El Congreso local acordó un exhortó al gobierno federal para que atienda el problema generado por la termoeléctrica Plutarco Elías Calles, ubicada en el municipio de La Unión. La propuesta fue presentada por el diputado local perredista Crescencio Reyes Torres, ex alcalde de ese municipio.
En tribuna fue respaldado por el también perredista y ex alcalde de ese municipio, Carlos Reyes Torres, quien afirmó que en el municipio hay problemas la salud, la protección civil, cuidado del medio ambiente y reparación de daños.
En la sesión de este martes, Crescencio Reyes también exhortó al ejecutivo estatal para que coadyuve en las acciones, política y estrategias que determine la federación para dar solución a los conflictos por la termoeléctrica y a la Comisión Federal de Electricidad y a las secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, Economía y Desarrollo Social del gobierno federal, para que creen un acuerdo que determine una tarifa preferencial para el municipio.
Crescencio Reyes dijo que la termoeléctrica es la más contaminante del país, y que más que traer beneficios a la población, trajo perjuicio, porque disminuyó la producción pesquera y agrícola, que era la base de la economía local.
Además de que ha generado problemas de salud de los habitantes de Petacalco, que enfermaron de cáncer y continuos accidentes de pescadores que son arrastrados a las corrientes de agua de la termoeléctrica.

Presenta el PRD iniciativa para incrementar pena en delito de extorsión por hasta 25 años

El diputado local perredista Ernesto González Pérez, presentó una iniciativa de proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 243 y adiciona las fracciones quinta y sexta del al 244 del Código Penal del estado para incrementar las penas al delito de extorsión, de 10 hasta 25 años.
La propuesta de modificar el artículo 243, para  incrementar diez a veinticinco años de prisión para quienes realicen este delito.
También se plantea en la propuesta que la pena se debe incrementar hasta dos terceras partes la penalidad, cuando el delito se cometa en contra de personas físicas o morales que realicen actividades comerciales; se emplee cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la víctima, la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación delictuosa sin ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo para lograr que la víctima no denuncie el hecho.
El diputado perredista argumentó que los comerciantes cierran sus negocios y abandonan sus viviendas para salir de sus ciudades, “ante las extorsiones y secuestros de los que son víctimas del crimen organizado, donde los delincuentes manifiesten pertenecer a grupos criminales, razón por la cual la extorsión debe abordarse como un problema crítico para la seguridad en el estado y medular para hacer frente a la delincuencia organizada”.
Recordó que las víctimas no tienen confianza de las instituciones y se refirió particularmente al Ministerio Público, y que por eso no denuncian. Porque actualmente los comerciantes no tienen otra opción más que “integrarse a la seguridad de la protección criminal”.
Apuntó que después del robo o asalto en la calle o transporte público, la extorsión sigue siendo el segundo delito más frecuente que representa 24.2 por ciento del total de los delitos ocurridos durante 2016.
El también presidente de la Comisión de Turismo dijo que la extorsión se ha convertido en el principal freno a la inversión, el crecimiento y la productividad.
En tribuna dijo que el perjuicio de la extorción “es desproporcionado a las empresas más pequeñas, por ello. Muchas de ellas, han decidido trabajar en la informalidad, donde las posibilidades de la extorsión son menores”

Dijo que el delito de extorsión “florece a la sombra de un Estado fracasado, sin orden ni paz. Los ciudadanos tienen certeza de que la autoridad no les ofrece garantías de proteger su integridad física y patrimonial, por lo que no tienen opción que integrarse a la ‘seguridad’ de la protección criminal”.
La propuesta fue turnada a las comisiones de Estudios Constitucionales y Jurídicos y de Seguridad Pública.

Piden conocer dictámenes de escuelas

En otro punto la diputada Eloísa Hernández Valle propuso exhortar al Ejecutivo para que instruya a los titulares de las secretarías de Educación, Protección Civil y del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa, que den a conocer los resultados de los dictámenes realizados a las escuelas afectadas por el pasado sismo, así como la reasignación presupuestal para las mismas, pero el punto fue rechazado por los diputados del PRI y el PVEM por lo que se turnó a comisiones.
Lo mismo pasó con otro punto del perredista Raymundo García también para que el Ejecutivo instruyera a la SEG para pagar docentes, administrativos e intendentes de la Preparatoria Popular Benito Juárez de Paraje Montero, en el municipio de Malinaltepec.
La coordinadora perredista Erika Alcaraz Sosa propuso la comparecencia del presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Bernardo Ortega León, para que informe sobre el rezago en la impartición de justicia laboral, y pidió que fuera enviada a comisiones.
Los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Moreno Arcos intervinieron sobre la remoción del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.