Dirigentes de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de la violencia y la violación a los derechos humanos, emplazaron este martes al gobierno del estado para que resuelva el caso de la desaparición del abogado indígena Longino Vicente Morales, quien este 22 de junio cumple cuatro años desaparecido.
También exigieron que se agoten todas las diligencias pendientes y atender las diferentes líneas de investigación que la familia propone.
Además, garantizar una adecuada atención a los familiares en los aspectos legales, sociales, psicosociales, médicos y de salud, así como medidas de protección, “que siempre le fueron negadas”, así como garantizar un mecanismo efectivo de información apropiada y de enlace con la familia.
Longino Vicente Morales es un joven del pueblo na savi del municipio de Ayutla, que con el esfuerzo de sus padres logró salir de su comunidad para estudiar en Chilpancingo, “en donde no sólo venció la barrera del idioma, sino los tratos discriminatorios de que era objeto, tanto de sus patrones como de sus mismos compañeros de la universidad”, recordó su esposa, Blandina Diéguez Castro.
Dijo que por ello se propuso defender a su pueblo. “Como abogado asumió el compromiso de reivindicar la cultura y los derechos de los pueblos originarios. Tuvo la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), y desde ese espacio abanderó las luchas de los pueblos de la Montaña y Costa Chica”.
Vicente Morales desapareció el 22 de junio de 2012, cuando entre las 9 y media y 10 de la noche salió de su domicilio para visitar a uno de sus amigos.
De regreso a su casa desapareció sin que todavía se conozca de su paradero.
“Desde aquella noche su esposa Blandina Diéguez Castro no ha parado de buscarlo y de exigir a las autoridades que investiguen su paradero. Su peor desilusión fue constatar la indiferencia de los funcionarios públicos con los que Longino trabajó. Ninguno de ellos asumió su caso para obligar a las autoridades que realizaran una investigación exhaustiva”, denunciaron ayer mediante un comunicado dirigentes de 17 organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, así como familiares de víctimas de la violencia y de violaciones a los derechos humanos.
Se responsabilizan del documento los representantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos; el Movimiento Sentimientos del Sur por el Rescate de Guerrero; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad; el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero.
Asimismo, el Comité Directivo Estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa; el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres; la Organización Campesina de la Sierra del Sur; la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero; la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero; la Universidad Pedagógica Nacional: la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Victimas de Violación a los Derechos Humanos en México; Acciones por la Paz, AC; la Unión de Transportistas Democráticos, y el Colegio de Economistas del Estado de Guerrero. Respaldan el documento, además, la esposa de Longino Vicebte Morales, Bladina Diéguez Castro, y los familiares del desaparecido; Martha Obeso Cázares, viuda del diputado del PRD asesinado, Armando Chavarría Barrera; Sofía Lorena Mendoza Martínez, viuda del dirigente de Unidad Popular, asesinado en Iguala, Arturo Hernández Cardona; Norma Mesino, hermana de la líder de la OCSS asesinada, Rocío Mesino, y Tita Radilla Martínez, hija del desaparecido en los años setentas, Rosendo Radilla.
En el documento reprochan que: “de nada le sirvió a Longino y a su familia haber sido en el 2011 coordinador de campaña en la zona mixteca del defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero, tampoco le sirvió haber sido secretario particular de Marcos Matías Alonso en la Secretaria de Asuntos Indígenas, y mucho menos hubo un gesto de solidaridad del ex diputado federal Jorge Salgado Parra, con quien trabajó en su campaña”.
El pronunciamiento agrega que sus padres, Marcos Vicente Castro y Francisca Morales Jiménez, hablantes del tuunsavi, experimentaron lo que todas las familias indígenas sufren por la pérdida de su hijo: indiferencia, engaño, maltrato, desprecio y burlas. No encontraron una autoridad que les brindara la atención adecuada. “Su sufrimiento ha sido cruento porque desconocen el estado que guarda la investigación. Optaron por regresar a Ayutla, ante la precariedad económica y el trato hostil de las autoridades”.
El documento añade que Bladina Diéguez Castro ha peregrinado durante estos cuatro años por varias dependencias, “lamentablemente su esfuerzo no ha rendido frutos, porque hasta la fecha no hay avances en la investigación”.
Recuerda que el día 11 de febrero de 2014, peritos de la Fiscalía le informaron a Bladina que habían encontrado ropa y restos óseos que presumiblemente correspondían a su esposo. “Ella reconoce que esa ropa era la que llevaba su esposo la noche que desapareció, sin embargo, no tiene certeza científica de que los restos óseos sean los de su esposo”.
Ante esta incertidumbre el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, ha solicitado al Equipo Argentino de Antropólogos Forenses su apoyo para que realice un peritaje independiente que permita tener una opinión calificada sobre los objetos y los restos óseos que supuestamente pertenecen a Longino Vicente.
Los representantes de las organizaciones y organismos civiles de derechos humanos, así como los familiares de víctimas de la violencia y violaciones a los derechos humanos, emplazaron a las autoridades del estado para que investiguen de forma adecuada la desaparición de Longino Vicente, “ante los ínfimos avances”.
También demandan que se agoten todas las diligencias pendientes y atender las diferentes líneas de investigación que la familia propone. Así como garantizar una adecuada atención a los familiares en los aspectos legales, sociales, psicosociales, médicos y de salud, además de las medidas de protección, “que siempre le fueron negadas”.
Finalmente demandan garantizar un mecanismo efectivo de información apropiada y de enlace con la familia de Longino Vicente.