La declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Guerrero fue posible por el movimiento feminista, no por las autoridades, pero el Estado debe asumir su responsabilidad de atender el grave problema que evidenció la declaración, no prolongarla más tiempo, demandó la promotora de esa medida, Marina Reyna Aguilar.
La feminista respondió así al secretario de gobierno, Florencio Salazar Adame, que en la sesión del martes del Sistema estatal para atender, sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres pidió que no se haga manejo político de la Alerta, un día después que en conferencia de prensa, con otras lideres feministas, Reyna Aguilar denunció que las acciones de gobierno en favor de las mujeres han sido simulaciones.
Reyna Aguilar aclaró que en la sesión de la que forma parte y no se permitió el acceso a la prensa, tampoco se incluyó en el orden del día el avance del mecanismo de la DAVG, que debería tratarse en cada ocasión.
En este senito, indicó que en punto de asuntos generales, preguntó al secretario general de gobierno, en su calidad de presidente del Sistema, ¿cuál era la situación que guarda la Alerta de violencia de género en el estado?
Le recordó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ya había enviado el programa de trabajo con las observaciones del Grupo interinstitucional e interdisciplinario, que dará seguimiento al mecanismo, y quiso saber en qué plazo el estado presentaría el plan corregido.
Para su sorpresa, indicó que el funcionario rechazó tener las observaciones de la Conavim. “La respuesta que recibí por parte del presidente del sistema, es que el estado no ha recibido ninguna información, y yo tengo la evidencia de que Conavim sí entregó vía electrónica a la titular de la Secretaria de la Mujer, las observaciones del Grupo para que la ella hiciera lo conducente”.
Explicó que tiene copia de dicha información porque también es integrante del Grupo interinstitucional e interdisciplinario que da seguimiento al mecanismo, después de que fue aceptada su solicitud.
Recordó que la secretaria de la Mujer Rosa Inés de la O García, es la interlocutora del gobierno del estado en el mecanismo de seguimiento de la DAVG, y las observaciones se entregaron vía correo electrónico desde el 12 de septiembre. Precisó que los medios electrónicos también son una vía institucional de comunicación, que permiten agilizar los procedimientos.
Ante la posición del gobierno de que no ha recibido nada, consideró que este es un mensaje de que las autoridades siguen en la misma tónica de retardar la aplicación de la Alerta que se emitió bajo un dictamen debidamente soportado por la Secretaría de Gobernación, y que implicaría acciones de emergencia.
En su lugar, denunció que señala a las activistas de polítizar un tema, cuando el papel de las organizaciones de la sociedad civil es señalar las deficiencias de las autoridades.
Aclaró que la declaratoria de alerta se logró gracias al movimiento feminista, “creo que sino se hubiera solicitado estuvieramos en peores condiciones, y falta otra parte, que las autoridades se responsabilicen, que el estado realice lo que le toca, esperamos que cumplan con esa responsabilidad, que se coordinen con los ayuntamientos en lugar de estar prolongado la atención del problema por más tiempo. Su actitud deja mucho qué decir de las autoridades de Guerrero”.