Aurora Harrison

El abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, consideró que fueron un disparate las declaraciones en el Congreso local del secretario de Gobernación, Adán Agusto López, quien dijo que el Ejército ya no es represor.
Este domingo en Cacahuatepec, al preguntarle su opinión sobre lo dicho por el secretario de Gobernación, el abogado dijo: “Son declaraciones políticas, que dejan de lado las graves violaciones a los derechos humanos que en Guerrero se han cometido. Creo que Guerrero, a diferencia a otros estados de la República, ha resentido la militarización en el pasado y el presente”.
Recordó que en la entidad se han dado una serie de violaciones a los derechos humanos que cometió el Ejército, desde la mal llamada guerra sucia y en la época de los años de 1990, donde hubo incursiones violentas. Por ello, es que no está de acuerdo con la extensión de los militares en las calles y “deben ponerse controles al Ejército”.
“Guerrero ha resentido la militarización, entonces, creo que agravia al pueblo que un funcionario federal se pare en el recinto legislativo e ignore todas estas series de violaciones que se han cometido. Máxime ahora frente al caso de Ayotzinapa”, declaró.
Mencionó que el Ejército no sólo es responsable de los hechos del pasado, sino también de las violaciones a la indígena Valentina Rosendo Cantú, y Rodolfo Montiel que fue torturado; además del caso de El Charco y en la actualidad el de Ayotzinapa.
Sostuvo que el Ejército ha estado cometiendo una serie de violaciones a los derechos humanos, que “permanecen en la impunidad y no se han esclarecido. Entonces, el funcionario debería de venir a Guerrero, hacer un llamado para que se esclarezca y pueda rendir cuentas frente a esos actos”.
“Soslayar esa parte, venir, pararse y decir que lo de Iguala quedó superado, me parece que es no mirar lo que ha sucedido en Guerrero”, declaró el abogado.
Añadió que “venir a Guerrero y no reconocer que hay una herida abierta y que está el caso de Ayotzinapa presente, e incluso, del presidente (Andrés Manuel López Obrador) es uno de los 100 compromisos que tiene, y venirte a parar y decir un disparate, me parece errado”.
Agregó que el gobierno federal alude que es un Ejército moderno, distinto pero no se ha visto que haya una restructuración, alguna modificación dentro de la estructura de las fuerzas armadas, la cual pasaría por una revisión de cuál ha sido el papel del Ejército en las graves violaciones a los derechos humanos desde 1968, la guerra sucia y las violaciones cometidas en Guerrero, Oaxaca, y lo de Ayotzinapa, y el Ejército debe rendir cuentas.
Rosales Sierra consideró que el gobierno federal debe hacer una modificación en la política del Ejército, “hoy en día tenemos un Ejército cuyo principal enemigo es el pueblo, y está muy preocupado, un 70 u 80 por ciento de sus actividades las enfoca en la contrainsurgencia, en contener la inconformidad social, la movilización”.
Explicó que el caso de los activistas de Guacamaya, donde salen documentos en los que ubican a los movimientos sociales como el principal enemigo, confirma que “es una mirada equivocada, que lleva violaciones graves a los derechos humanos. Porque enfocas como tu enemigo a los movimientos sociales y la función de las fuerzas armadas es sofocar, contener la inconformidad, silenciar voces de disidencias políticas y creo que eso es grave en un sistema democrático, eso no se puede permitir, en una dictadura a la mejor, pero aquí no”.
El abogado precisó que debe existir una restricción, para que los militares hagan sus funciones constitucionales y profesionalizar a las policías, para que hagan acciones de seguridad.