La activista y presidenta de la Unión Campesina Emiliano Zapata-Arturo Hernández Cardona, Soledad Hernández Mena exigió que antes de que finalice el gobierno de Enrique Peña Nieto se dicte sentencia en contra de todos los detenidos por el caso Ayotzinapa y de la Unidad Popular (UP) ante el riesgo de que sean liberados el próximo año.
Reclamó que el gobierno federal en funciones, entre estos el presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, finalmente den una sentencia en contra de todos los autores materiales e intelectuales de los crímenes en contra de los normalistas de Ayotzinapa y la desaparición forzada en contra ocho activistas de la Unidad Popular (UP) y la ejecución extrajudicial de cuatro de ellos antes de que culmine su gobierno y no lo pretendan hacer a las prisas.
“Porque tal parece que ya se quieren ir y hacer una sentencia breve y apresurada para dar todas las facilidades jurídicas para todos los detenidos e involucrados con la finalidad de que salgan en libertad”, entre estos citó el caso de los policías municipales que participaron en los ataque en contra los normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de ellos, así como del mismo ex alcalde José Luis Abarca Velázquez.
Hernández Mena dio declaraciones a reporteros la tarde de ayer tras participar en las actividades conmemorativas por los 39 meses de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Señaló que los expedientes de ambos casos, Ayotzinapa y Unidad Popular, no están bien cimentados en todas sus averiguaciones “y tampoco se ve que esté dispuesto el gobierno federal a buscar por ellos mismos más pruebas de culpa en contra de las personas que ya están presas, quieren que terceras personas o inclusive las mismas víctimas, hagan el trabajo que ellos nunca han querido hacer”.
Reiteró también su exigencia de que el expediente del caso UP sea trasladado de Tamaulipas a Guerrero, “para nosotros ha sido muy difícil trasladarnos a Tamaulipas para revisar el expediente del caso Hernández Cardona, y que deben abrirnos esa posibilidad de que el expediente del caso sea trasladado a Guerrero, porque los hechos ocurrieron aquí, no somos víctimas de otro estado más que el de guerrero”.
Criticó que el gobierno federal ha puesto todas las dificultades para que como víctimas tengan acceso a la justicia, “para nosotros ha sido muy costoso tener acceso a la justicia”.