El Congreso local exhortó al gobierno del estado a informar el resultado del estudio geológico, hidrológico y satelital de las laderas que se encuentran en riesgo de deslizamiento en el estado, para que se alerte a las personas que viven en zonas de riesgo y evitar muertes en esta temporada de lluvias.
La diputada del PVEM, María Luisa Vargas Mejía, presentó un exhorto por el que el Congreso pide a la Secretaria de Protección Civil del gobierno del estado, dé a conocer el resultado del estudio geológico, hidrológico y satelital de las laderas que se encuentran en riesgo de deslizamiento, realizado y entregado por la Coordinación Nacional de Protección Civil en mayo.
En tribuna, la diputada argumentó que su exhorto es para que realicen las acciones necesarias para alertar a los ciudadanos que viven zonas de alto riesgo y en laderas inestables y que están en riesgo de deslizamiento.
Y que la Secretaría de Protección Civil realice el protocolo para el desalojo de las viviendas que se encuentren asentadas en esas zonas de peligro “y así evitar situaciones lamentables como pérdidas humanas”.

Penales de la entidad, en un momento crítico: MC

En la sesión de este jueves, la fracción de MC presentó una iniciativa para renovar el ordenamiento legal para los penales del estado y atender la crisis de seguridad, la cual fue turnada a la Comisión de Justicia.
En tribuna, el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso local y coordinador de la fracción de MC, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que el sistema penitenciario en Guerrero atraviesa un momento crítico por los problemas de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, prácticas de tortura y tratos crueles.
Recordó el caso de la masacre del penal de Las Cruces donde fueron asesinados 28 reos en una acción donde participaron reclusos y custodios. También hizo una remembranza de casos ocurridos desde 2011, los que han generado recomendaciones para crear instalaciones apropiadas, alimentación adecuada, que se atienda la sobrepoblación y hacinamiento y que haya instalaciones para mujeres, además que se eviten los autogobiernos y haya servicio médico.
En tribuna precisó que en su iniciativa establece las disposiciones generales de la ley, se señalan las facultades de las autoridades en materia de penas, medidas de seguridad y medidas judiciales. Se abunda sobre la ejecución de medidas judiciales durante el procedimiento penal. Se aborda de manera específica sobre la ejecución de las penas y medidas de seguridad y se precisan los medios de prevención y de reinserción social.
Pero en su titulo sexto, la iniciativa se precisan las causales de ingreso de las personas procesadas o sentenciadas, así como su traslado a otros centros de reinserción social, se desarrolla el régimen de tratamiento del sistema de reinserción social de carácter progresivo, técnico e individualizado. También, en este título, se prevé sobre la disciplina en el interior de los establecimientos penitenciarios, garantizando la seguridad y conseguir una convivencia ordenada, respetando en todo momento las garantías procesales, explicó el diputado en tribuna.
Dijo que buscan crear una ley “de avanzada”, acorde con el nuevo sistema penal acusatorio y que incorpore los lineamientos de los instrumentos internacionales.

Otros puntos

En tanto, la presidenta de la Comisión de Igualdad y Género del Congreso, la diputada perredista Yuridia Melchor Saìnchez, presentó una reforma para que se establezca en el Código Penal como delito de estupro “la realización de cópula” con menores de 18 años aún sin uso de violencia.
La diputada de Morena María de Jesús Cisneros Martínez presentó al pleno la propuesta de un exhorto al gobernador Héctor Astudillo Flores, al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Alberto López Celis, al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, al fiscal General del Estado Javier Olea Peláez y al Comisionado Ejecutivo Estatal para la atención a víctimas Luis Camacho Mancilla, para que “expliquen de manera pública, cuántas personas que se le siguen sus procesos hasta que se les dicte sentencia, recluidas en los centros de readaptación social del estado, serán puestas en libertad inmediata luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
La propuesta no alcanzó la votación requerida para aprobarse como de urgente y obvia resolución por lo que fue turnada a comisiones.
Los diputados también exhortaron a los ayuntamientos para que adecuen y revisen su reglamentación, “promoviendo y observando los principios de competencia y libre concurrencia en el mercado de expendio al público de gasolina y diesel, emitidas por la Comisión Federal de Competencia Económica”.