Migrantes del municipio de Copala exigieron a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, agilizar las investigaciones del asesinato de su paisano, el dirigente del PVEM, Jesús González Ríos.
El político, quien aspiraba a la candidatura para la presidencia municipal, fue asesinado en junio pasado, y en el escrito pidieron que en las líneas de investigación se incluya a la presidenta municipal con licencia, Guadalupe García Villalva, quien aspira a una diputación local por Morena.
En un oficio fechado el 25 de enero y firmado por representantes de migrantes radicados en Estados Unidos, Aniceto Polanco, Emilio Silva y Juan González, recuerdan que González Ríos, quien era conocido en ese municipio como Chucho Ríos, fue privado de su libertad el 28 de junio del 2023, en el centro de esa cabecera municipal, y al día siguiente fue encontrado sin vida en un paraje cercano a esa población.
“Esta situación origino una investigación en ese órgano de Procuración de Justicia, iniciándose la Carpeta de Investigación 12170700200182290623 ? 12170710100047280623”, se detalla en el escrito.
Agregan que como mexicanos y copaltecos les resulta “indignante” saber que no hay algún responsable que esté sujeto a la justicia y que no haya alguna línea de investigación en contra de la presidenta con licencia, “a quien el ahora extinto la relaciono de manera directa como responsable de la privación de su vida”.
Recuerdan que el 28 de junio de 2023, cuando ocurrió la privación de la libertad de Chucho Ríos se hizo viral un video en las redes sociales como Facebook, por medio del Diario Alternativo en el que “claramente se observa al ahora extinto dirigir un mensaje a quien corresponda, del cual, de viva voz, se escucha y señala directamente (a la entonces alcaldesa) y palabras más o palabras menos, dice: ‘hago responsable directa a Guadalupe García Villava, Presidenta Municipal, de lo que le pueda suceder a mi vida y a la de mi familia…’”.
“Pero es de mucha tristeza observar que nuestras autoridades mexicanas, siguen en el letargo de que la justicia tiene que esperar”.
Refieren que en días recientes, García Villalva hizo pública su intención de participar en el proceso electoral, buscando una diputación local, lo que, señalan, implicaría la protección del fuero constitucional, “logrando la inmunidad que bondadosamente otorgan las Leyes Mexicanas”.
Consideran que ello les resulta una actitud “perversa”, aspirar a otro cargo público, cuando está relacionada en un delito grave como es el de homicidio doloso.
Reprochan que a estas alturas no tenga la Fiscalía una línea de investigación hacia la alcaldesa, lo que generaría “sospecha hacia esa institución” de que le otorga una ventaja que sería “una clara violación al debido proceso”.
Los representantes de los migrantes expresan su exigencia a la FGE para que el caso se esclarezca y se haga justicia, también demandan celeridad en la integración de las carpetas de investigación 12170700200182290623 y 12170710100047280623.
Asimismo piden que se realicen “puntualmente” todas las gestiones necesarias para poder allegarse a la verdad, “realizando todos los actos de investigación que sean necesarios y suficientes, para que los o las responsables, sea quien sea, afronte la justicia, y que este caso no sea otro más, que engordan los archivos de esa noble institución de Procuración de Justicia”.
También piden: “A consecuencia del punto anterior, se relacione a la investigación a la C. Guadalupe García Villalva, quien no cuenta con fuero, en virtud de que se le otorgó licencia al cargo de alcalde, y pueda rendir su declaración ministerial con relación a los hechos que originaron el presente sumario”.
Asimismo, proponen: “Si fuera el caso que usted se encuentre impedida para seguir con la presente investigación, le exigimos realice ya, dentro de sus facultades y obligaciones, las gestiones que sean necesarias ante la Fiscalía General de la República, para que esta, a su vez, atraiga las indagatorias antes para su debida integración y perfeccionamiento, por estar relacionadas con la delincuencia organizada, y pueda ejercitar acción penal contra las y los responsables”.
Consideran que esto es relevante “para que no exista impunidad, ya que esto conlleva a un precedente histórico en el estado de Guerrero, en razón que nadie es impune y que la justicia se aplica caiga a quien le caiga”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).