Daniel Velázquez

La Asociación Civil Acapulco, conocida como Grupo ACA, exigió atención integral inmediata y protección efectiva a los desplazados de Chilapa, y criticó que el gobierno actuó después de varios días de ataques: “el gobierno sigue llegando tarde a proteger la vida de su gente”.
En un posicionamiento, difundido en su perfil de la red social Facebook este miércoles se lee: “Exigimos una atención integral inmediata y verificable, protección efectiva para las comunidades afectadas, verdad sobre la dimensión real del desplazamiento. Coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno y condiciones reales para un retorno seguro con justicia y garantías. De no repetición. Guerrero no puede acostumbrarse a que sus comunidades vivan entre el abandono, el miedo y la violencia”.
Destacan que el desplazamiento forzado es una “vulneración directa de los derechos humanos básicos como la vida, la integridad, la vivienda, la seguridad, el libre tránsito y el retorno seguro. Cuando familias enteras tienen que huir para salvarse, el Estado ha fallado en una de sus obligaciones más elementales”.
En el documento emitió una “enérgica condena” por los hechos de violencia que han obligado a familias enteras a desplazarse: “Lo sucedido es profundamente grave, inaceptable y doloroso. No se trata solamente de un episodio más de inseguridad: Estamos frente a una crisis humanitaria que exhibe, una vez más, la fragilidad del Estado en regiones donde la población vive bajo amenaza permanente”.
Consideró que otra vez las autoridades fueron reactivas y no preventivas, “la presencia reforzada del Estado, los operativos y el despliegue de fuerzas de seguridad llegaron después de varios días de ataques, desplazamientos, bloqueos y denuncias públicas. Cuando la autoridad actúa solo después de qué las familias ya huyeron, el mensaje que se envía, es muy delicado que el gobierno sigue llegando tarde a proteger la vida de su gente”.
La asociación civil cuestiona que los datos que reporta el gobierno no coinciden con los hechos que relatan pobladores y organizaciones que hablan de cientos de desplazados lo que consideraron muestra de que el gobierno “administra la crisis desde el escritorio, no desde la realidad”.
En Chilapa, al menos unas 800 personas que habitan las comunidades de Xicotlán, Tula y Ahuehuetlán han sido desplazadas por la violencia ejercida contra los vecinos presuntamente por el grupo criminal Los Ardillos.