Yee Trujillo

El oceanólogo Efrén García Villalvazo afirmó que no es un problema nuevo la degradación del ecosistema en isla de La Roqueta, que desde 2017 está atorado el decreto de Área Natural Protegida (ANP) que resolvería muchas cosas, pero por razones económicas y recortes presupuestales nadie lo quiere asumir, mientras que el empresario restaurantero Guido Rentería Rojas consideró que se debe principalmente a la pesca no regulada, desmedida e ilegal, así como al calentamiento global, y que la carga turística puede ser un factor, pero lo que afecta más es la basura que deja.
Ambos fueron consultados vía telefónica sobre la propuesta del biólogo marino Juan Barnard Ávila de limitar el acceso de visitantes a la isla para salvarla de la degradación de su ecosistema, así como los señalamientos de que las aguas residuales no son tratadas y que algunos pescadores colocan redes en las noches.
García Villalvazo, quien también es miembro de la Asociación Pro Defensa y Conservación de la Isla de La Roqueta, sostuvo que es un tema que ya se ha manejado en muchas reuniones que tienen que ver con Zona Federal, así como la capacidad de carga determinada por el oceanólogo Roberto Velasco Delgado, que hace más de 15 años calculó en 950 personas por día, que se ha tratado de impulsar cada vez que hay repuntes de interés en la zona como una limitante importante porque es la que va a conservar el atractivo turístico.
Explicó que ya se hizo el Estudio Previo Justificativo, se entregó en noviembre de 2017 en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en la Ciudad de México, junto con la activista Robin Sidney Gordon, quien ha contribuido de forma muy importante, y desde entonces se ha tratado de interesar a las autoridades sobre todo turísticas para la declaratoria, pero no se ha hecho por razones económicas e incluso no se los querían recibir para no dar avance al proyecto porque no había trabajadores calificados.
“A todas las dependencias que tienen que ver con Semarnat les recortaron el presupuesto de manera horrible, apenas tienen para operar”, dijo al añadir que las salidas y vigilancias están en un punto más que imposible. Reclamó que hasta ahora no ha habido “un padrino lo suficientemente pesado” que tenga la influencia para que realmente impuse la declaratoria porque ya hay factores suficientes y avanzados.
Opinó que desde la perspectiva de ANP, que se comenzó a proponer desde 1982, habría muchas cosas resueltas, pero pese al Diagnóstico Situacional entregado desde 2017 la Conanp no las ha querido retomar porque es adquirir una responsabilidad, tener avances, y que se buscó también que el INAH hiciera un dictamen para que no se pudieran hacer excavaciones ni construcciones y si no fuera por eso ya habría nuevas.
Sobre el tratamiento de aguas residuales, dijo que es de restaurantes, que uno de ellos tiene una trampa de grasa defectuosa, está recolectando las aguas con aceite y las está tirando en la isla, que los baños públicos tienen biodigestores “que están trabajando más o menos” y podrían mejorar.
Señaló que en Conapesca saben quiénes son los pescadores con redes, a qué hora lo hacen, tienen un inventario muy detallado, pero no actúan en consecuencia a la prohibición de tender artes de pesca de enmalle en zona de pedregal que en algún momento se van a atorar dañando el ecosistema marino, y también eso se podría solucionar si se tuviera la declaratoria en la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna.
Manifestó que las autoridades apoyan hasta donde pueden, pero hay muchísimas cosas que se dejan de hacer porque no hay recursos económicos, entre ellas otras más críticas y urgentes como el proyecto de limpieza del fondo marino ya que una fracción de lo que se extrae son residuos como aparatos electrónicos, radares, sonares, ecosondas y radios que llevan metales pesados que son sumamente tóxicos y los camiones recolectores de basura no quieren llevárselos.
Concluyó que todo lo que menciona Barnard Ávila ya se hizo con el estudio, que todo se tiene que fundamentar, que sus propuestas van a servir para darle empujón, el trabajo ya está hecho, pero la Conanp no ha querido reconocer la tendencia mundial de tratar de buscar la mayor cantidad de ANP para que sirvan como sumideros de carbono y zonas de protección de biodiversidad.

Hay una serie de situaciones que deberían ordenarse: Rentería Rojas

Rentería Rojas, socio de la empresa que representa al restaurante Palao, consideró que el tema es más amplio y lo verdaderamente preocupante es el cambio climático, el aumento de la temperatura en los mares de uno a dos grados que ha acentuado el emblanquecimiento de los corales, y que Conapesca debe prohibir permanentemente la actividad en el litoral para que sea un centro de reproducción para el resto de la bahía.
Agregó que los pescadores sacan ostiones, cucarachas, peces de ornato para acuarios, hay un tráfico de especies, arrancan corales, ripio y causan afectación, que es un Parque Nacional en la parte de arriba y obviamente también debe serlo abajo, y es algo por lo que han luchado Sidney Gordon, García Villalvazo y el mismo Barnard Ávila.
Expuso que no puede hablar por playa Larga porque no conoce su situación, pero en el caso de Palao hay tres fosas sépticas de absorción que hizo el gobierno cuando inauguró el Parque Nacional en 1982 con la tecnología más avanzada en ese entonces para los baños públicos ubicados detrás del restaurante, y el establecimiento les da mantenimiento, introduce bacterias que “se comen” los residuos y se bombea agua salada, porque que no hay otra forma, que las aguas residuales se filtran, “realmente lo que queda es nada”, y aseguró que no se descargan crudas sino que se integran a la isla.
También dijo que la capacidad de carga real es un dato que ya tenían del finado oceanólogo, que se habían calculado mil 400, mil 500 personas, pero desgraciadamente no hay un mecanismo que cuantifique los turistas, es un problema de coordinación y es importante que las cooperativas de lanchas de Caleta y Caletilla tengan una taquilla única para no rebasarla.
Dijo que el restaurante tiene un cupo límite, por ejemplo, de unos 500 comensales montando todas las terrazas, pero difícilmente se alcanza porque las épocas doradas de Acapulco ya pasaron, actualmente no llegan más de 100, 120 personas, entre semana son 15, 20 o 30 con exageración, que “ni es considerable ni es impactante ni nada”. Añadió que en el caso de las escuelas de buceo nunca ha visto más de dos en una misma zona y la actividad es escasa, esporádica, con un maestro y de uno a tres alumnos que no cree que represente una afectación porque, además, es ecoturismo que busca la conservación, sabe que no puede llevarse nada y debe promoverse.
Opinó que todos los Parques Nacionales deben tener una capacidad así como tienen un horario, y una coordinación de las dependencias federales como Semarnat y Profepa que son las que regulan por decreto presidencial, la Armada de México que es la encargada de la guardia custodia, y la Secretaría de Turismo estatal para el desarrollo económico.
Destacó que esta playa pudiera ser un modelo, la única sin vendedores ambulantes si se regulara, cuestionó quién los cruza porque no pagan diariamente un boleto de 150 o 200 pesos que serían su ganancia, que no está contra este modo de vida, sino que compiten y además venden comida que no cumple regulaciones sanitarias, si alguien se enferma dice “comí en La Roqueta” y los restaurantes pagan los platos rotos.
“Hay una serie de situaciones que deberían ordenarse”, resumió, y dijo que es importante que la Armada de México limpie los senderos que siguen obstruidos desde el huracán Otis con árboles, deslaves o puentes rotos, y convocó a que haya un cuidado integral, que la gente se involucre más, que se organicen limpiezas en toda la isla como se hace en otras playas. Expresó que está muy buena la ley sobre plásticos de un solo uso, pero “nadie hace que se cumpla” ni vigile, que tampoco se deberían permitir cigarros, cohetes y encendedores para evitar incendios ni veladoras porque hace tiempo le tocó ir a apagar uno por esta causa.
Agregó que hay un comité de Zona Federal que tiene mucho tiempo que no se reúne y debería hacerlo para ver cómo mejorar las condiciones, la coordinación entre los prestadores de servicios turísticos, las autoridades y las personas que se benefician de la actividad.