategia que dé resultados, la sociedad ve en estos actores (los obispos) la única solución, declaró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, declaró el martes que seguirá buscando el diálogo con los grupos generadores de violencia para lograr la paz en la entidad.
Consultado ayer al respecto por teléfono, Barrera Hernández, quien da seguimiento al problema de violencia en la entidad, opinó que no es la solución pero que se tiene que buscar disuadir a los grupos que están confrontados, “y en otros momentos ha sido la Iglesia a través de actores como el obispo Salvador Rangel, quien en su momento ha logrado influir para establecer un canal de comunicación con los diferentes grupos enfrentados”.
Dijo que la sociedad ya está muy dañada por todos los actos de violencia que se han suscitado, por el derramamiento de sangre y el tejido social roto, “entonces yo creo que se tienen que buscar alternativas, y ésta (la intervención de la Iglesia) no es la idónea porque sabemos que tienen que ser la autoridad competente la que haga valer el Estado de derecho, garantice la seguridad e impulse las investigaciones en torno a los hechos de violencia que se han suscitado y no haya impunidad”.
Sin embargo, declaró que ante la inacción, la incapacidad y la falta de voluntad, es la vía para cuando menos disminuir la violencia.
Explicó que la misma población no se atreve a presentar denuncias porque no hay garantías de que se investiguen, o porque hay filtración de la información y temen a las represalias, “y hay miedo de que puedan haber acciones funestas en su contra”.
Agregó que, mientras tanto, las autoridades estatales y federales han mostrado poco oficio para hacer frente “a un problema mayúsculo que vivimos en Guerrero y que trastoca la institucionalidad del estado, en el sentido de que sus instituciones no están respondiendo a la altura de las circunstancias”.
Barrera Hernández dijo que ve a una Secretaría de Seguridad “des-dibujada” en términos de que no previene los delitos, en tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE), “también se ve muy acotada porque no tiene suficiente personal, infraestructura, ni tecnología, y lo poco que tiene lo subutiliza”.
En tanto, por las circunstancias que se viven en Guerrero se requie-ren investigaciones científicas sobre el modus operandi de las redes de la macrodelincuencia que están insertas en el tejido de la sociedad y de las instituciones públicas.
Opinó que, sobre todo, debe haber voluntad para desmantelar esas estructuras que han dañado gravemente a una población que se siente inerme.
El defensor de derechos huma-nos indicó que ante la violencia de nada ha servido la presencia de la Guardia Nacional, pese a sus nuevas funciones de investigación “y con toda la infraestructura con la que cuenta”, y el mismo Ejército “con todo su equipamiento”, ni las mesas para la construcción de paz, han funcionado.
“El problema de la violencia está poco atendido en términos de eficacia, hay muchas fallas, inconsistencias, tanto en el ámbito de las investigaciones en la procuración de justicia, como en el ámbito de la seguridad pública y en la administración de justicia”, dijo Barrera Hernández.
Estamos hablando de una descoordinación y de una estrategia que no ha funcionado “y vemos que casi hay un repliegue de las instituciones del Estado ante la avalancha delincuencial”.
El defensor de derechos humanos declaró que ya son “inauditos” los hechos de violencia sobre todo en Chilpancingo y en Acapulco, “por la manera cómo actúan los delincuentes, asesinando a plena luz del día, lo que habla de una falta de estrategia ante una sociedad que debe estar bien vigilada por los cuerpos de seguridad”.
Pero insistió que, en cambio, se ven unas autoridades que están como fuera de contexto y del circuito de violencia que esta sucediendo, “y esto es lamentable porque en el actual gobierno (estatal) ya van más de tres años y la curva de la violencia está a la alza en tanto que la curva de protección a la población va a la baja, y está desdibujada y desfasada”.
Para Barrera Hernández, esta situación se agrava, y en lugar de contenerla se expande y se profun-diza, “lo cual es lamentable porque se evidencia que hay incapacidad, colusión o complicidad, y no hay ese acuerpamiento de las fuerzas del estado para garantizar seguridad a la población y eso es algo que nos preocupa”.
Explicó que en este contexto aparecen actores como los obispos que se ofrecen para la recon-ciliación y la búsqueda de la paz.
“Esta intervención en momentos de crisis, de caos, de descomposición social muy grande como la que se está viviendo es clave para coadyuvar en la solución del problema”, reconoció.
“Obviamente, el obispo ha tanteado su propuesta de abrir el diálogo con los grupos de la delincuencia, y sí, puede ser una manera de disminuir la violencia, al final de cuentas de lo que se trata es de bajar la confrontación violenta entre los grupos”.
Explicó que los obispos son autoridad moral, tienen una representación eclesiástica, legitimidad y una opinión ponderada por tratarse de pastores de la iglesia católica.
“Creo que eso puede ayudar y ser un factor de disuasión, o por lo menos de pacificación en términos coyunturales. Sabemos que no van a ir al fondo, pero ya la gente quiere una pausºa, un respiro y aquí, en el estado, no hay respiro, ya se vive una asfixia por todos los hechos de violencia que están sucediendo en las principales ciudades como Chilpancingo, Acapulco e Iguala, donde la violencia se ha desbordado”.
Barrera Hernández declaró que en estas ciudades pareciera que hay una ausencia de las instituciones del Estado “o como que han dejado el timón a la deriva, la gente lo percibe cotidianamente y eso es grave”.
Indicó que la gente vive la violencia en los mercados, en las colonias, en el transporte público, “donde se ve claramente la ausencia de autoridad, de la fuerza pública, eso es un síntoma funesto que estamos viviendo en Guerrero”.
Reiteró que frente a esto, no hay de otra que buscar aliados, “gente valiente que esté dispuesta a decir abramos el diálogo, busquemos a los actores que están generando violencia para ver la manera de contenerla”, porque el panorama es muy delicado, grave y temeroso “y la sociedad está requiriendo una respuesta efectiva al clima de inseguridad y de violencia que nos desborda”.
Hasta ayer, ninguna autoridad había emitido alguna postura respecto a las declaraciones del obispo González Hernández.