EL-SUR

Sábado 15 de Agosto de 2026

Guerrero, México

Política  

Espera padre de uno de los 43 que la ex magistrada revele que pasó con los videos

Sostiene Mario César González que la detención de Lambertina Galeana fue tardía, y teme que por su edad se le decrete prisión domiciliaria. No obstante, la ex presidenta del TSJ debe aclarar quién le ordenó destruir la evidencia, que acredita delitos de lesa humanidad, o en su defecto, dónde están esos videos que estuvieron bajo su responsabilidad, sostiene

Mayo 16, 2025

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Mario César González, padre de César Manuel González Hernández, uno los 43 normalistas detenidos-desaparecidos de Ayotzinapa, consideró importante que se haya ejecutado la orden de aprehensión contra la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, por la destrucción de la grabación de imágenes de circuito de vigilancia de Ciudad Judicial en Iguala, la noche del 24 de septiembre de 2014, aunque criticó el retraso de la acción judicial.
Planteó que las autoridades busquen más información que aporte al esclarecimiento de los hechos y del destino de los estudiantes detenidos desaparecidos, y que no sea solo una prisión domiciliaria, de “los estamos agarrando pero los llevamos para su casa, a eso no le veo el chiste”.
Señaló que “(la orden de aprehensión) era de muchos años atrás, ahorita la señora ya está bien viejita (tiene 79 años), ¡sabrá Dios si puede hablar! Creo que tenía que dar algo (el gobierno) a la opinión pública a unos meses de 11 años de los crímenes”.
En consulta telefónica, indicó que era 60 las órdenes de aprehensión que solicitó el primer fiscal en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo (junio 2019-septiembre de 2022) y quien dimitió al cargo justamente por las diferentes que hubo en los procedimientos para aprobar las detenciones que requirió.
Puntualizó que había muchos servidores públicos estatales.
Reconoció que comience la ejecución de las detenciones, y ojalá hable, aventuró. Sin embargo, precisó que lo fundamental ahora para los padres de los estudiantes es que el gobierno federal abra los 800 folios de los archivos militares que negó la anterior administración federal, y regrese el Grupo Interinstitucional de Expertos Independientes (GIEI) a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creado para coadyuvar con asesoría la búsqueda de los estudiantes y las investigaciones.
Recordó que el GIEI se retiró del país porque el ex presidente Andrés Manuel López Obrador protegió al Ejército, al cerrar los archivos al escrutinio de los especialistas. Sin acceso a los documentos no podían realizar su encargo.
De la detención de la magistrada en retiro, aclaró que conoció la noticia a través de la prensa y le pareció raro. Sin embargo, señaló que le corresponde por la función que desempeñó, esclarecer la razón de fondo de que haya ordenado que deshiciera de los videos, que son evidencia de crímenes de lesa humanidad.
Indicó que ex magistrada debería decir quién le ordenó destruir la evidencia, o en su defecto, dónde están esos videos que estuvieron en su momento bajo su responsabilidad.
Advirtió que en esta fecha hubo otra noticia de la muerte de un sobreviviente del 26 de septiembre en Iguala, quien falleció sin apoyo de las autoridades ni se precisarán las causas de la muerte, y que conoció a través de un boletín. Aclaró que no lo conocía, y preguntó por él a otros integrantes del movimiento.
Estimó que habrá más noticias y más detenciones, porque Gómez Trejo gestionó más en Guerrero que se desestimaron en el gobierno de López Obrador.
Consideró que en este periodo no necesariamente se reforzaron  los procesos con mayor investigación y elementos de prueba.
Señaló como referencia que el ex jefe antisecuestros de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Gualberto Ramírez Gutiérrez, obtuvo un amparo para que le retirarán el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas.
Así como la situación legal de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, uno de los líderes de Guerreros Unidos que operaba la plaza de varios municipios en la región Norte de Guerrero, que sólo está en prisión por delincuencia organizada.
Recordó que fue una demanda principal que se aplicarán las órdenes de aprehensión que gestionó Gómez Trejo, porque evidencia el entramado de autoridades que intervinieron en los hechos de Iguala y protegieron a los perpetradores.
Adelantó que tentativamente, el 28 de este mes podrían reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum para conocer el estado de la investigación.