Karina Contreras

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ricardo Salinas Sandoval, evitó opinar sobre la detención de la ex magistrada Lambertina Galeana Marín, relacionada con el caso Ayotzinapa, argumentando que es un asunto de competencia federal.
Salinas Sandoval informó que hay nueve vacantes de magistrados en las diversas salas y están en espera que lleguen los nuevos, y aseguró que esa situación no ha afectado su funcionamiento porque están cubiertos con jueces.
En breves declaraciones en Acapulco al acudir al 15 aniversario del Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam), a Salinas Sandoval se le preguntó de la presunta destrucción de los videos de la noche del 26 de septiembre del 2014 en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala –cuando desaparecieron los 43 normalistas–, ordenada presuntamente por Galeana Marín, entonces presidenta del TSJ, a lo que respondió: “no me consta nada de eso, yo no puedo declarar nada de eso”.
A pesar de que se le insistió para que diera su opinión de si la detención dejaba en entredicho el actuar del TSJ, el presidente magistrado contestó tajante: “No sé si lo deje en entredicho, lo que estoy diciendo es que no es competencia mía, es de la Federación”.
La ex magistrada del TSJ, Lambertina Galeana Marín, de 79 años de edad, fue arrestada el miércoles de la semana pasada en una vivienda en Chilpancingo, con base en una orden de aprehensión que le reactivaron el pasado 30 de abril.
A Galeana le imputan la supuesta omisión que habría ocasionado la pérdida o posible ocultamiento de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
Estos registros visuales habrían grabado el momento en que policías locales interceptaron uno de los autobuses con los normalistas la noche en que fueron desaparecidos.
El TSJ informó en aquel entonces que los videos habían sido entregados el 24 de julio de 2015 a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, pero no aparecieron en el expediente y la FGR consideró que su ocultamiento contribuyó a la desaparición de los 43 estudiantes.
En su mensaje en el acto, el magistrado Salinas Sandoval habló de la importacia de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada porque nacieron de la “necesidad urgente de humanizar la justicia y acompañar con sensibilidad los proceso familiares más complejos”. Aseguró que ese centro ha demostrado que se puede hacer justicia con empatia, con enfoque en la niñez, y más que un centro, es “un refugio para niñas y niños, así como adolecentes cuyas familias están atravesando procesos de separación o en situación de conflicto. Un puente para el restablecimiento de vínculos y una herramienta fundamental para garantizar el derecho de convivencia en condiciones seguras, estables y dignas”.
Anunció la apertura de nuevos centros en las regiones donde hacen falta, como es Tlapa, a donde ya se tienen destinados un millón 500 mil pesos para su construcción; en Tierra Caliente, que ya tiene el inmueble y se hacen adecuaciones para hacerlo funcionar. Mientras que en Zihuatanejo el gobierno municipal ofreció un predio para la construcción de un centro, entre otros.
Añadió que están convencidos que trabajar por las familias es trabajar por la paz, así como el tejido social que tanto se necesita reconstruir. En el acto estuvo la encargada de despacho de la Secretaría de Gobierno, Anacleta López.