Organizaciones sociales, magisteriales e internacionales exigieron la liberación de los 31 detenidos el 7 de enero pasado en el poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, así como el cese de la represión y hostigamiento contra el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
En un comunicado firmado por la CETEG de la Montaña alta, el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña, el Frente Popular de Tlapa (FPT), la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos en La Montaña (Frecoddec) y el Colectivo el Grito, condenaron la agresión que sufrieron los policías comunitarios del Comité de Enlace de la CRAC-PC con sede en Cacahuatepec, a mano de los militares y policías del Estado.
Lamentaron los hechos que se asemejan a los de 2013 con la Casa de Justicia de la CRAC-PC en la comunidad de El Paraíso, en Ayutla con el gobierno fallido de Ángel Aguirre Rivero, cuando se ajustició y se encarceló a las personas que ejercían sus sistemas normativos indígenas y se defendían de la delincuencia organizada.
Agregaron que con eso, el gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo Flores sigue la tradición represora y criminal en complicidad con el gobierno federal, que asesina a policías comunitarios que procuran seguridad y justicia ante la violencia generalizada y el narco-estado.

Pretenden las autoridades desarmar a las policías comunitarias y militarizar al estado, advierte la CETEG

En conferencia de prensa en Chilpancingo, los integrantes de la Comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Norberto Morales Rodríguez, de la Montaña baja; Freddy Gutiérrez Mayo, de la región Centro; Gerardo Parra Jerónimo, de la Montaña alta; y Crescenciano Gallardo Sánchez, de la Costa Grande, advirtieron que las autoridades pretenden desarmar a las policías comunitarias y militarizar el estado; además, condenaron los hechos en La Concepción y la represión a reporteros de El Sur y La Jornada.
Gallardo Sánchez dijo que “es evidente” que en este año la agitación política será mayor, dado que los políticos y empresarios “están llegando como lo que son, como personas voraces, que solamente están viendo por sus propios intereses”, además de que están “preparando terreno para lo que se viene”, en referencia al proceso electoral.
“Creemos que, de lo que se trata es de crear un clima de miedo y de confusión para que la gente que ha manifestado ya de una u otra manera su intención del voto, en el momento de las elecciones pueda tener ese temor y no acudir, y como consecuencia directa imponer al candidato que la oligarquía quiere”, expresó.
Pide el MPG la liberación de Marco Antonio y Vicente Suástegui porque no son asesinos como los acusa el gobierno

Por otro lado, en conferencia de prensa en Acapulco, el representante del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), Víctor Flores Flores pidió al gobierno estatal la liberación del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz y de su hermano Vicente, porque no son asesinos como los acusa el estado.
Ante la movilización de pobladores que piden que no salga de la cárcel Suástegui, respondió que “ahí hay mano negra, porque ellos saben que no fue el compañero que mando a traer el Ejército, ahí está un poco difícil de convencer porque mucha gente fue comprada, ya lo vimos en la primera etapa, cuando fue encarcelado, los mismo que se prestaron a ese juego sucio son los mismos que están repitiendo”.

Demanda una investigación efectiva el Observatorio para la Protección de los defensores de Derechos Humanos

Asimismo, también en un comunicado, el Observatorio para la Protección de los defensores de Derechos Humanos –un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)–, exigió que “se inicie inmediatamente una investigación efectiva sobre los hechos acaecidos el 7 de enero, así como un llamamiento a que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de todas las personas detenidas, y particularmente la del Sr. Marco Antonio Suástegui Muñoz, habida cuenta de los ataques que ha sufrido en el pasado”.
Además pidió llevar a cabo una investigación “inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial” en torno a estos hechos, con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal “competente, independiente, justo e imparcial”, para que les sean aplicadas las sanciones penales, civiles o administrativas previstas por la ley.
Instó a tomar acciones urgentes en concertación con la sociedad civil para hacer frente a la grave crisis de derechos humanos en Guerrero, a través del establecimiento de garantías para la defensa de derechos humanos; asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, y de manera general garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, de acuerdo con las normas internacionales ratificadas por México.

Reprueba el STAUAG la irrupción de las fuerzas policiacas “a territorio comunitario”

En un comunicado, el Comité Ejecutivo Central (CEC) del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) condenó la irrupción “de las fuerzas policiacas Estatales, Federales y Ministeriales a territorio comunitario”.
“Con base a la información de la que disponemos, responsabilizamos al gobierno en sus tres niveles de lo ocurrido y de lo que pueda pasar, de acuerdo a las características de los hechos en contra de una de las organizaciones sociales más emblemáticas del Estado de Guerrero, que se han opuesto durante más de 10 años a la construcción de la presa La Parota”, expresó. También exigió la liberación inmediata de los detenidos y el esclarecimiento de los hechos.