La organización internacional Artículo 19, que promueve y defiende el derecho a la libertad de expresión, demandó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que brinde atención adecuada a periodistas agredidos durante una operación de desarme de la Policía Comunitaria de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), … Continúa leyendo Exige Artículo 19 a la FGE atención adecuada a periodistas agredidos el domingo en La Concepción
Enero 09, 2018
La organización internacional Artículo 19, que promueve y defiende el derecho a la libertad de expresión, demandó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que brinde atención adecuada a periodistas agredidos durante una operación de desarme de la Policía Comunitaria de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en la comunidad de La Concepción.
Asimismo, exige una investigación exhaustiva de los hechos, para sancionar a los responsables de las agresiones, tomando en cuenta la cadena de mando de la operación.
A través de su cuenta de Twitter, también anunció que documenta las agresiones que señalaron los periodistas en Acapulco, parte del registro exhaustivo de los ataques contra la prensa en México.
De acuerdo con testimonios y datos oficiales, el domingo, policías estatales y federal, y soldados, respondieron a un llamado al número de emergencias 911, sobre hechos violentos y asesinatos en la comunidad de la Concepción, y alrededor de las 10, los uniformados sitiaron la población.
Luego de una hora comenzó una operación para desarmas y detención de policías comunitarios y sus representantes, donde abatieron a tres comunitarios. Para impedir que los periodistas tomaran fotografías y videos de los cuerpos, amedrentaron al menos a nueve reporteros, encañonándolos a distancia, y el fotógrafo Bernardino Hernández fue golpeado y arrastrado por los policías que le quitaron la memoria de su cámara fotográfica.
En su informe de 2017, Artículo 19 registró 23 agresiones a la prensa en Guerrero: un asesinato, cinco amenazas, cuatro intimidaciones, siete privaciones de la libertad, dos acosos y hostigamientos, dos ataques físicos, una intrusión no autorizada y una violencia institucional.