El sistema comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), lamentó la descalificación del gobernador Héctor Astudillo Flores a la iniciativa de reforma que con organizaciones y el apoyo de partidos de oposición entregó al Congreso local.
En un comunicado, la agrupación insistió en la apertura del diálogo para el análisis de su planteamiento, para que los derechos de los pueblos originarios queden reconocidos en la Constitución local, así como el sistema comunitario de la CRAC-PC, que no es una organización, sino una institución de seguridad, justicia y reeducación de los pueblos, en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo “que es ley vigente en nuestro país”.
Advirtieron que si no atienden los llamados, los pueblos van a saber responder a la imposición.
El gobernador informó en conferencia de prensa este lunes, que no puede haber una ley específica para un grupo u organización, luego de mencionar el proceso de reforma de la Ley 701 de derechos y cultura indígena que está impulsando el Ejecutivo, y que comenzó con la presentación de otra iniciativa de reforma al artículo 14 de la Constitución, que sigue en análisis en comisiones legislativas.
Astudillo Flores indicó que su gobierno busca que la 701 “quede colocada correctamente en términos jurídicos. No puede ser una ley para una organización en particular”.
La CRAC subrayó que es una institución, no un grupo ni organización, y son representaciones de los pueblos originarios los que llevaron ante el Congreso la iniciativa de reforma a la Constitución en materia indígena.
Aclaró que a la fecha han seguido los cauces legales, “por ello lamentamos que el gobernador se atreva a calificar o descalificar nuestra propuesta en los medios de comunicación, sin haber establecido de manera formal una reunión con nosotros para escuchar los avances y alcances de nuestros planteamientos”.
Consideró que lo incluido en la propuesta tiene certeza jurídica, que es legalmente posible, políticamente correcto y “en términos morales y éticos le da la oportunidad a la clase política que nos gobierna, reconocer la deuda histórica que tienen con los pueblos originarios y afromexicanos”.
Independientemente de la opinión del ejecutivo, indicó que la CRAC insistirá con los diputados locales, así como con los representantes de los poderes Judicial y Ejecutivo, para sostener las reuniones necesarias para precisar sus planteamientos, a fin de lograr que los derechos de los pueblos queden debidamente reconocidos en la Constitución local.
Aceptó que la iniciativa pude debatirse en los aspectos técnicos con los funcionarios de gobierno.
También planteó que el tema no se “partidice” y se abra a la participación de los pueblos.
Recordaron que la entidad vive una situación de grave conflictividad “y a nadie le conviene abrir un frente de inconformidad más allá de eso”.
En este sentido llamaron al gobernador a que actúe con respeto y prudencia respecto a los pueblos originarios y sus representaciones, y a los partidos que se comprometieron a impulsar la propuesta de ley, que cumplan la empeñada.
Advirtieron: “sabremos responder también si por parte del gobierno se mantiene el escenario de excluirnos, de ignorarnos o de imponer sus intereses”.

El gobernador da línea a diputados del PRI: abogado

Sobre este tema, el Colegio de Abogados que preside, Rubén Cayetano García, consideró grave que con declaraciones públicas el gobernador dé línea en un asunto que corresponde al Congreso.
Señaló que está es “una invasión al poder Legislativo del Ejecutivo que está predisponiendo a los legisladores de su partido para impedir que fructifique la iniciativa de las organizaciones indígenas, violando la división de poderes contemplada en nuestro sistema republicano”.